Poco más de tres meses han pasado desde que la Fiscalía de Viña del Mar concretó la detención de Natalia Álvarez, propietaria de la empresa Probarte Banquetería SpA, compañía que se hizo conocida en redes sociales por la serie de denuncias por servicios de banquetería en matrimonios que no se hicieron.

En junio pasado, la mujer y su pareja, José Galarace, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el fiscal Leonel González, acusados del delito de estafa reiterada de casi $100 millones. Ambos al ser considerados un peligro para la sociedad después de estafar a una veintena de parejas, quienes habían pagado millonarios montos por el servicio.

Pero esta semana en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se dictó la primera sentencia del caso. Galarce, según pudo conocer La Tercera fue condenado en un procedimiento abreviado luego de que accediera a colaborar en la investigación, lo que le valió el reconocimiento de los hechos a cambio de acceder aquello.

Según los antecedentes, la pareja de Álvarez declaró ante el Ministerio Público aportando antecedentes relevantes para la indagatoria en contra de la propietaria, quien sigue en prisión preventiva.

Al imputado, a raíz del reconocimiento de su colaboración, se le condenó a 300 días de cárcel, los que fueron sustituidos por la libertad vigilada por parte de Gendarmería. Además de eso, Galarce deberá pagar una multa de 5 UTM.

El abogado querellante en el caso, Agustín Walker del estudio Luengo Montt Abogados, quien representa a las parejas estafadas, destaca que valoran el avance de la causa.

En ese sentido, explica que a Galarce “se le condenó a una pena en libertad porque admitió los hechos y antecedentes en su contra, colaboró con la investigación, entregó antecedentes para reforzar la imputación en contra de Natalia Álvarez que es la principal responsable, y además realizó una reparación económica de parte del mal causado”.

Un mecanismo establecido

Durante la audiencia en la que se condenó al imputado, el tribunal detalló, a partir de los antecedentes del Ministerio Público, el mecanismo que usó la pareja para llevar a cabo sus engaños.

Según los antecedentes del Ministerio Público, por medio de redes sociales la supuesta banquetera, que contaba con dos sucursales, captaba a sus clientes a quienes bajo una supuesta fachada de negocio les ofrecía el servicio para sus matrimonios.

Probarte, según los investigadores, no contaba con solvencia económica para llevar a cabo los servicios en matrimonios. Los imputados fingían una solvencia, capacidad financiera, disposición de medios humanos e insumos suficientes. Además de eso, aseguraban tener redes de suministros confiables, entre otros elementos.

Sin embargo, nada de esto era efectivo, ya que según se logró establecer, ambos imputados con meses de antelación al evento, sabían que no estaban las condiciones para cumplir el servicio que ofrecían.

Pero incluso sabiendo aquello, la pareja solicitaba el pago del 20% de los servicios para crear una “reserva”. Los montos, incluso siendo sólo un porcentaje, correspondían a cobros de hasta $20 millones dado el costo total de los servicios. Dichos dineros, según determinó el tribunal, eran utilizados por la pareja para saldar sus cuentas.

A raíz de aquello, el día de sus matrimonios, las parejas que contrataban a la banquetera no recibían los servicios, viéndose obligados, a cambiar sus celebraciones el mismo día del compromiso. Lo que generó grande perjuicios en los afectados.

El rol de cada uno

Cada uno de los imputados, según determinó el tribunal, logró tener un rol en la estafa. Álvarez, era quien tenía la principal participación, ya que figuraba como la dueña y directora general de Probarte.

En ese rol fue quien asumió la función de captar e interactuar con los clientes a través de redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos e incluso en reuniones. La propietaria, además, era quien enviaba los supuestos presupuestos, detalles de los servicios y contratos, a los involucrados. Así como también a realizar los cobros.

Pero no sólo eso, también basándose en su supuesta experiencia en el rubro, fue quien exigía a los clientes a realizar los pagos, sabiendo que no contaba con la capacidad para prestar los servicios.

Su pareja figuraba en la empresa como el supuesto chef ejecutivo. Pero además de eso, se determinó que Galarce era quien facilitaba sus cuentas bancarias para recibir los pagos, teniendo pleno conocimiento del engaño y cómo dichos recursos que recibían a partir del engaño, después serían destinados a otros fines.