La “paz armada” de la DC: las hostilidades que tienen al partido al borde de la guerra civil

Un plazo de 10 días dará la directiva de la Democracia Cristiana para que sus militantes regularicen rendiciones de gastos partidarios pendientes y otras situaciones que afectaron patrimonialmente a la colectividad.

En caso contrario, la mesa -que preside el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, junto a la vicepresidenta y senadora Yasna Provoste- iniciará las acciones administrativas y judiciales, incluyendo demandas civiles, querellas y denuncias por eventuales delitos ante el Ministerio Público, tal como lo instruyó el Tribunal Supremo (TS) de la colectividad en una resolución que se dio a conocer el martes pasado.

“Vamos a hacer lo que corresponde y no le vamos a hacer el quite. Separaremos sí la paja del trigo y (los militantes) tendrán un plazo de 10 días y algunas cosas se van a aclarar, porque son montos menores. No obstante, si está en cuestión, por ejemplo, la venta de una propiedad, esas cosas van a tener las acciones que correspondan”, explicó la secretaria nacional de la DC, Cecilia Valdés.

Para algunos dirigentes, las medidas extremas obedecen a la “delicada situación financiera” que vive la tienda, según el mismo TS, luego de que el Servicio Electoral (Servel) detectara irregularidades en la contabilidad durante la presidencia partidaria de Fuad Chahin, específicamente en el año 2020. Ello derivó en que el Servel congelara los aportes fiscales al partido. De hecho, desde fines del año pasado, la tienda ha incurrido en el incumplimiento de sueldos a funcionarios y pagos a prestadores de servicios.

Sin embargo, para otros dirigentes, la resolución del Tribunal Supremo -que apuntó explícitamente a la antigua directiva de Chahin- es el inicio de una persecución a militantes que no son parte de la línea oficial de la colectividad, que hoy está más cercana a la izquierda. Por lo tanto, es altamente probable que la facción disidente (conformada por sectores tradicionales del partido) no ofrezca la otra mejilla y la respuesta se traduzca en una contraofensiva judicial.

La primera advertencia de ello fue un comunicado emitido el miércoles, firmado por 39 militantes de la actual disidencia -donde se contaban los senadores Ximena Rincón y Matías Walker y los diputados Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto, además de Chahin-, en el que piden la renuncia de todo el Tribunal Supremo. ¿La razón? En su resolución, aparentemente por error, el TS puso una lista de militantes contra quienes debían dirigirse las acciones administrativas y judiciales. El problema, según se puede leer en el último informe del Servel, es que la nómina detallaba a personas que sí rindieron adecuadamente al menos una parte de sus gastos partidarios.

“El listado comprende no sólo figuras nacionales, sino también militantes de base o comprometidos con la historia partidaria y que quedan totalmente expuestos a esta oscura acción del organismo partidario”, dice el comunicado.

“Publicar una resolución, donde se señala que deben iniciarse acciones penales y administrativas contra un grupo de militantes invocando una lista por error, con publicidad, dañando su imagen. Y luego no disculparse y no aclarar si esta conducta es avalada por el presidente del partido, es una persecución”, comentó la diputada Pérez.

El guante lo recogió la directiva que encabeza Delpin, la que en una declaración pública exigió al TS “asumir la responsabilidad que le corresponde como órgano autónomo, y rectificar de ser necesario, el error que se le imputa en su oficio donde estaría nominando injustamente a ciertos camaradas que no habrían rendido debidamente sus gastos con fondos Servel”.

Si bien los pasados comicios internos fueron conflictivos -de hecho, culminaron con acusaciones de fraude, que no prosperaron-, el partido había entrado en una suerte de tregua en vista de la fragilidad política -que se sumaba a la financiera- tras las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Su candidata a La Moneda, Yasna Provoste, había llegado en quinto lugar y el partido había perdido 354 mil votos en la elección de diputados. A fines de 2021, además, algunos militantes históricos, como el exministro Genaro Arriagada, renunciaron a la colectividad, lo que alertaba del riesgo de un desfonde mayor.

Sin embargo, esa fuga de militantes logró contenerse y la primera señal de la tregua fue la decisión de la bancada de senadores DC de postular a la presidencia de la Cámara Alta a Francisco Huenchumilla, otra de las figuras que estuvo al borde de renunciar.

Ese acuerdo, que además resolvía los años de jefatura del comité DC y fijaba un plan estratégico, dependía en gran medida de que las senadoras Rincón y Provoste hicieran las paces o al menos disminuyeran su rivalidad. El antagonismo entre ambas abanderadas de las principales facciones dentro del partido se había acentuado desde la carrera presidencial de 2021.

Al quedar fuera del gobierno, la apuesta de los senadores DC era actuar unidos para tratar de influir desde el Congreso. El mismo modelo siguieron los diputados democratacristianos, que hoy son liderados por el exgobernador Eric Aedo. No obstante, el diseño comenzó a resquebrajarse en las últimas semanas por la tensión interna y la inminente decisión que deberá tomar la DC frente al plebiscito de salida, que se realizará el 4 de septiembre.

Además de Provoste, que ya había expresado su postura a favor del Apruebo, Huenchumilla emitió el sábado una declaración en la que cuestionó el “plan b” que había comenzado a ofrecer la derecha como alternativa si triunfa el Rechazo.

La respuesta fue inmediata. Rincón y Walker -quienes son críticos del borrador constitucional- anunciaron una reforma para rebajar el quórum de la actual Carta Fundamental. Era la primera jugada que materializaba el llamado “plan b” al proceso constituyente. Al día siguiente, Huenchumilla dijo que la propuesta “no me convence”, porque le hacía el juego a la derecha.

En ese caso, la DC había dejado de actuar unida.

Por su parte, la resolución del Tribunal Supremo del partido solo añadió más combustible a la incipiente hoguera.

En el partido comentan, incluso, que el TS tenía tomada esta decisión de instruir acciones hace meses, pero la resolución se retrasó exclusivamente porque uno de los principales afectados sería Chahin, quien hoy es el único convencional que tiene el partido. Y una ofensiva en tribunales en su contra, lo exponía a que perdiera su cargo de representación. Sin embargo, a solo semanas de que culmine el trabajo de la Convención, ese resguardo ya no era necesario.

No obstante, detrás no solo están las acusaciones cruzadas por irregularidades, en las que Delpin también tiene un flanco abierto por la Contraloría, que descubrió que cuatro funcionarios prestaron servicios de manera simultánea a tiempo completo en cinco municipios. Además, está en juego cuál será el camino estratégico que tomará la colectividad, donde su primera definición será apoyar el Apruebo o el Rechazo.

El empate técnico en la bancada de senadores, con dos a favor (Huenchumilla y Provoste), dos inclinados a rechazar (Rincón y Walker) y uno en posición neutral (Iván Flores), podría ser un anticipo de la división milimétrica que enfrentará la Falange. En el caso de los diputados, también se está empezando a configurar un fraccionamiento exacto con cuatro legisladores partidarios de la directiva de Delpin (por ende, inclinados al Apruebo) y otros cuatro cercanos a la disidencia (que tiende hacia el Rechazo).

Por ello, esta definición será más difícil que el acuerdo de la junta nacional de noviembre de 2021. En esa ocasión, el voto político zanjó el apoyo a Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial. Si bien hubo militantes que desafiaron la decisión de la junta nacional -la máxima instancia partidaria-, la sanción que adoptó el Tribual Supremo fue la expulsión.