Cada 10 de septiembre volvemos a hablar de lo mismo. Que hay que pedir ayuda, hay que escuchar, nadie debería sufrir solo. Nada de eso está mal. El problema es que nos quedamos ahí, como si decir “habla” fuera el final de la historia y no apenas el primer paso.

Casi nadie pregunta qué pasa después. Qué pasa cuando alguien de verdad junta el valor y dice “no puedo más”, y al otro lado encuentra una hora para varias semanas más, un precio que no puede pagar o una larga lista de espera. Porque una cosa es decir “pide ayuda”. Otra, bastante distinta, es que esa ayuda esté ahí.

Eso no significa que las campañas que invitan a hablar y pedir ayuda no sean necesarias. Lo son. Hablar importa, y una familia que aprende a escuchar sin juzgar puede cambiar muchas cosas.

Pensemos en una mujer que prepara el desayuno de sus hijos, revisa que lleven las mochilas y luego se arregla para ir a trabajar. Todo mientras en su cabeza ronda la idea de que dejar de existir sería un alivio. Si logra decirlo en voz alta a un amigo, a su pareja, a quien sea, ya dio el paso más difícil. Ahí es cuando nosotros, como sistema, tendríamos que estar a la altura. Hoy, demasiadas veces, no lo estamos.

Una consulta psiquiátrica particular puede rondar los $100.000. Para muchas familias eso no es un gasto menor: es la mensualidad del colegio o la mercadería de la semana. Así que la persona hace cuentas, ve qué puede postergar y termina postergándose a sí misma. Y ojo que esa consulta es apenas el comienzo: después vienen los controles, la psicoterapia, tal vez fármacos. Se puede saber perfectamente qué se necesita y aun así no tener con qué pagarlo.

Existe el GES. Existe el Copago Cero. Son avances reales, no los voy a minimizar. Pero la gratuidad no fabrica horas de especialista de la nada. Los datos de la Superintendencia de Salud sobre el uso de las prestaciones GES en salud mental son bastante claros: la depresión concentra las listas de espera más largas del sistema, dentro y fuera del GES, y los casos nuevos en lo público se dispararon tras la pandemia. El monitoreo de garantías de oportunidad ha registrado, año tras año, cientos de prestaciones que no llegaron dentro del plazo que la ley promete.

En 2022, según cifras del propio Ministerio de Salud, la espera promedio para una primera consulta de psiquiatría adulta bajó de 401 a 344 días. En psiquiatría infanto-adolescente, de 427 a 341. Sí, aunque la espera se redujo más de un 15%, sigue siendo de aproximadamente un año. Y ese tiempo no es un número en una planilla. Son once meses trabajando, criando, fingiendo que todo va bien mientras algo por dentro se sigue quebrando. Once meses en los que alguien puede perder el trabajo, quedarse sin la poca red de apoyo que tenía o, simplemente, cansarse de insistir frente a un sistema que le exige paciencia justo cuando lo que tiene es urgencia.

Y cuando finalmente consigue la hora, el problema tampoco termina. El Ministerio de Salud planifica los controles de psicología en Atención Primaria con una concentración de entre cuatro y seis atenciones al año por persona, según sus propias orientaciones técnicas de programación en red. No es un tope clínico oficial, es apenas una referencia de planificación. El detalle es que esa referencia termina decidiendo cuántas horas de profesional existen y, por lo tanto, cuántas veces al año alguien puede volver a pedir ayuda.

¿Cómo se sostiene un tratamiento con un control cada dos meses cuando hay riesgo suicida y lo que se necesita es volver en dos semanas? La frecuencia debería depender del estado clínico y del riesgo. Hoy depende de cuántos cupos quedan en la agenda.

Conseguir una hora tampoco es el final. Una crisis de salud mental puede significar que, por un tiempo, una persona no esté en condiciones de trabajar. Que necesite una licencia médica. Lograr que la acepten, apelar si la rechazan y sobrevivir económicamente mientras todo eso ocurre es un cuento tan conocido como absurdo.

Un metaanálisis de 113 investigaciones, publicado por la psicóloga Hannah R. Snyder, encontró que la depresión mayor puede afectar justamente funciones ejecutivas como organizarse, planificar y mantener información en la cabeza. El estudio no habla de trámites específicos, pero explica bastante bien algo que cualquier persona que haya peleado con una licencia rechazada conoce: abrir el computador, leer las instrucciones, perder el hilo a la tercera línea, volver al principio y terminar cerrando la pestaña con la sensación de que tampoco pudo con eso.

Es decir, le pedimos a una persona que apenas logra ordenar sus pensamientos que ordene documentos, siga instrucciones, cumpla plazos y, si algo sale mal, apele.

Mientras apela, las cuentas siguen llegando. El arriendo, el supermercado, el colegio, los remedios. Decirle que tiene derecho a reclamar es apenas media respuesta. La otra mitad es que entienda cómo hacerlo y, muchas veces, que tenga cabeza para hacerlo.

Por supuesto que el suicidio no se explica por una licencia rechazada, una lista de espera o una hora que nunca llegó. Sería absurdo decirlo. Pero también es absurdo hablar de prevención como si todo dependiera de que una persona encuentre las palabras para pedir ayuda.

Prevenir el suicidio no puede reducirse a un teléfono de ayuda y un afiche bien diseñado cada septiembre. Necesita presupuesto real, horas profesionales contratadas y tratamientos que no se corten a los seis controles porque así lo dice una planilla.

Este 10 de septiembre, más que preguntar si alguien se atreve a decir “necesito ayuda”, habría que preguntar cuánto tendrá que esperar, cada cuánto la van a atender de verdad y quién va a estar ahí el día en que ya no le queden fuerzas para seguir insistiendo.

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Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento así, en Chile puedes llamar a Salud Responde al 600 360 7777, opción 1, o marcar *4141, disponibles las 24 horas, todos los días del año.