Más de $ 144 millones en “gastos operacionales” y “recursos humanos”: por qué el CDE tiene en la mira a Democracia Viva

Los cuestionamientos a Democracia Viva -primera fundación que comenzó a ser investigada en el marco del caso lío de platas- no cesan. Y es que además de la investigación penal que lleva en su contra el Ministerio Público, por vía administrativa siguen surgiendo antecedentes que complican a la ONG liderada por la expareja de la diputada Catalina Pérez, el ex RD Daniel Andrade.

Esto, porque como han constatado profesionales del Serviu de Antofagasta en medio del proceso donde se le exige a la entidad devolver gran parte de los recursos que se le transfirieron por tres convenios, destinaron un porcentaje importante del presupuesto total en ítems que no correspondía, lo que también encendió las alarmas en el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Por los tres convenios para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en campamentos y de “diagnóstico socio territoriales”, Democracia Viva recibió $ 426 millones, pero de acuerdo con las pesquisas realizadas por los profesionales de la cartera lidera por Carlos Montes -y de acuerdo con documentos que pudo revisar La Tercera- destinaron el 34%, o sea $ 144.325.000, para “gastos operacionales y recursos humanos”.

Y eso, como relevaron los funcionarios a través de un memorándum elaborado por la encargada del programa asentamientos precarios del Serviu de Antofagasta, “va en desmedro del cumplimiento de la convención”.

Consultados al respecto, desde Vivienda indicaron: “En relación con las objeciones en gastos operacionales y de recurso humano, estas se basan en los informes técnicos elaborados por el Programa de Asentamientos Precarios, en orden a que, dada la naturaleza del proyecto (habitabilidad primaria), el porcentaje destinado a esos dos ítems se determinó alto en comparación a los gastos de inversión en obras”.

Conforme al detalle, esos gastos improcedentes se registraron en el marco del convenio referente al campamento EcuaChilePe, mediante el cual se adjudicaron $ 200 millones, y también en el que dice relación con el campamento Irarrazabal I, por el cual recibieron $ 170 millones. Del primero, destinaron un 41,69%, $ 83.380.000, a los reprochados ítems, y del segundo destinaron un 35,85%, o sea $ 60.945.000.

Si bien La Tercera pidió mayores antecedentes respecto del destino final de esos recursos, desde el Ejecutivo indicaron que, por tratarse de información que está siendo evaluada en medio de un proceso judicial, no es posible dar a conocer el desglose.

Lo anterior, tal como se esbozó por parte del organismo ante el 1° Juzgado Civil de Antofagasta, sería parte esencial de la demanda civil que elaboró el CDE con miras a que Democracia Viva restituya el 100% de los fondos que Vivienda le reclama, y que sería ingresada en las próximas horas.

Ahí se haría presente, además, que en medio de la revisión de antecedentes, la citada fundación tampoco cumplió con una dotación de profesionales no inferior al 50% con residencia en Antofagasta, pues se evidenció que sólo un 25% de los profesionales informados por la entidad contaba con residencia en la ciudad.

Las irregularidades detectadas, además, incluyen que, respecto de dos convenios, Democracia Viva registró retrasos en las rendiciones de gastos que mensualmente estaban obligados a realizar por contrato. Tampoco, se reveló, entregaron los informes técnicos semestrales con el objeto de dar a conocer los avances del proyecto y evaluar los resultados, lo que también se considera un incumplimiento de las cláusulas.

Todos estos elementos, cabe hacer presente, también serán insumos clave para la querella que la entidad encabezada por el abogado Raúl Letelier está evaluando presentar. Y es que como pudo constatar este medio, la tarde de este jueves el Comité Penal zanjará bajo qué términos y delitos estampará la acción.