El encuentro del presidente de la Suprema con Ricardo Yáñez en medio de polémica por continuidad del jefe policial

Ricardo Blanco expuso sobre los lineamientos estratégicos del Poder Judicial en función de la seguridad pública en la inauguración del Consejo Consultivo de Oficiales Generales de Carabineros.


La renuncia de Sergio Muñoz a su cargo como director de la Policía de Investigaciones, tras conocerse que debía enfrentar una formalización, acusado de revelar información de investigaciones secretas, reavivó la discusión respecto a la continuidad del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que será formalizado el 7 de mayo por presuntos delitos en el contexto del estallido social.

“Yo esperaría que el general director evaluara su renuncia antes de ser formalizado”, dijo en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile el domingo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

Este martes, en medio de esta polémica y en la misma jornada en que la audiencia en que Muñoz quedó en prisión preventiva acaparaba los focos de la prensa, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, coincidió con el general Yáñez en la inauguración del Consejo Consultivo de Oficiales Generales de Carabineros, en la escuela de oficiales de la institución policial.

Blanco, que expuso sobre los lineamientos estratégicos del Poder Judicial en función de la seguridad pública, fue recibido por Yáñez, que le agradeció su presencia y el aporte a la formación de los generales de los planteamientos que tradicionalmente han hecho en estas reuniones los ministros que encabezan el máximo tribunal.

“La seguridad y la justicia no deben ser vistas como objetivos mutuamente excluyentes, sino como metas complementarias que podemos y debemos alcanzar juntos”, recalcó el presidente del máximo tribunal en su alocución.

Antes de que Cordero causara revuelo con sus dichos, Yáñez asistió al homenaje al exministro José Tohá, a 50 años de su muerte, que tuvo lugar en La Moneda el viernes. Sergio Muñoz renunció pocas horas después. El lunes, en tanto, el mandamás de Carabineros coincidió con el Presidente Gabriel Boric en el reinicio de las obras de la Comisaría La Farfana de Maipú. En ese acto, el Mandatario hizo ver que el gobierno mantiene “un criterio” ante las formalizaciones como las que debería enfrentar el general.

La vara, definida por la dupla de ministros Carolina Tohá y Luis Cordero, se basa en que las audiencias de formalización “representan un punto de inflexión” y son las autoridades quienes, por “dignidad del cargo”, deben renunciar. “No tiene que ver con afectar la presunción de inocencia, tiene simplemente que ver con la continuidad institucional”, sostuvo Cordero, el lunes, precisando que es resorte de Yáñez definir su situación.

La exposición del timonel del máximo tribunal con Carabineros

“En un Estado de Derecho la vinculación entre magistrados y Carabineros es constante y de carácter complementario, pues ambos estamentos orientan su quehacer hacia la observancia de la ley, en su caso, resolviendo las controversias jurídicas y en el otro, ejecutando la decisión judicial. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que para el respeto del imperio de la ley a veces se hace necesario el empleo de la fuerza por parte del Estado y este elemento tiene como límite aquel que emana de la protección de los Derechos Fundamentales y su uso legítimo debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y distinción”, expuso el presidente de la Corte Suprema.

En su intervención en la inauguración del Consejo Consultivo de Oficiales Generales de Carabineros, Blanco resaltó que es imprescindible evitar que el temor o las genuinas preocupaciones sobre la seguridad impidan ver con claridad el fenómeno y sus posibles soluciones.

“No debemos caer en el error de creer que la única vía para afrontar esta crisis de seguridad es mediante la relajación de los estándares jurídicos que han constituido, por años, el alma del Estado de Derecho”, advirtió. 

Ricardo Blanco finalizó su intervención señalando que “la importancia de la independencia judicial, la protección de los derechos ciudadanos y la legitimación de la organización a través de decisiones jurisdiccionales justas y racionales no puede subestimarse”.

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