Vallejo desdramatiza posible cambio en facultad de indultar tras fallo del TC: “Acá hay un debate más de fondo y es legítimo que se dé”

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Luego de que el TC confirmara que los decretos firmados por Boric se ajustaban a la Constitución vigente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que la "experiencia de este proceso" puede que obligue "a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad".


Esta mañana, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó -en decisiones divididas- una serie de requerimientos presentados por Chile Vamos y Demócratas que buscaban impugnar siete de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric a fines del año pasado.

La decisión del órgano que dirige Nancy Yáñez vino a descomprimir el ambiente de tensión que se vivía en La Moneda durante estas últimas semanas, luego de que salieran a la luz nuevos antecedentes respecto a la tramitación de los indultos. Entre ellos, el hecho de que Gendarmería haya recomendado en 10 de los 13 indultos no conceder el beneficio -tanto por un alto o muy alto riesgo de reincidencia como por la falta de conciencia de los ilícitos cometidos-, como también las contradicciones entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra Camila Vallejo respecto de si el Presidente sabía o no de las condenas previas de los beneficiarios.

Así, desde la casa de gobierno resentían que la crisis desatada por los beneficios presidenciales -una de las más críticas desde el inicio de su periodo- siguiera complicando la gestión del Ejecutivo y estuviera aún presente en la discusión pública luego de transcurridos tres meses.

En conversación con Radio Duna, para la ministra vocera de gobierno la resolución del organismo ratificó que “jurídica y constitucionalmente” los decretos firmados por Boric estaban en regla y que las consecuencias políticas ya eran conocidas por la opinión pública: la renuncia concretada el 7 de enero de la entonces titular de Justicia, Marcela Ríos, y del exjefe de gabinete y amigo personal del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía.

Además, en la conversación la secretaria de Estado desdramatizó uno de los posibles debates que se podría abrir tras la decisión del organismo encargado de resguardar la Constitución: cómo se concebía el “ejercicio de la potestad de los indultos”, en palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero.

“Hay un trámite que está regulado... Tiene un procedimiento y un trámite, y esto está radicado en el ministro de Justicia (...). Pero acá hay un debate más de fondo que se ha abierto y que además en medio del proceso constituyente es dable y es legítimo que se dé, si es que se mantienen bajo la nueva posible Constitución o no la facultad de indultar así como la conocemos y es una discusión democrática y legítima, y que por cierto se va a dar en el marco del proceso constituyente y que ya se ha dado en el debate público”, explicó la titular de la Segegob.

Las declaraciones de la vocera de gobierno van en línea con lo planteado por el titular de Justicia, quien tras conocerse la votación de los ministros del TC planteó la necesidad de repensar la institución del indulto presidencial, el que recae solo en el Mandatario de turno. “Una de las enseñanzas que deja este proceso, pero también los procesos anteriores, es que sostener la potestad de indulto en una persona como decisión unipersonal es probablemente una tensión del sistema institucional muy grande”, afirmó, destacando que sería positivo que esto se discuta en el próximo proceso constitucional.

Sobre la contradicción entre su versión y la de Manuel Monsalve respecto a si el Presidente estaba al tanto del prontuario de algunos indultados, Vallejo insistió en la idea de que “en el plano político las consecuencias estuvieron a la vista. El proceso no se dio de la forma en términos políticos que el Presidente le hubiera gustado y eso tuvo consecuencias, por lo tanto más allá de repetir mis declaraciones, lo importante es que tuvo resultados, y en términos jurídicos y legales el procedimiento está en forma y fondo bien establecidos”.

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