Tanto el Presidente Gabriel Boric como su ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvieron que salir esta mañana a referirse a los nuevos antecedentes que se han hecho públicos en torno a los 12 indultos que concedió a fines del año pasado a condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y al exfrentista condenado por el robo de un banco, Jorge Mateluna.

La estrategia que trazó el gobierno para sacar de la discusión política la polémica y remitirlo a un debate meramente jurídico le dio cierto aire al Ejecutivo en los últimos meses, sobre todo, luego de que el Tribunal Constitucional acogiera los requerimientos de la derecha para impugnar la decisión del Mandatario.

Pero esta mañana se dio a conocer -a través de Ex-Ante- información nueva respecto de los antecedentes que tuvo a la vista el jefe de Estado al conceder el beneficio procesal. Se trata de seis informes de Gendarmería -que por ley deben solicitarse cuando se trata de requerimientos de indulto presidencial- que recomendaban no favorecer a condenados que terminaron en la lista de beneficiarios.

En los documentos se constata que las razones de Gendarmería para negar los indultos responden a riesgos de incidencia altos o muy altos y falta de conciencia respecto de los delitos cometidos. Esta recomendación se da en el caso de seis condenados por delitos graves en el marco del estallido social: Luis Castillo Opazo, Brandon Rojas, Bastián Campos, Jordano Santander, Claudio Romero y Felipe Santana.

“Está todo en el Tribunal Constitucional”, dijo el Mandatario esta mañana al ser consultado por estos nuevos antecedentes evitando ahondar en el punto, mientras que Cordero señaló que “el TC pidió reserva de esa información, esos antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en la referencia que se realiza a ese expediente. Pero lo que he aprendido en mi vida profesional es que los abogados no litigamos por la prensa, así que vamos a esperar la decisión del tribunal”.

Con el fantasma de los indultos de nuevo en el debate público, en La Moneda y en el Ministerio de Justicia desdramatizan la existencia de esos informes.

Fuentes de Palacio señalan que es normal que haya indultos otorgados a contrapelo de lo recomendado por Gendarmería porque es una decisión presidencial exclusiva y que pondera distintos elementos y factores. Este argumento es refutado por exministros de Justicia como Soledad Alvear y Jaime Campos.

De esta manera, en el gobierno insistieron hoy en la estrategia que han fijado desde que asumió Cordero: canalizar a través de él todas las complejidades relativas al proceso de alegatos que lidera el CDE ante el tribunal y evitar vocerías paralelas.

El gesto no es menor, sobre todo, cuando el gobierno inauguró el sábado recién pasado su segundo año en el poder, ajustando su relato con un foco centrado en la gestión y en recuperar la agenda.

Pese a todo, en La Moneda reconocen que el tema, por su naturaleza y origen, siempre será complejo y que, por lo mismo, esperan que el Tribunal Constitucional resuelva a la brevedad. Una vez emitido el fallo, el gobierno tendrá que acatar, dicen las mismas fuentes.

En La Moneda no olvidan que el otorgamiento de dichos beneficios generaron una de las mayores crisis políticas en lo que va de la administración actual e implicaron un golpe duro al equipo del propio Presidente. Tras las “desprolijidades” que rodearon el proceso -y que reconoció el propio Boric y su ministra vocera, Camila Vallejo, aunque nunca se especificaron del todo-, en enero pasado el Mandatario pidió la renuncia de su entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, pero también a su otrora jefe de gabinete y amigo, Matías Meza-Lopehandía.

Desde la oposición reaccionaron con indignación a los nuevos antecedentes conocidos y afirmaron que mantendrán la línea fijada con este tema. Lo que se contempla es radicar todo el tema en la comisión investigadora que lanzarán en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Fue hace dos meses que la Cámara Baja aprobó la creación de ésta, pero todavía no se ha constituido, lo que despertó la molestia en Chile Vamos. Por ello, es que el secretario general de RN, Diego Schalper, se contactó con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, y trascendió que dicha comisión podría partir este martes. En RN algunos acusaban que la demora de la conformación de la comisión se debía a falta de funcionarios de la corporación, lo que atribuían a que supuestamente algunos fueron a colaborar al Consejo Constitucional.

Pero -con todo- será en esta instancia donde desde la oposición esperan seguir dándole vitrina al tema e invitar a algunos de los involucrados, entre ellos al ministro Cordero, al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a exautoridades como la exministra Ríos, y el exjefe de gabinete Meza-Lopehandía. Estos últimos no tienen la obligación de ir, al haber dejado de ser funcionarios públicos. También se piensa mandarle cuestionarios de preguntas al propio Boric.

Con todo, en la oposición hay quienes creen que los nuevos antecedentes sobre Gendarmería hacen acusable al Presidente Boric. En esa línea se encuentra el RN Miguel Mellado, junto con algunos de sus pares. De ahí que se espera que las conclusiones de la comisión investigadora arrojen luces de si se debe impulsar el libelo o no.