Claudio Alvarado: "Si los alcaldes dicen que puede existir una dificultad en las elecciones a gobernadores, hay que ponerles atención"

Hasta su oficina en La Moneda llegaron ayer alcaldes de la Asociación Chilena de Municipales, instancia en la que le plantearon directamente la preocupación que tienen respecto a la realización de las elecciones de gobernadores regionales, fijadas para octubre de año. Y le advirtieron, según informó La Tercera, que no están las condiciones para concretar los comicios este año. El subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Claudio Alvarado, escuchó con atención y tomó nota.

En esta entrevista, si bien recalca que están trabajando para cumplir con todos los requerimientos de la ley vigente para realizar las elecciones, muestra apertura para postergarlas, señalando que hay que escuchar el planteamiento de los jefes comunales, pero que también se tienen que pronunciar otros actores políticos y que, posteriormente, tomarán una definición como Ejecutivo.

De todas formas, afirma que la actual normativa es insuficiente y que, por lo mismo, en marzo enviarán los proyectos de ley comprometidos para mejorar las atribuciones de las nuevas autoridades regionales. Eso sí, reconoce que el proceso constituyente en curso es un tema a considerar. "Sin lugar a dudas, puede afectar el proceso de regionalización con las normas vigentes", dice.

Alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades adviertieron que no están las condiciones para realizar este año las elecciones de gobernadores regionales. El tema se lo plantearon a usted. ¿Hay margen para postergar los comicios?

En primer lugar, aclarar que este fue uno de los tantos temas que tratamos en la reunión de ayer, donde también se les explicó a los alcaldes las consideraciones que tiene el gobierno respecto a la propuesta del fondo común municipal, temas de modernización municipal. Y ellos me plantearon que venían de una reunión de directorio donde habían reflexionado sobre esta materia y lo explicitaron. La reflexión de los alcaldes es interesante y legítima. que da cuenta de una preocupación de quienes están día a día con los vecinos. En consecuencia, si los alcaldes hacen esta reflexión y colocan una luz de alerta sobre un proceso que está en desarrollo, creo que hay que mirar con atención cuáles son los fundamentos, cuál es el razonamiento que está detrás y, posteriormente, ver cómo seguir en esta línea.

Dentro de los argumentos que los alcaldes transmiten para no llevar adelante los comicios son los altos costos que significa la implementación del proceso, la falta de atribuciones de las nuevas autoridades y, sobre todo, que esté en curso un debate constitucional que podría cambiar la forma en que se aborda la regionalización y descentralización. ¿Estos fundamentos, a su juicio, justificarían una postergación de las elecciones?

Yo quiero separar dos cosas. Primero, el carácter técnico del proceso de regionalización y consideraciones de carácter político. Desde el punto de vista técnico, lo que estamos haciendo como gobierno a través de la Subdere es cumplir con el mandato del legislador, y ese mandato es implementar la ley. Y en la implementación de la ley ya se identificaron las 15 competencias a transferir por parte del Ministerio de la Vivienda, de Transporte, Corfo, Fosis y Sercotec. El Presidente, el mes de noviembre pasado, firmó la instrucción para la transferencia de competencias, por lo tanto, desde esa fecha, finales de noviembre, los servicios y ministerios tienen seis meses para transferir efectivamente esas competencias a los gobiernos regionales. Por otra parte, nosotros tenemos que dictar siete reglamentos. De esos reglamentos, dos están totalmente tramitados en la Contraloría, hay otros cuatro que están en proceso de firma para ingresarlos a la Contraloría y, finalmente, un reglamento que ya estaría listo y con todos los procedimientos internos y comités interministeriales para ingresarlo en el mes de marzo.

Están cumplimiento con plazos…

Para la implementación de la ley estamos cumpliendo en tiempo y forma. Y, de desarrollarse las elecciones, los gobernadores van a tener las herramientas suficientes y necesarias que la ley estableció para ejercer su cargo. Ahora, desde el punto de vista político surgen todas estas consideraciones que señalan los alcaldes. Y, en ese sentido, seguramente hay otros actores políticos que van a manifestar o tienen opinión sobre este tema. Pero nuestra preocupación central es cumplir con lo que nos mandata la ley hasta que el legislador no diga otra cosa.

Usted dice que han cumplido con todos los procesos, sin embargo, había un compromiso de enviar una ley corta para mejorar la actual normativa. De hecho, hubo una comisión técnica que hizo propuestas y aún no se ha concretada nada. ¿Eso lo impulsarán?

En octubre se entregaron estas conclusiones de la mesa técnica que dan cuenta de una realidad: que la estructura legal que tenemos hoy día es débil, en consecuencia, hacen una serie de recomendaciones para perfeccionarla. Y es tan débil que la ley actual de descentralización ni siquiera define qué es una competencia. En consecuencia, se generan múltiples problemas y dificultades, por ejemplo, Obras Públicas que era uno de los ministerios que inicialmente iba a transferir competencias no se pudo hacer porque muchas de sus acciones son a través de programas presupuestarios y la ley nada decía al respecto. Entonces, hoy día el gobierno regional no va a poder ni siquiera decir si arreglar o no un camino porque no se le puede transferir una competencia. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que primero tenemos una debilidad en el concepto de lo que se entiende por competencia. En segundo lugar, nada dice la ley a cómo evaluar estas competencias que se transfieren, por lo tanto, hay que establecer un mecanismo entre el Ministerio de Hacienda, Subdere, el ministerio que entrega esa competencia. Tenemos que trabajar también una ley de financiamiento regional que genere una serie de elementos respecto a la responsabilidad fiscal y normas de flexibilidad presupuestaria que se está trabajando en Hacienda y que se va a ingresar en el mes de marzo. La ley dice que los gobernadores regionales son objetos de acusación constitucional, pero nada dice respecto a las causales que se les puede acusar. Tenemos debilidades en las funciones o atribuciones que se topan en algunos casos entre el delegado presidencial y el gobernador regional. En consecuencia, diferentes mesas de trabajo han señalado que la legislación actual hay que perfeccionarla. Por lo tanto, nosotros acogemos esos planteamientos e internamente estamos en un arduo trabajo y esperamos en marzo ingresar los proyectos al Congreso.

¿En cuántos proyectos de ley se traduciría esto?

Yo creo que la mejor forma de abordarlo sería, por un lado, la ley de financiamiento regional y, por otro, con todas las materias que hay que fortalecer de la legislación actual.

Si se ingresan en marzo los proyectos, en el escenario actual con el Congreso copado con la agenda social, de seguridad, económica y tema constitucional entre medio, ¿alcanzan los plazos legislativos para sacar estas iniciativas si es que siguen en pie las elecciones?

Aquí también es fundamental la actitud que tenga el Parlamento. Hoy día nos encontramos con una ley que es de público conocimiento que tiene debilidades. Nosotros manifestamos nuestra intención de perfeccionarla, recogiendo las inquietudes que nos formularon las mesas técnicas o los parlamentarios regionalistas o instituciones académicas. Pero si queremos una buena ley y que la institucionalidad funcione, indudablemente que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esa nueva legislación complementaria esté antes del mes de octubre. Aquí lo que no puede pasar es que se genere una expectativa respecto a descentralización que posteriormente en la práctica frustre esas expectativas porque no están las atribuciones o no está el financiamiento adecuado. En consecuencia, acá tenemos que ser muy cuidadosos de cómo enfrentamos este proceso. Como gobierno nosotros hemos sido extremadamente serios en orden a que en tiempo y forma y de manera oportuna cumplamos con el mandato que el legislador nos entregó, y lo vamos a hacer bien. Y, en segundo lugar, en este proceso de complemento, fortalecimiento y  mejoramiento de la legislación vigente también vamos a plantear nuestras iniciativas en el mes de marzo y será el Parlamento el que soberanamente decidirá si acoge nuestras propuestas, que pueden ser complementadas con el mundo parlamentario, académicos, en los plazos que se requieren para que este proceso se desarrolle de la mejor forma.

En resumen, usted decía que la postura de los alcaldes era un planteamiento que había que escuchar. La ministra Rubilar dijo hoy en radio Duna que no tenían postura fijada respecto a si postergar las elecciones. ¿Hay apertura del gobierno para postergarlas?

Yo quiero ser categórico en esto: hoy el gobierno está por cumplir el mandato de la ley, que es implementarla, y eso es lo cual hoy día estamos trabajando y procuramos que salga de la mejor manera posible. Sin lugar a dudas, aquí hay opiniones diversas sobre la necesidad de efectuar este proceso, si es conveniente hacerlo o no en esta situación. Estas opiniones fundadas hay que ponerle atención, hay que escucharlas y, en su minuto, evaluaremos y veremos. Aquí no es solo la opinión de los alcaldes, el gobierno, hay otros actores políticos: regiones, Parlamento. Por eso yo hacía la distinción. Todos sabemos que la ley es insuficiente y el gobierno lo que va a hacer es ingresar elementos que complementen la legislación actual. Y, lo otro, es desde el punto de vista político que se tiene que generar un debate sobre las elecciones a gobernadores y resolveremos en su oportunidad.

¿Pero hay apertura a postergar las elecciones?

El gobierno lo que hace es escuchar a la ciudadanía y qué mejor que escucharla a través de los alcaldes que son las personas que están en contacto directo con los vecinos. Y si los alcaldes, que son organismos descentralizados por excelencia, dicen que puede existir una dificultad en las elecciones a gobernadores, indudablemente hay que ponerles atención. Eso significa escuchar, procesar y posteriormente definir.

¿Y cuándo lo definirán?

Insisto, a nosotros nos corresponde escuchar opiniones, recibirlas, cotejarlas, dar la nuestra y definir.

En el oficialismo dicen, en privado, que una gran mayoría quiere postergar las elecciones, pero que nadie se atreve a decirlo en voz alta por temor al rechazo ciudadano. ¿Hay temor en La Moneda con fijar una postura?

Esto es un debate que se inicia hoy públicamente y que es una reflexión de los alcaldes y que tengo entendido ellos van a formalizar sus razones a través de un documento. En consecuencia, siempre lo que hay que hacer es tomar las mejores decisiones, y eso pasa por revisar las materias que están planteando. Lo que le interesa a la ciudadanía es que, si hay un proceso de descentralización administrativa, con elección de gobernadores regionales, sea un proceso que la ciudadanía diga que sirve, que soluciona los problemas. Si existen dudas, indudablemente hay que darle una mirada.

En las condiciones actuales, sin cambios en la normativa, ¿sería conveniente realizar las elecciones?

Con la ley que existe, de acuerdo a esa estructura, el gobierno está cumpliendo para que el proceso resulte...

Pero no sería lo óptimo...

La ley pudo haber sido mejor, y en eso no hay dos opiniones. Estamos en un proceso de análisis de las conclusiones de la mesa técnica y ese trabajo queremos plasmarlo en iniciativas legislativas para mejorar lo que existe.

A su juicio, ¿es conveniente realizar elecciones de gobernadores en medio de un proceso constituyente que podría terminar cambiando el sistema de descentralización y regionalización?

Bueno, ese es una variable en la cual pueden existir opiniones a favor o en contra, pero en definitiva a lo que nosotros nos corresponde es cumplir con el mandato del legislador. Y el mandato del legislador es implementar el proceso de regionalización.

Pero más allá de eso, ¿es conveniente?

Hoy día al comenzarse a trabajar en un perfeccionamiento de las normas constitucionales puede darse que el proceso de regionalización vaya mucho más allá de lo que actualmente existe en la legislación vigente o suceder lo contrario, que sea más acotado. Cuando existen esas incertidumbres y un proceso institucional que se va a llevar a cabo puede, sin lugar a dudas, puede afectar el proceso de regionalización con las normas vigentes.

¿Les preocupa el factor económico? Teniendo en consideración que por la agenda social se ha tenido que aumentar el gasto público.

Está contemplado en la Ley de Presupuesto la implementación de la ley. Los recursos están disponibles para eso. Podrán existir opiniones sobre si es adecuado invertirlos ahí o hacer otras cosas, pero es una materia que no nos compete por ahora, porque nuestra obligación y mandato es cumplir con la obligación de la ley.

Usted dice que seguirán trabajando para cumplir con las elecciones hasta que los legisladores digan lo contrario. ¿Esperan un pronunciamiento del Congreso?

Yo creo que ningún actor político es indiferente a este tema. En consecuencia, en las próximas horas van a surgir opiniones avalando lo que señalan los alcaldes, entregándose nuevos argumentos u otros diciendo explícitamente que el proceso debe mantenerse. Aquí lo importante es que todos los actores políticos tengamos claro que es un proceso demasiado claro para las regiones en donde no nos podemos equivocar y tenemos que ser garantes que el proceso resulte de la mejor manera posible.

¿Están disponibles para llegar a un acuerdo para suspender las elecciones?

Lo que nosotros pretendemos es que el proceso de regionalización tenga el mejor resultado posible para quienes viven en las regiones. Hoy día tenemos la opinión de los alcaldes y esperaremos cómo esto avanza y definiremos como gobierno nuestra postura.

Hay quienes dicen que se quieren postergar las elecciones porque no tienen nombres para candidatos. ¿Les inquieta este factor?

Es un tema que se tienen que pronunciar los partidos políticos, porque mi rol es implementar la ley.

Pero es un factor relevante para el gobierno ganar las elecciones...

Las consideraciones electorales es una materia que compete a los partidos.