La Corte Penal Internacional o el fantasma de Betancourt

Las víctimas, la resistencia democrática y quienes desde el exterior se interesan por ese país que se va deshaciendo llevaban años intentando llevar a la dictadura de Nicolás Maduro (y antes a la de Hugo Chávez) ante un tribunal internacional. Conscientes de que no hay, dentro del país, forma de sancionar a los autores de horrendos crímenes de Estado contra innumerables ciudadanos, no les quedaba otra opción que "externalizar" la justicia para castigar a los perpetradores de matanzas, torturas y hambrunas bajo el chavismo.

Ahora, esto será posible. Será posible, quiero decir, a menos que, en un giro asombroso, el tribunal internacional ante el cual seis países harán esta misma semana una denuncia oficial contra Caracas decida que no hay lugar a una imputación porque los actos materia de la denuncia no corresponden a las categorías de crímenes juzgables por esa instancia o que, aun si corresponden, no hay pruebas suficientes. Nadie en sus cabales prevé semejante desenlace; estamos, ahora sí, ante una alta probabilidad de que Maduro y sus compinches sean sentenciados, luego de un proceso que conllevará las investigaciones de rigor, la imputación formal y el juicio, a largas penas de cárcel por asesinar, torturar y privar de medios de subsistencia a tantos compatriotas suyos.

El factor clave es que seis gobiernos han tomado la decisión de denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional, esa creación de la ONU que tiene sede en La Haya y nació del Estatuto de Roma que vio la luz hace dos décadas. Se trata de Colombia (el gran instigador de esta acción legal), Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá (este último se sumó poco después de que se anunciara que los cinco anteriores habían decidido proceder). ¿Por qué es esto importante? Esencialmente, porque hasta ahora no había habido participación de ningún Estado en las distintas acciones emprendidas ante la CPI, solo grupos de víctimas, parlamentarios y organismos de la sociedad civil secundados por informes de organismos internacionales. Por abundante que fuera la información que estos actores proveyeran al tribunal (y lo fue), no servía de mucho: sus denuncias no representan una de las tres vías por las cuales, según el reglamento, se puede iniciar una acción formal en la CPI. Para iniciar un proceso, solo son formalmente válidas las iniciativas ante la CPI de la propia fiscalía del organismo, del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados miembros. Lo que las víctimas, sus representantes y defensores sí podían hacer, y lo hicieron, era tratar de sensibilizar con sus informes a la fiscal Fatou Bensouda con la intención de que ella, que está facultada para eso, tomara la iniciativa de hacer una investigación preliminar y acudir luego a la Sala de Cuestiones Previas a fin de obtener la luz verde para actuar contra Maduro. Pero la fiscal nunca lo hizo y mientras no intervinieran los gobiernos, no había esperanzas realistas de que lo hiciera.

La importancia de que -por fin- estén planteando la denuncia los Estados vecinos reside en las implicaciones desde el punto de vista procesal: cuando son Estados los que presentan la denuncia, la fiscalía no tiene que pasar por la Sala de Cuestiones Previas y puede proceder directamente a abrir el caso, incluso ordenando detenciones si cree que son necesarias en el curso de la investigación para reunir el material que permita presentar los cargos formales.

Nunca en la historia de la CPI un Estado había denunciado a otro. Esto añade al caso venezolano una gravedad y urgencia frente al cual los jueces del tribunal en el que la fiscalía deberá presentar los cargos no podrán ser insensibles. La presión moral y jurídica que gravitará sobre la CPI desde el miércoles que viene, cuando los seis países hagan la denuncia formal, será enorme. El impacto publicitario mundial, también.

Los denunciantes vienen acompañados, además, por informes muy bien elaborados de fuentes internacionales serias. Uno es del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el otro es de la Organización de Estados Americanos, que llevó a cabo una serie de audiencias con la participación destacada de un exfiscal de la CPI, alguien, por tanto, muy familiarizado con los conceptos jurídicos y la jurisprudencia de esta instancia de La Haya.

Es cierto que la CPI suele tener un ritmo muy lento (buena prueba de ello es que la fiscal Bensouda dejó que la información que obra en su poder durmiera el sueño de los justos), pero aún así se han llevado a cabo 24 procesos en su relativamente corta existencia y muchos de ellos han terminado en sentencias contra los culpables. Aunque no hay, estrictamente hablando, una forma inmediata de ejecutar una sentencia, pues la CPI juzga casos que ocurren en otros países y depende para su aplicación de las autoridades locales, arrastrar una condena internacional de una instancia respetada del marco jurídico internacional supone para cualquier tirano como Maduro la casi seguridad de terminar entre rejas más temprano que tarde. También, desde luego, la imposibilidad de desplazarse a ninguna parte sin arriesgarse a ser apresado. Para no hablar de la cobertura que una condena de esta naturaleza otorgará a quienes dentro y fuera de Venezuela luchan desde hace tanto tiempo por el derrocamiento de la dictadura.

Un invitado invisible en este proceso será Estados Unidos. Como es sabido, pertenece a ese club pequeño de países que no suscriben el Estatuto de Roma y no aceptan la jurisdicción de la CPI (Venezuela, en cambio, sí). ¿Ayuda o entorpece la causa contra Maduro la postura de Estados Unidos? En principio, que Estados Unidos no sea parte de la CPI implica que, a diferencia de Canadá, no puede sumarse a la denuncia ni participar activamente. La ONU, sin embargo, quiere que Washington se allane a suscribir el Estatuto de Roma, con lo cual podría darse el hecho de que, en el cálculo diplomático que los tribunales de La Haya suelen introducir en sus procesos por estar bajo el paraguas de esa organización mundial, condenar a Maduro resulte, además de justo, una forma de hacer más apetecible para Washington la aceptación de la jurisdicción de esa corte. Pero también podría suceder lo contrario. Como Trump no ha querido hasta ahora descartar una intervención militar en Venezuela, el tribunal podría juzgar que una condena contra Maduro y compañía por crímenes contra la humanidad daría una cobertura política, diplomática y jurídica a una intervención militar de Washington. No olvidemos que la doctrina de la ONU basada en "la responsabilidad de proteger" por razones humanitarias ya existe.

En cualquier caso, las consideraciones diplomáticas y políticas de la CPI no pueden (no deberían) tener más peso que el de la abundancia de pruebas que implican a un régimen que ha violado los derechos humanos de forma sistemática. Esa política de Estado se ha aplicado a través de una cadena de mando que arranca desde la máxima instancia del poder e involucra a una vasta red de actores que van desde policías, militares y guardias nacionales hasta milicias paramilitares. No son hechos aislados sino un diseño de Estado. Que una condena contra los autores de estas atrocidades pueda o no ser utilizada por uno o más países de la comunidad internacional para intervenir en Venezuela no debe distraer a la CPI de su obligación, en tanto que tribunal ceñido al Estatuto de Roma, de juzgar y sentenciar crímenes contra la humanidad (ya que no, en el caso venezolano, estrictamente hablando, genocidio o crímenes de guerra).

La decisión de los cinco países latinoamericanos y Canadá de actuar ante la CPI tiene mucho que ver con la crisis creada por los cientos de miles de venezolanos que han sido expulsados de su país por el hambre y la violencia, y se han instalado en países vecinos. Una crisis seguida de muy cerca por la propia ONU: es el Acnur, que forma parte de ese organismo mundial, el que ha dado la cifra oficial de cuántos ciudadanos han salido de Venezuela desde 2014 y cuántos están inscritos en sus países de destino (esa cifra no abarca a los muchos que no están inscritos, por tanto el número total es mucho más abultado). Estados Unidos, por boca de Trump, invocó este asunto en sus contactos con la prensa en la ONU esta semana, con motivo de la Asamblea General, para pedir que los militares venezolanos saquen del poder a Maduro y para aplicar nuevas sanciones diplomáticas y financieras contra su mujer, Cilia Flores ("la primera combatiente"), la vicepresidenta, dos ministros y muchos colaboradores más. Todos estos elementos se concatenan para hacer de Venezuela un "caso" internacional. Que derive hacia la CPI es perfectamente lógico.

Se han quejado algunos países africanos a lo largo de los últimos años de que las causas abiertas por la CPI se han cebado en ese continente. Es cierto que muchas causas han tenido que ver con África, porque allí han radicado los crímenes juzgados. Pero la CPI también se ha ocupado de Asia y el Medio Oriente. En cambio, nunca, hasta ahora, de América Latina. Que por primera vez lo vaya a hacer, podría tener un efecto disuasorio, en el futuro, para el surgimiento de caudillos autoritarios en esta parte del globo. También puede dar armas a los gobiernos latinoamericanos para actuar contra futuras tiranías del vecindario, en vista de que los mecanismos regionales no han servido, en la práctica, ni para prevenir ni para castigar a los dictadores de hoy.

Dos palabras, a modo de colofón, para felicitar al Presidente Iván Duque. Antes de que ganara las elecciones, me tocó oírlo decir en privado, en un par de ocasiones, que una de las primeras cosas que haría, si llegaba al poder, sería hablar con sus colegas (mencionó específicamente a Argentina y Chile) para presentar una denuncia ante la CPI de forma conjunta. Prometió que, si no lograba que otros lo secundaran, Bogotá actuaría por su cuenta. Me alegro de que su liderazgo haya sido capaz de darle a esta denuncia una amplitud regional que permita sustraerla del ámbito, siempre espinoso y cargado de ideología, de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela.

Esta denuncia debió ocurrir hace mucho tiempo. América Latina llega tarde a su responsabilidad con Venezuela. Hoy, ante la llegada a sus costas de tantos náufragos del hundimiento de esa nave, han despertado a la realidad y decidido que las violaciones a los derechos humanos del vecino ya no son solo un asunto del vecino. Con ello, resucitan a Rómulo Betancourt, el mítico Presidente venezolano que en 1959, en su discurso inaugural, dijo que "regímenes que no respeten los derechos humanos… deben ser sometidos a un riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional". En buena hora. R