Chile Vamos concreta acusación constitucional contra exministra Marcela Ríos a 48 horas de su renuncia

La ministra Marcela Ríos, durante la sesión de Sala del Senado en que se debatió sobre la propuesta del Presidente para nominar al nuevo fiscal nacional del Ministerio Público.
Foto: Leonardo Rubilar / Agencia Uno.

La causal que invoca el texto acusatorio es la presunta infracción a la Constitución y las leyes en las que habría incurrido la extitular respecto a su rol en la concesión de indultos. Durante la tarde se sorteó a los integrantes de la comisión revisora.


El domingo ya estaba confirmado que los parlamentarios de Chile Vamos presentarían una acusación constitucional contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, pese a que el sábado el Presidente Gabriel Boric había oficializado la renuncia de la entonces secretaria de Estado debido a la cadena de errores en la concesión de los trece indultos a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

La acción constitucional, finalmente, se concretó este lunes. Y es que para los representantes de las bancadas de diputados de la coalición opositora, la renuncia de la exministra no la exime -según han señalado- de la responsabilidad política por la serie de “desprolijidades” en la aplicación de los trece indultos concedidos por el Mandatario

“Desprolijidades” que van desde la aplicación de indultos a personas acusadas de delitos graves previos al estallido social hasta un posible delito de prevaricación en la concesión del beneficio a Jorge Mateluna, según acusan desde Renovación Nacional, quienes presentaron una acción penal en contra de la propia Ríos.

“Estamos presentando esta acusación constitucional como Chile Vamos, lo que muestra primero que hay una coordinación clara y que está la evidencia suficiente de que acá hay una ilegalidad e inconstitucionalidad clara, respecto al otorgamiento primero de los indultos, y segundo respecto a los beneficios penitenciarios otorgados en la Macrozona Sur”, señaló el jefe de los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton.

“Los indultos se otorgaron infringiendo la ley, es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que habían cometido graves delitos y se dejó expuesta a la ciudadanía producto precisamente de que no se consideraron los antecedentes, como los que hoy día reconoce abiertamente la ministra (Camila) Vallejo”, complementó el diputado. Esto, en alusión a la declaración de la secretaria de Estado, quien este lunes afirmó respecto de los indultos que “si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

El libelo acusatorio -redactado por los juristas Max Pavez, Pablo Urquízar, Pablo Celedón y Jorge Mera- tiene 187 páginas y consta de dos capítulos: el primero se enfocará en los indultos concedidos por el Presidente Boric; y otro abordará los beneficios otorgados -como traslados- a presos por el conflicto en la Macrozona Sur.

Según la tramitación de este tipo acciones constitucionales, este mismo lunes fueron sorteados los integrantes de la comisión revisora que deberá ver la acusación y hacer una propuesta al respecto -no vinculante- a la sala. Los diputados designados fueron Luis Malla (PL) y Carolina Tello (PC); y tres de oposición: Henry Leal (UDI), Benjamín Moreno (Republicano) y Álvaro Carter (Ind-UDI).

Parlamentarios de Chile Vamos en la oficina de partes de la Cámara de Diputados y Diputadas, ingresando la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos.

La causal que invoca el texto para acusar constitucionalmente a la exautoridad de Justicia es la supuesta infracción de la Constitución y las leyes en la que habría incurrido Ríos a propósito de la serie de errores e incongruencias en la concesión de indultos. Conocedores de la argumentación señalan que se evaluó imputar compromiso de la seguridad de la Nación como causal, considerando la liberación de condenados de extenso prontuario como el de Luis Castillo, o el traslado de comuneros de cárcel de Angol tras una denuncia de amenazas al alcaide de dicho penal. Ideas que finalmente fueron descartadas.

Ya no se trata de Marcela Ríos, se trata de cómo van a seguir los tres años que les quedan, si se van a a atrever a indultar, si va a corregir lo que hoy día nos confirmó la declaración de la ministra Vallejo, si van a deshacer esos indultos y corregir lo que dijo la vocera, que nos dijo que estaban cumpliendo penas en sus casas. No, ministra, estas personas están libres”, espetó en el punto de prensa el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri.

Para el diputado Diego Schalper, secretario general de RN, la acusación constitucional no pierde legitimidad con la salida de Ríos, “porque se mantiene su principal fundamento, que es el daño que le están causando los indultos al país”. Si los indultos siguen en pie, la verdad que la acusación constitucional sigue teniendo pleno fundamento, vigencia y necesidad”, reafirmó el diputado.

Por parte de Evópoli, el jefe de la bancada de diputados, Francisco Undurraga, señaló que el principal fundamento al que responde la acusación es “dejar sin ejecución las leyes (...) La ministra también tiene que cumplir la ley y lamentablemente la ha incumplido”.

“Constitucionalmente, los ministros tienen hasta tres meses para poder ser acusados. Nosotros estamos ejerciendo nuestro deber fiscalizador, este es el motivo que nos reúne hoy a Chile Vamos, dado que encontramos coherentes las causales que estamos presentando y creemos y le hacemos un llamado al Parlamento a que se estudie con seriedad esta acusación para que, efectivamente, no vuelva a ocurrir nunca más lo que está sucediendo”, fue el llamado del diputado Undurraga.

Hasta ahora, no existe certeza si la oposición concitará los votos suficientes para aprobar la acusación contra la extitular de Justicia, pero en Chile Vamos consideran relevante dejar un precedente. Para los más convencidos de la acción, también es una forma de dar señales de una oposición activa, luego de varios meses -aseguran- siendo “obsecuente” con el Ejecutivo.

En todo caso, se espera que -además de Chile Vamos- la acción sea respaldada también por el Partido Republicano y por algunos parlamentarios del Partido de la Gente. No se descarta, tampoco, que algunos parlamentarios del Socialismo Democrático apoyen el texto acusatorio.

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