Las contradicciones entre los descargos del fundador de Democracia Viva y el gobierno

“Si el gobierno cree que es corrupción, sería bueno que se ingresara alguna normativa o proyecto de ley que justifique eso. Si no, todos los organismos privados, tanto fundaciones o empresas, que se relacionen con el Estado pueden ser indicados como corruptos cuando se han apegado a la ley”.

Esa fue de las frases que, de forma enfática, el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, emitió en su aparición de esta mañana en el matinal de Chilevisión, donde, por primera vez, abordó públicamente el lío de platas que lo vincula a él, a su expareja -la diputada Catalina Pérez- y a las reparticiones del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Ello, por el convenio que la organización comenzó a ejecutar en octubre de 2022 con la Secretaría Ministerial Regional de Antofagasta de Vivienda por $ 426 millones de pesos, la cual fue detenida por ese ministerio, que ha solicitado la devolución de los dineros.

Así, el ingeniero se opuso tajantemente a lo que el Ejecutivo ha insistido en las últimas semanas, para hacer frente a la que algunos califican como la mayor crisis de la administración de Boric. Sin ir más lejos, esta semana, y a través de Twitter, el propio Mandatario se refirió por primera vez abiertamente a la existencia de “actos de corrupción” en los casos que están siendo investigados por el Ministerio Público referidos a convenios otorgados desde reparticiones públicas a distintas fundaciones.

“Siento que la cagué”, dijo Andrade, como un mea culpa por haber firmado estos convenios.

El jueves, la abogada Libertad Triviño, querellante del caso en representación de RD, señaló en entrevista con La Segunda que el partido “tiene la fundada sospecha de que hay un hecho ilícito” y que “el partido considera que ella (Pérez) vulneró la probidad”.

En la entrevista, Andrade afirmó que “es el Minvu, y en particular el seremi (Carlos Contreras) el que me contacta a mí. Entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios. Él me contacta a mí, me conversa de que hay una mala evaluación de fundaciones anteriores y de que van a diversificar las fundaciones para que, de esta manera, se pueda llevar adelante la gran tarea que se estaba llevando de las 260 mil viviendas que el ministro (Carlos) Montes había planteado. Él (el seremi) me sugiere esto, yo le planteo de vuelta: ‘Mira... ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación (…)’. Y él me dice que no hay un problema derechamente, porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras. Lo que uno tiene que hacer es supervisar que las constructoras hagan el trabajo que la comunidad está llevando adelante (..) Yo en ese contexto también siento que ahí yo no debería haber accedido a eso porque no teníamos necesariamente la expertise en la parte de construcción”.

Sin embargo, de acuerdo a información publicada en el sitio de la Ley de Lobby, fue él mismo quien solicitó la reunión con el seremi, en agosto de 2022. Según se desprende de ese registro, el encuentro tuvo como objetivo “dar a conocer el trabajo comunitario de la fundación”.

Por otra parte, la expareja de la diputada Catalina Pérez señaló que “los gastos que hacía la fundación eran tutelados por el Serviu, que es un organismo técnico. Ellos autorizaron la construcción, las contrataciones”. Además, aseguró que desconoce si hubo observaciones que se habrían hecho al rendimiento de los dineros usados. “Todavía no entendemos bien la posición que ha tomado el ministerio”, dijo.

Así, planteó que, en la cadena de mando del Ministerio de Vivienda, había información sobre el convenio. Consultado sobre si La Moneda sabía del convenio, respondió: “No que yo sepa (...). Entiendo que el ministerio estaba en antecedentes del convenio (...), pero yo no sé más allá de eso”.

Esta mañana, a través de un comunicado, el ministro de Vivienda anunció que rechazó los recursos jerárquicos presentados por Democracia Viva, a través de los cuales se había objetado la resolución de la Seremi del Minvu de la Región de Antofagasta, que ordenó la restitución de $ 391.768.516, luego de que el ministerio pusiera fin a los convenios celebrados entre ambas partes.

“Con esta decisión, a Democracia Viva solo le queda devolver el dinero y vamos a recurrir a todos los recursos para que así suceda. Nuestra prioridad es construir viviendas y reducir el déficit habitacional y cada peso cuenta”, dijo el ministro Carlos Montes.

Ante eso, en la entrevista Andrade respondió que “desde el día uno, estamos disponibles para devolver las platas. El 29 de junio le mandamos un mail al Minvu para poner fin al convenio (...). Se demoraron dos semanas más en responder, ellos buscaron otras razones para terminarlo. Nosotros queríamos hacerlo de mutuo acuerdo”.

En esa línea, argumentó que desde el gobierno se hace “una liquidación. Nosotros no estamos de acuerdo con ella, creemos que es una liquidación política y no técnica, todas las rendiciones desde febrero hasta junio tenían observaciones, siendo que la entregábamos cada mes y al día de hoy no hemos recibido tales observaciones”.

Mientras se emitía la entrevista, el ministro Montes señaló que “para el gobierno (...) es fundamental recuperar los recursos para las familias para los cuales fueron destinados. Aquí desde el comienzo llamamos a esta empresa, a Democracia Viva, a devolverlos voluntariamente, incluso. Finalmente, se les pide la restitución de los recursos. Hemos logrado ya embargar una parte. No todos, pero tenemos $ 294 millones ya embargados de los $ 426. Ahora se genera un debate respecto a que ellos todavía consideran que hicieron obras, pero la verdad es que tanto a nivel Seremi como la respuesta de la Subsecretaría, eso no corresponde”.