Ley de TV Digital: 6 puntos prioritarios

LA GRAN DIFERENCIA

Imagen y sonido mejorados sustantivamente. A la hora de resumir el efecto que la TV digital tendrá para la gente, la principal y más inmediata será la posibilidad de ver la programación con una calidad muy superior a la actual, en aparatos con libre recepción. Y no sólo en los canales de alta definición (HD), sino que también habrá una mejora en las señales que opten por la definición estándar, ya que el mero cambio a la emisión en digital asegura mejorías.

Bajo la nueva norma,  gracias a que el espectro radioeléctrico se puede aprovechar de mejor manera, los canales chilenos podrán destinar su espacio asignado para poner dos señales HD o una en alta definición y otras tres de calidad estándar. Actualmente, los canales definen cómo ordenarán ese tema, pero hay escepticismo en que se pueda producir una proliferación de señales debido a que la inversión publicitaria, la única manera de financiarlos, no aumenta y se definió que no se podrán crear señales pagadas. Eso también echa por tierra la idea de canales temáticos, que tampoco son financiables bajo el modelo de libre recepción.

COMO Y QUIERES

Para poder ver televisión será necesario contar con un equipo que tenga el sintonizador digital  ISDB-Tb incorporado internamente. Los actuales televisores analógicos pueden recibir la señal digital al acoplarse a un decodificador (conocidos también como Set Top Box, cuyo precio comienza en $40 mil), pero no se obtienen los beneficios de la tecnología, como alta definición y calidad de sonido e imagen. En el sitio www.tvd.cl se puede consultar los equipos compatibles con la norma (televisores, adaptadores y otros), en los modelos HD y Full HD, cuyo valor comienza en $130 mil para 32 pulgadas y que permitirán tener todas las ventajas de imagen en libre recepción.

Tras la aprobación de la ley, falta que pase por el Tribunal Constitucional (TC) para posteriormente ser promulgada por el gobierno. Sólo tras eso comenzará a ser implementada en un plazo de entre dos y cinco años. Tras ese lapso, se procederá al "apagón analógico".

LO INMEDIATO

La aprobación de la ley ya abrió la puerta para un cambio inmediato: la llegada de las señales HD abiertas a la TV de pago. Así, por ejemplo, desde el viernes pasado la señal de alta definición de Chilevisión está disponible a través de VTR y Movistar gracias a, como explica Jaime de Aguirre, director ejecutivo de la señal, que se logró "la transmisión consentida" en  la norma. Ese es uno de los triunfos de las televisoras abiertas, ya que implica que las empresas de cable tienen que acordar con ellos y pagar por emitir sus señales y ya no pueden, como hasta ahora, emitirlas libremente. Mario Conca, actual presidente ejecutivo de Mega, añade que ellos también comenzarán las conversaciones para hacer lo propio con Mega HD, que hasta ahora sólo se capta en Santiago en los televisores con capacidad para ello. En La Red, en tanto, el director ejecutivo Javier Urrutia también planea tomar la medida, pero dice que comenzarán a negociar cuando tengan clara la fecha de su traslado a su nuevo edificio corporativo, en enero, ya que recién ahí podrán comenzar a transmitir en alta definición.  TVN también tiene una línea concreta trazada: como cuenta Enzo Yacometti, gerente de gestión, ahora podrán, en regiones, transmitir dos señales: una con el contenido local y otra con el nacional, ya que recibían quejas de los espectadores que querían tener acceso a una y otra.

CNTV AMPLIA ATRIBUCIONES

El CNTV actualmente fiscaliza a los canales bajo el concepto de que se respete el "correcto funcionamiento" . Aunque ese mandato se conserva en la nueva ley, la definición de en qué consiste ese "correcto funcionamiento", incorpora una serie de valores nuevos -como pluralismo, respeto a la multiculturalidad o desarrollo regional-, lo que se traducirá en que el organismo tendrá más amplitud de acción a la hora de definir levantar cargos y aplicar sanciones. "Nos permite ampliar los cargos y sanciones a una serie de rubros. Antes era más restringido", resume Herman Chadwick, presidente del organismo.

El tema ha causado polémica y, de hecho, es la protección del "pluralismo" uno de los conceptos que pasó al TC, la etapa en la que entró la ley ahora para una serie de sus puntos. "Esperamos que esto no signifique restricciones a la libertad de programación y de expresión", opina Mario Conca. Mientras que Javier Urrutia se muestra más optimista y apunta que "ellos no han tenido un rol prosecutor, sino de lineamientos y criterios, y no veo señales de que eso vaya a cambiar".

Manuela Gumucio, directora del observatorio de medios Fucatel, en tanto, opina que se debió ir más allá: "La redefinición del correcto funcionamiento es un enorme paso, porque hasta ahora apuntaba a aspectos morales o éticos, pero no a uno tan fundamental como el pluralismo".

MAS CULTURA OBLIGATORIA

Con la nueva norma se aumenta a cuatro horas a la semana la programación cultural obligatoria y, además, también se amplió la definición del concepto "cultural", por lo que el CNTV tendrá un marco más amplio para juzgar lo que las señales informan para cumplir con la cuota y que, hasta ahora, siempre se definía en un sentido amplio. También aumentó significativamente el monto máximo de las sanciones que el organismo puede aplicar, de 200 UTM a 1.000 UTM.

DESCENTRALIZACION

La norma también contempla una serie de medidas para favorecer la televisión regional. Una de ellas es que ahora las empresas de TV de pago tendrán que emitir cuatro canales regionales o locales de manera obligatoria. Otra medida, pero con una efectividad en suspenso, es que se asignó una segunda concesión a TVN, precisamente para que distribuya canales de este tipo. Pero como explica Yacometti, no se asignaron fondos para que se implemente. No es un dato menor, ya que para hacer el cambio a digital, los canales deben instalar nuevas antenas, y de poner en acción su segunda concesión, tendría que hacerlo dos veces. Las señales planean una red única de transmisión; es decir, compartir el gasto de las antenas. Lo que, para llegar a cerca del 88% de la población,  cuesta entre US$ 50 y US$ 60 millones.