Oposición presenta acusación constitucional contra ministro de Educación: apuntan a siete presuntas infracciones

Este lunes, las bancadas de oposición presentaron la anunciada acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que deberá ser votada por la Cámara de Diputados y Diputadas

El libelo acusatorio -que hasta ahora contaría con el respaldo de la mayoría de las bancadas opositoras, salvó el comité de Evópoli que no ha hecho explícito su apoyo- incluye siete capítulos de presuntas infracciones a la Constitución en las que habría incurrido el titular de Educación en el ejercicio de su cargo, un récord de causales en comparación a otros ministros de la cartera que fueron acusados.

La idea de acusar constitucionalmente a Ávila rondaba hace tiempo en la oposición. Sin embargo, el detonante de la acción fue la polémica suscitada a partir de los programas de educación sexual y de género que impulsa la cartera, que -según los acusadores- atentaría contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

“Ante la inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos..., asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal, es que se formula una acusación constitucional”, señala una minuta que circulaba entre diputados de oposición.

En concreto, la acción fue presentada por dos diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha. Sin embargo, el texto fue objeto de una negociación colectiva entre varias bancadas opositoras, lo que explica la cantidad de causales que incluye el libelo, pues se abarcaron los puntos que cada grupo le reprochaba a la gestión de Ávila.

“A nombre de las distintas oposiciones que estamos aquí congregadas, tenemos las convicción que el ministro de Educación está en una situación de inejecución de leyes importantes para el país que se están traduciendo en seguir profundizando la crisis educativa en la que está el país”, apuntó el diputado Diego Schalper (RN).

Para la presentación de la acusación contra un ministro de Estado sólo se necesitan 10 firmas de diputados. Ese umbral ya se había superado con creces la semana antepasada, luego de que la bancada de RN y algunos legisladores de derecha, a título personal, decidieran plegarse al interés de presentar un libelo.

El pasado primero de junio en el marco de su Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric hizo un especial gesto en su discurso al ministro Ávila frente a la nueva arremetida opositora que se concretó este lunes con la presentación del texto acusatorio.

“No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual”, expresó Boric en esa ocasión, en alusión a comentarios expresados por diputados opositores, quienes habían deslizado que la orientación sexual del ministro era un factor detrás los planes de educación sexual y afectiva del ministerio.

El respaldo del Presidente obligó al oficialismo a cerrar filas con el ministro Ávila, pese a los cuestionamientos internos que existen sobre su gestión.

En la antesala de la presentación del texto, el propio ministro Ávila se refirió a la ofensiva de la oposición, tras participar de una actividad con académicos para abordar los resultados del Simce 2022 y los desafíos para el sistema educativo. “No me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo conozca, me imagino, junto a los equipos vamos a trabajar en las respuestas correspondientes”.

“He repetido hasta el cansancio, que todos quienes estamos en política, debemos ser muy responsables respecto de todo nuestro ejercicio diario de trabajo, también de aquello que decimos, y yo todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente las que están asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera”, acotó el titular de Educación.

Sobre la denuncia de una presunta motivación homofóbica detrás de la acusación constitucional, el diputado Schalper remarcó que “si tiene siete capítulos es porque tenemos la convicción de que cada uno de ellos es tremendamente grave (...). Y que los chilenos lo tengan claro, las oposiciones estamos acusando a un ministro por su gestión educativa, no por una cuestión personal de él que no le empece a la Cámara de Diputados”.

El capítulo del libelo acusatorio señala una infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”. El número II también indica una infracción del derecho preferente a propósito de las guías (“Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”), que fueron actualizadas en mayo pasado, suprimiendo los aspectos más polémicos, como los ejercicios para menores de edad. No obstante, no se incluirá el episodio de abusos denunciados en una escuela en Talcahuano, en el marco de un operativo de salud, ya que era responsabilidad de la municipalidad y de las autoridades sanitarias locales.

El punto III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva”. El capítulo IV menciona una infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo, lo que incluye temas como el retraso injustificado en entregar los resultados del Simce, el ausentismo y la deserción escolar, problemas en la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.

La causal V señala el incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con ocasión del inserto de información sobre “educación no sexista” en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público. Y el número VI también alude al rol de supervigilancia de la Junaeb debido a las irregularidades detectadas en los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.

Anoche, además, se agregó el capítulo VII por los problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación. “Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Eduicación Pública”, dice el texto.