Justicia enviará proyecto para que presos puedan votar por primera vez en elecciones

La imagen de un reo con el pelo cortado al rape, camiseta sin mangas y brazos tatuados, depositando su voto en una urna de cartón -que se pudo observar para las pasadas elecciones presidenciales en Ecuador-, podría comenzar a ser vista también en el país.

El motivo: el Ministerio de Justicia ha trabajado durante 2013 en la elaboración de un proyecto de ley que busca que, por primera vez, parte de la población penal pueda votar en elecciones.

La iniciativa, que se espera enviar al Congreso durante el segundo semestre, considera que puedan ejercer este derecho los reos que no tengan condenas superiores a tres años y aquellos que, aunque estén privados de libertad, sólo se encuentren en calidad de imputados de un ilícito.

Esto, ya que los condenados por delitos que merezcan pena aflictiva (más de tres años) sí pierden este derecho ciudadano.

De acuerdo con las estimaciones de la cartera, actualmente, 13.527 internos están en esta situación en el país, los que equivalen a un 29% de las 46.138 personas privadas de libertad que están en el sistema cerrado en Chile.

La ministra de Justicia, Patricia Pérez, plantea que "no todas las personas privadas de libertad están impedidas de su derecho a voto. Hoy nuestra legislación no contempla cómo hacer efectivo ese derecho y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llenar ese vacío legal, modificar dos normas para poder regular la manera en que estas personas, que tienen derecho a voto, puedan ejercerlo".

La iniciativa que se enviará al Congreso modificará, en primer lugar, la ley orgánica sobre inscripciones electorales. Esto, con el propósito de generar un padrón especial que establecerá que "las personas que están privadas de libertad van a mantener la circunscripción donde tenían su domicilio" antes de ser apresadas, dice Pérez.

Con esto se busca evitar situaciones como que la concentración de penales en una comuna pudiera, eventualmente, distorsionar las preferencias de los votantes que habitan en alguna circunscripción.

La ministra Pérez precisa que la modificación a esta ley orgánica también incorpora, por primera vez, "un sistema de voto anticipado" a la elección en que participará el resto del país.

Lo anterior busca facilitar el envío y conteo de los votos en las áreas donde fijaron domicilio los presos con derecho a voto.

Acerca del origen de esta iniciativa, Pérez plantea que esto deriva de que, "en distintas resoluciones, tanto la Corte Suprema como jueces de garantía han hecho ver esta situación". La última se registró esta semana, cuando un juez de garantía ordenó resolver este vacío en los penales de Santiago Uno y San Miguel.

En la discusión de esta reforma legal participaron, además de Pérez, el entonces presidente del Servicio Electoral, Juan Emilio Chey-re, y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes. Sobre los plazos que se aplicarán, Pérez enfatiza que "la idea es presentarlo durante este segundo semestre y va a depender de los espacios legislativos la urgencia que se le aplique".

Por otra parte, Lorena Fríes dijo ayer a CNN que "por la vía administrativa, es posible permitir que las personas que están privadas de libertad voten. Para esto, el Servel tiene que realizar un informe y señalar por qué hay impedidos".

MESAS ESPECIALES

En las elecciones presidenciales de Ecuador se habilitaron 53 centros de reclusión como lugares de votación, incluyendo penales para hombres, mujeres y menores infractores. Según se informó durante ese proceso, participaron de la elección casi nueve mil internos no condenados, los que pudieron votar con medidas de seguridad que incluyeron la utilización de lápices blandos para marcar las papeletas. Esto, para evitar que fueran utilizados como armas.

La ministra afirma que la segunda norma que busca modificar la iniciativa es la "Ley orgánica sobre votaciones populares y escrutinios, para poder establecer el material especial que se requiere para la votación, poder regular la constitución de las mesas y los vocales de mesas".

"Se deben buscar mecanismos de seguridad, de inspección, de revisión, para evitar cualquier situación", recalca. Esto, ya que, enfatiza, "la votación se va a hacer dentro de la cárcel. No se puede sacar a toda la gente que tiene derecho a voto a sus respectivas localidades".