Las cinco razones del general Yáñez para no renunciar

Fueron 73 días los que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, alcanzó a estar sin la presión política de algunos sectores del oficialismo que empujaban por su renuncia.

El 2 de enero la Fiscalía pidió su formalización por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social. También se pidió levantar cargos en contra del exgeneral director Mario Rozas y el exsubdirector Diego Olate.

El golpe del Ministerio Público removió el escenario del general Yáñez, quien había consolidado una estrecha relación laboral con las autoridades de gobierno, especialmente con el Presidente Gabriel Boric; con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve. La policía uniformada se transformó en un importante aliado del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad.

Esos días de enero la continuidad de Yáñez se puso en duda, hasta que el gobierno zanjó la discusión: no dejaría el cargo, pues el solo anuncio de la formalización no era un motivo suficiente. Este argumento se cayó el 14 de marzo.

Ese día, por orden de la Fiscalía, el OS-7 de Carabineros allanó la casa del director de la PDI, Sergio Muñoz. El Ministerio Público pidió su formalización por el delito de violación de secreto, pues le imputó haber filtrado antecedentes judiciales al abogado Luis Hermosilla. El detective renunció y el gobierno condenó su conducta.

El general Yáñez, sin embargo, está convencido de que su situación es distinta y, tal como dijo a sus generales la semana pasada, “trabajaré hasta el último día”. Ese mensaje lo repitió el martes 26 de marzo en La Moneda, al ser consultado sobre su situación judicial.

La renuncia, por ahora, no está en sus planes, y cinco son las razones que sustentan esta decisión. Algunas jurídicas y otras de tipo político, pero son el piso de una decisión tomada.

En Carabineros hacen la diferencia de entrada: lo que se le imputó a Muñoz es completamente diferente a lo del general Yáñez. En el ámbito legal, explican fuentes uniformadas, la responsabilidad que se le atribuye al exdirector de la PDI obedece a acciones personales; en cambio, el uniformado enfrenta un proceso por una responsabilidad indirecta, en base a una supuesta omisión de evitar que personal de Carabineros no cometiera apremios ilegítimos.

En esa misma línea, comentan que Yáñez argumenta que a él se le está haciendo responsable de hechos que no son personales y que él no cometió. Al contrario, agregan los consultados, “está acreditado” que impartió más de 80 instrucciones desde su cargo para resguardar los derechos humanos de los manifestantes en los procedimientos policiales.

En esa misma línea, el mandamás de Carabineros considera que como director de Orden y Seguridad impartió órdenes en el cumplimiento de su rol, pues, aseguran sus cercanos, constitucionalmente todos los policías uniformados estaban mandatados a hacer lo posible por restaurar el orden público.

Otro de los argumentos que sostienen su postura de no renunciar es la decisión que tomó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de no querellarse en la causa.

El 28 de enero se reunió el Consejo para resolver qué decisión tomar en cuanto a la situación judicial del general director de Carabineros. Allí se expusieron los antecedentes que remitió la fiscal Ximena Chong, como también las acciones de mando de los generales para mejorar los protocolos de actuación durante el estallido social.

Con todos estos argumentos sobre la mesa, finalmente, se acordó no hacerse parte del caso, por 7 votos contra 2. En este debate pesó, explican algunos consejeros, la interpretación jurídica que dice relación con que para que existía un delito omisivo de apremios ilegítimos, el funcionario público debe estar en el lugar de los hechos donde se comete el ilícito.

Para las pretensiones de Yáñez la posición que adoptó el presidente del CDE, Raúl Letelier, fue una señal potente.

El abogado fue designado como representante del organismo por el Presidente Boric. Además, tiene un marcado perfil político que lo acerca al Frente Amplio y al PS, lo que es interpretado en Carabineros como una señal de objetividad jurídica.

Al no estar el CDE en la formalización de Yáñez, advierten, la formalización de la Fiscalía perderá fuerza el día de la audiencia.

El delito más grave que se le imputa al general director de Carabineros es el homicidio de Cristián Valdebenito Valdebenito (48), quien falleció en marzo del 2020 en la Posta Central, tras ser herido en Plaza Baquedano.

Que se acuse a Yáñez, Rozas y Olate del delito omisivo de homicidio quiere decir que los imputados no impartieron instrucciones para evitar que hechos de ese tipo ocurrieran en Plaza Baquedano, tomando en cuenta que era un foco constante de lesionados. Eso al menos se desprende de la indagatoria, algo que en la defensa de los uniformados descartan, argumentando que la denominada “zona cero” era un foco permanente de manifestaciones, saqueos y hechos violentos, específicamente, entre el 18 de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2020.

El caso de Valdebenito es parte de una de las 3.174 querellas que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante el estallido social. En ella se relata que la víctima recibió una bomba lacrimógena en su cabeza, en medio de una protesta en Plaza Baquedano, lo cual terminó por causarle su muerte en la Posta Central, un día después.

Quienes conocen la defensa de Yáñez aseguran que la omisión de este delito no se sustenta, pues hasta el momento no existen formalizados en esta causa. No hay detenido, ni tampoco indicios de quiénes habrían sido los carabineros que lo lesionaron; por lo tanto, no existiendo ese “delito base”, no podría existir el ilícito omisivo de homicidio.

Para el 18 de abril está fijada una audiencia de cautela de garantía en que la Fiscalía expondrá a las defensas de los generales Yáñez, Rozas y Olate cuáles son los 450 casos de apremios ilegítimos en que se basa la imputación de cargos en contra de los uniformados.

Es que a juicio del general director de la policía uniformada su defensa aún no ha sido informada de cuáles son los casos base en que se le ha imputado haber incurrido en el delito omisivo de lesiones. Lo único claro, por ahora, es el caso del homicidio, pero se desconoce en qué otras causas estaría involucrado.

Eso, a juicio de quienes conocen la estrategia judicial del general director, lo priva de antecedentes relevantes para preparar su defensa; por lo tanto, no estaría en condiciones de sustanciar sus descargos ante el tribunal el día de la audiencia de formalización.

En esa misma línea, agregaron las mismas fuentes consultadas, en la mayoría de estos casos no existen condenas, y el único sentenciado -a la fecha- por lesión ocular es el excapitán de Carabineros Patricio Maturana.

Al día siguiente de anunciada la formalización del general Yáñez, su abogado, Jorge Martínez, reveló que el uniformado recibió el llamado del Presidente Boric para respaldarlo.

Además, para el general es de total relevancia que, hasta ahora, el Presidente no haya hecho eco de las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien sostuvo en Tolerancia Cero, el 17 de marzo, que “esperaría que el general director evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

Yáñez ha sostenido ante sus cercanos que el anuncio de su formalización no lo ha sacado de sus labores y no ha dejado de participar en ninguna actividad pública, incluso, “en medio de la tormenta”. Por ejemplo, agregan que el día después de las declaraciones de Cordero, Yáñez asistió sin problemas a la inauguración de una comisaría en Maipú, donde estaba el propio Presidente.

En el general pesa el simbolismo de terminar sus cuatro años al mando de la institución, tomando en cuenta que fue en 2015 la última vez que un general director terminó su periodo (Gustavo González Jure). Yáñez quiere llegar a octubre, aun cuando su formalización aparece como el plazo fatal para su salida.