El Presidente Gabriel Boric se encontraba participando de la Cena Anual 2023 de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) la tarde del jueves, cuando se enteró -a grandes rasgos- del informe final de auditoría que realizó la Contraloría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en relación a las transferencias -por un total de $ 426 millones- a la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD).

El resultado del informe es duro. En sus 91 páginas, se advierten irregularidades de la oficina regional de Antofagasta -que realizó los convenios con la entidad privada que era liderada por Daniel Andrade (exRD y expareja de la diputada Catalina Pérez)-, además de poner en alerta a las autoridades sobre el rol del Ministerio de Vivienda, pues además se hacen una serie de observaciones del poco control a nivel central.

El Mandatario se tomó un minuto durante su discurso -que estuvo marcado por un tono conciliatorio con el sector de la minería, a diferencia de 2022- para referirse al resultado de la auditoría del órgano contralor.

“Mientras nosotros estamos reunidos acá, me contaban -no tengo la certeza, por eso puede que me equivoque en algún detalle- que estaba el contralor de la República dando una declaración y señalando que en el caso de Democracia Viva hay corrupción, y que bueno que se sepa de manera clara y categórica”, planteó el Jefe de Estado ante los presentes.

“Quienes cometan actos de corrupción en nuestro gobierno, sean cercanos o lejanos, sea de este gobierno o del gobierno anterior, o de cualquier otro, tienen que hacerse responsables de aquello, y acá nada de esto se va a meter bajo la alfombra”, agregó Boric, lo que generó algunos aplausos.

En esa misma línea, el Presidente insistió que “desde el gobierno toda la cooperación, colaboración, pero también de manera proactiva, porque cuando se nos mete la corrupción en el Estado, se debilitan las instituciones, y cuando se debilitan las instituciones, se debilita la confianza, y sin confianza un país no progresa”.

Finalmente, el Mandatario dijo que se alegra, “que tanto el Consejo de Defensa del Estado, que es el mecanismo a través del cual el Estado defiende sus intereses, que son los intereses de todos los chilenos, haya decidido querellarse en el caso de Democracia Viva, y que también el contralor esté avanzando en la misma dirección”.

En el informe evacuado por la Contraloría, en el que se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (exRD), y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control legal del ente fiscalizador.

En el texto, además, se revela que, al menos, 12 personas tenían contrato en la repartición pública y también en fundaciones. Una situación de las mismas características se detectó en el Serviu de la misma región.

Otra de las “debilidades” detectadas fue el proceso de control de las rendiciones de cuentas, pues el registro de estas planillas “no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros”.

En el informe se da un plazo de 30 días a la Seremi y al Serviu, como también al Ministerio de Vivienda, para subsanar las observaciones.