La exjefa de gabinete de Michelle Bachelet asumirá en los próximos días un cargo estratégico en el equipo de la titular de Interior, sellando así un minucioso proceso de selección de nuevos fichajes que encabezó Siches para reforzar a su grupo de colaboradores tras su turbulenta instalación. Con su arribo sale de la cabeza del gabinete el médico Roberto Estay. La noticia de su llegada, en todo caso, generó incomodidad en sectores del PS y el FA.

La secretaria de Estado de Desarrollo Social también dijo, sobre la restitución de tierras, que “tenemos conversaciones con empresas forestales para buscar otros mecanismos de compra que sean más rápido y que nos permitan comprar más hectáreas”.

Tras semanas de intensas e infructuosas tratativas con sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista, el Presidente se vio obligado a recurrir a una herramienta que nunca quiso aplicar. Antes de firmar el decreto que ingresó esta mañana a la Contraloría, el Mandatario consultó a sus asesores más cercanos, al comité político y a senadores de la Macrozona Sur como Jaime Quintana y Francisco Huenchumilla. Los costos políticos que conlleve la determinación aún están por verse, según afirman en Palacio, sin embargo, en el oficialismo ya resienten las deslealtades que -acusan- dejaron las negociaciones.

En el documento presentado por el Ejecutivo se establecen una serie de medidas que ya se habían visto en otros Estados de Emergencia aplicados anteriormente, como la autorización de reuniones, control de accesos o el dictar medidas de protección para servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales, entre otros.

La decisión fue informada anoche por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien anunció una serie de otras medidas para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur, entre ellas, solicitar un fiscal preferencial para los delitos como el narcotráfico y el robo de madera. El estado de excepción de emergencia será "acotado" y regirá sólo para rutas y caminos.

Patricio Morales criticó la postura de algunos sectores oficialistas, como el PC y el Frente Amplio, quienes han sido críticos respecto a la propuesta del gobierno para la Macrozona Sur. "Ningún partido de gobierno está para exigir trajes a la medida”, dijo.

A una semana de la salida de libreto de la ministra Marcela Ríos (Justicia), quien relativizó que Celestino Córdova fuera un preso común, su par Jeanette Vega (DD.SS) abrió nuevamente un flanco al gobierno en torno a la existencia de presos políticos en el país. Según advierten en Palacio, la ministra no siguió las instrucciones comunicacionales de la Secom y le pidieron retractarse. Sus dichos, reconocen en La Moneda, enredan los esfuerzos del Ejecutivo por avanzar en un acuerdo amplio por la seguridad.

Guillermo Teillier también abordó la crisis en materia de seguridad y aseguró que “el partido está entregando todo su apoyo al gobierno, lo que no quiere decir que no tengamos una mirada crítica cuando corresponda.

En el Ejecutivo están todos los esfuerzos concentrados en encontrar una rápida solución al tema del Estado intermedio que se quiere impulsar para resguardar las rutas de la Macrozona Sur con ayuda de efectivos de las FF.AA.

La canciller revela las gestiones que está realizando el gobierno para posibilitar la participación de esos países en la próxima Cumbre de las Américas, pese a las reticencias del anfitrión -EE.UU.- por considerar que en ellos “no se respeta la democracia”. “Hay que cambiar la receta: la región necesita dialogar más allá de sus diferencias”, señala Urrejola, quien agrega que ha abierto un canal de conversación con su homólogo en el régimen de Maduro.

Ante la división que existe en la coalición oficialista ante la iniciativa, que entrega un nuevo rol a las FF.AA., el gobierno le pidió al senador Matías Walker (DC) dar más plazo a las negociaciones y cancelar la citación del lunes de la comisión en la que el Ejecutivo presentaría sus indicaciones.

A cinco meses de la elección en Brasil, en el gobierno ya miran con atención el escenario político en ese país y un eventual triunfo de quien podría convertirse en un aliado de Boric en la región: el exmandatario Lula da Silva. Aunque en los sondeos de las últimas semanas, Bolsonaro -que apuesta por su reelección- ha acortado la distancia, en la coalición y en La Moneda confían en un triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores, lo que sería estratégico para Chile, en medio de una relación que se ha tensionado y donde el embajador designado por esta administración, Sebastián Depolo, sigue a la espera del beneplácito para partir a Brasilia.

En sectores del oficialismo admiten que, pese a lo que se esperaba, el Socialismo Democrático ha actuado más alineado con el gobierno del Presidente Gabriel Boric que sus pares de Apruebo Dignidad. Desde el PS en particular han manifestado su molestia por un trato que, según afirman, ha sido prioritario para el PC, quienes han sido menos "leales" en sus respaldos a los proyectos enviados por el Ejecutivo.

En las Fuerzas Armadas (FF.AA.) existe cierta incomodidad con el anuncio del Ejecutivo que pretende disponer de la fuerza militar para contener la violencia rural en las carreteras de La Araucanía y Arauco. Entre las aprensiones de la institución -ya manifestadas a Defensa y a la comisión ad hoc del Senado- está que no cuentan con un respaldo jurídico para actuar, tampoco con elementos disuasivos y con márgenes claros para operar. Una historia que se repite, como lo ocurrido en 2019 cuando el expresidente Sebastián Piñera los sacó para controlar el orden y seguridad en las calles.

Proceso participativo que prepara el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, para delinear la política de comercio exterior del país podría generar -a juicio de exautoridades y expertos- mayores incertezas ante socios estratégicos.