En dos oportunidades el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tuvo que salir la mañana de este lunes a aclarar sus dichos respecto a los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric. “Se equivocó”, repetían en La Moneda.

El domingo en el programa Estado Nacional, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que los informes de Gendarmería fueron ponderados al momento de conceder los indultos, aunque no agregó al Mandatario a la ecuación. “Están todos los antecedentes en esos expedientes. Basta leer la resolución, la resolución cuando uno las lee señalan el énfasis de cuáles son los antecedentes y documentos que pesaron más para efectos del otorgamiento de los indultos”, afirmó.

Sin embargo, en Tolerancia Cero, el subsecretario socialista fue más allá y pareció haber despejado una duda que -hasta ayer- el gobierno nunca había aclarado tras la crisis que desató la concesión de estos beneficios y que terminó con la salida de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, y el exjefe de gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía: que el Presidente conocía los antecedentes penales de los condenados a los que beneficiaría.

¿Boric estaba en conocimiento de los antecedentes penales previos al estallido social?, le preguntaron, ante lo que Monsalve respondió: “El Presidente tuvo a la vista los antecedentes de las personas que iba a indultar (...). Pero acá el Presidente le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia y al jefe de gabinete del Presidente. Lo que es evidente es que el Presidente no consideró que se había hecho de la manera que él esperaba”.

Sus declaraciones contradijeron las explicaciones que la ministra Camila Vallejo (Segegob) dio en enero pasado cuando aseguró que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”. En esa oportunidad, la vocera afirmó -además- que uno de los criterios que el Mandatario había fijado no fue cumplido -el que se concediera indulto sólo a personas que no tuvieran condenas previas al estallido-, por lo que se habrían cobrado las responsabilidades políticas. En ese momento esas declaraciones fueron mal evaluadas en el gobierno, justamente porque se interpretaron como un reconocimiento de que el procedimiento podría estar viciado. Por eso, en Palacio reconocían que el hecho dejaba en una posición incómoda a la ministra Vallejo.

Pero más que aclarar, los dichos de Monsalve terminaron reviviendo las dudas que rodearon el proceso de concesión de indultos en diciembre pasado, donde el Mandatario reconoció “desprolijidades” -que nunca explicó- y pidió las salidas de Ríos y Meza, pero respecto del que nunca aclaró los antecedentes que tuvo a la vista para decidir.

De hecho, eso mismo motivó a la oposición para impugnar ante el Tribunal Constitucional la determinación del Presidente, instancia que está citada este martes a las 9.00 para resolver si acoge o rechaza dichos requerimientos.

Con la contradicción evidente entre Vallejo y Monsalve sobre la mesa y un flanco abierto que La Moneda se ha empeñado por radicar en la discusión jurídica, en radio Concierto, el subsecretario intentó por primera vez clarificar que sus dichos de la noche del domingo se referían a que los antecedentes estaban en los expedientes de los condenados y que la información que se ponderó quedó establecida en los decretos de concesión del beneficio.

En La Moneda, pasadas las 12.00, volvería a aclararse: “Creo que he sido bastante claro (…). No soy el ministro de Justicia, el Presidente de la República ha encargado el tema de los indultos de forma precisa y particular al ministro Luis Cordero. Me he referido a lo que el propio ministro de Justicia ha reiterado y ha informado respecto a los indultos a la opinión pública. Que todos los antecedentes de las personas indultadas estaban en los expedientes de Gendarmería y que el conjunto de antecedentes que se pondera para tomar la decisión del indulto además queda reflejado en los decretos. Además, mañana el TC se va a pronunciar respecto a los requerimientos”, dijo.

El asunto ya había vuelto a complicar a La Moneda el viernes pasado cuando se conoció que seis de los 13 informes que emitió Gendarmería recomendaron al Jefe de Estado no indultar a los reos por riesgo de reincidencia “alto o muy alto” y por no tener conciencia de los ilícitos cometidos.

Durante la jornada de este lunes, Cordero tuvo que hacer frente nuevamente a los antecedentes que enredaron a La Moneda a horas de que se conozca la resolución del TC. “Los antecedentes obran en su integridad en los expedientes administrativos, que están asociados a indultos (...). Todos los antecedentes existen íntegramente en los expedientes asociados y, por lo tanto, no está comprometida ni su constitucionalidad ni su legalidad que es lo que nos importa de cara a lo que decida el TC”, dijo al salir de una reunión en La Moneda.

“Lo que yo he dicho, y entiendo es a lo cual se refirió el subsecretario Monsalve, y ustedes lo han escuchado siempre: los antecedentes obran en los expedientes respectivos, sobre el cual se basa la emisión de los decretos. Mañana, una vez que se dicte el acuerdo del Tribunal Constitucional, podemos hablar”, agregó sin referirse a si el Presidente leyó o no esos expedientes o delegó toda la función administrativa en el Ministerio de Justicia, pero recalcando que el procedimiento administrativo está en regla.

De todas formas, recalcó que “los procedimientos se tramitan en el Ministerio de Justicia, en la sección de indultos cuando llegan al despacho del ministro y el ministro es el que suscribe el decreto (...). Para ser completamente justos con las declaraciones de la ministra Vallejo, les recomiendo que revisen íntegramente esas declaraciones. Ella nunca se ha referido a la irregularidad de los procesos administrativos. Por el contrario, siempre ha señalado que estos se han encontrado adecuadamente instruidos. Esa es su declaración de enero. Esa es la declaración que nosotros hemos sostenido hasta ahora”.

La ministra Vallejo, a su vez, abordó el asunto en su tradicional vocería de los lunes. En línea con su par de Justicia, evitó entrar en consideraciones políticas -y sobre todo referirse a la contradicción con el subsecretario Monsalve- y se remitió a señalar que “todos los antecedentes para este procedimiento -que además es una facultad delegada en el Ministerio de Justicia- radicaron en los expedientes de Gendarmería”.

El tema de los indultos también se tomó parte del comité político ampliado de este lunes, donde se explicó que el gobierno está a la espera de lo que resuelva el TC. Asimismo, según presentes, el Ejecutivo señaló que están confiados en que la decisión del tribunal les será favorable y que, de momento, no está en el plan del Presidente el conceder más indultos. Cabe recordar que el gobierno informó que hay otra solicitud en evaluación, también de un preso por delitos en el marco del estallido.

“Ojalá se cierre pronto (el episodio de los indultos), porque se han hecho todos los esfuerzos para actuar con toda la transparencia del mundo respecto del tema (...). Siempre hay personas que piden indultos, se entiende que el gobierno no tiene planificado más indultos, así se ha expresado. La agenda de seguridad es lo suficientemente robusta para que tenga luz propia y definitivamente se saquen a adelante los proyectos que van a tener urgencia en el Parlamento”, dijo a la salida la timonel PPD, Natalia Piergentili.

Por su parte, el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, aseguró que “el gobierno está tranquilo respecto de los argumentos y fundamentos legales y constitucionales del indulto. Si el fallo fuera en una dirección distinta, ahí habría que analizar (...). Todos los presidentes de la República, desde el 90 en adelante, han ejercido esa facultad y creo que no ha habido ningún caso de acusaciones constitucionales a los presidentes de la República por ejercer su facultad presidencial”.

Tras los dichos de Monsalve, desde la derecha enfocaron su arremetida para apuntar al cambio de versión del gobierno y acusar a La Moneda de causar confusión y de no decir la verdad. La UDI convocó a un punto de prensa, en el que su secretaria general, María José Hoffmann, siguió esa línea. “Nos parece de una frivolidad máxima (...) Lo mínimo es exigirle al gobierno que diga la verdad”, acusó.

Con ese mismo tono, el presidente gremialista, Javier Macaya, acusó que “el propio gobierno ha ido cambiando de opinión y teniendo líneas contradictorias no es nuevo”.

Con todo, desde la UDI también hicieron un llamado al Tribunal Constitucional a fallar “conforme a derecho”. En Chile Vamos estaban todos expectantes respecto de lo que resolviera la instancia, ya que en RN se comentaba que dependiendo de lo que ahí saliera podría surgir ánimo de una acusación constitucional en contra del Mandatario.

En la derecha se concentraban los ánimos en radicar toda la arremetida en la comisión investigadora que se conformaría este martes. Ahí esperaban invitar a autoridades actuales y que hayan dejado el cargo para ver el asunto y mantener el tema en vigencia.

El Presidente siempre se mostró favorable a la posibilidad de indultar a condenados por delitos cometido en el marco del estallido social. En 2021, durante su campaña presidencial, aseguró “estar de acuerdo con el proyecto de indultos que está discutiendo en el Senado (…). Creo que el proceso de indulto es acotado en lo que se está discutiendo en el Senado, y por lo tanto, por mi parte, en ese sentido, no hay reparos”.

Poco antes de ser electo como Mandatario aseguró en noviembre de ese mismo año que no era partidario de “indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme o que saqueó un supermercado”.

“Acá tenemos que revisar con el sistema judicial en general, pero en particular en estos casos donde hubo un abuso grave por parte de las facultades del Estado, con querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado, con testigos protegidos, con pruebas falsas y con prisiones preventivas extendidas. En esos casos vamos a conversar. A personas condenadas por incendios, por saqueo, por delitos que revisten gravedad, desde mi punto de vista, no es aceptable pensar en un indulto para todos”, dijo entre la primera y la segunda vuelta.

Ya en el poder, su gobierno hizo esfuerzos para darle viabilidad política a la moción parlamentaria que estaba en el Senado, pero fueron infructuosos. No estaban los votos y el Jefe de Estado entendió que su último recurso eran los indultos presidenciales.

Fuentes de La Moneda aseguran que -pese a que varios de sus asesores lo intentaron convencer de que no era un buen momento para conceder los indultos-, el Jefe de Estado tenía un compromiso con las familias de los beneficiarios y lo iba a cumplir. Por eso, incluso entendiendo que dinamitaría los esfuerzos de su ministra del Interior, Carolina Tohá, por un acuerdo en seguridad, firmó los indultos.

“Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y es un compromiso personal que yo tenía. Son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente y esa fue mi decisión”, dijo el mismo día en que se conoció la lista de indultados, defendiendo su determinación.

Esas declaraciones le terminarían pesando cuando se conocieron los antecedentes penales previos de indultados como Luis Castillo, con cinco condenas previas por delitos graves. “Espero que estos indultos, en particular, que han sido frutos de una profunda reflexión, en donde insisto, no cuestiono la independencia de los poderes, no signifique que no podamos trabajar como país para afrontar este tremendo desafío que es enfrentar la delincuencia (...). Espero que es un tema que logremos dar por zanjado, que pasemos adelante la página y nos dediquemos a trabajar por las necesidades urgentes que tiene nuestro país, que son muchas”, dijo a inicios de enero.