El Ministerio Público solicita una pena de reclusión efectiva de más de 10 años. El próximo 22 de agosto será la audiencia de lectura de sentencia, en la cual se comunicará la pena que deberá cumplir el exsacerdote.

El persecutor de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Miguel Rojas, relata cómo se fueron reconstruyendo las piezas de un caso que -dice- marcará un hito en materia de persecución penal, a partir de la perspectiva de género. Además, señala que el condenado borró más de 15 mil archivos desde sus dispositivos y que con el correr de los años evolucionó en su conducta criminal: "Comenzó con abusos y terminó con violaciones".

Los audios fueron pruebas claves para acreditar la culpabilidad de Martín Pradenas en las agresiones de carácter sexual en contra de Antonia Barra, así lo determinó el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en la lectura de su fallo, donde además se le condenó por otros seis delitos de carácter sexual.

Abogados defensores del programa migratorio que protege de la deportación a miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños, señalaron ante la Corte Federal de Apelaciones de Nueva Orleans que ponerle fin a esa disposición trastocaría cruelmente las vidas de miles de refugiados que se han convertido en contribuyentes fiscales y ayudan a impulsar la economía del país.

Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el modus operandi era el siguiente: desde Chile se acordaban las compras y luego se enviaba a un emisario a Houston, Texas, para pagarlas, recibirlas y enviarlas. Ya en nuestro país, se le entregaba dinero a “palos blancos”, los que recibían los paquetes a su nombre y luego los traspasaban a los integrantes del grupo para su comercialización.

De los 13.900 funcionarios que trabajan en los diferentes tribunales y cortes del país, hasta ahora el 61% de ellos lo hace de manera telemática, otro 10% está con licencia médica y un 1% está "sin labores". ¿La razón?, la normativa lo permite, incluso, promueve que el trabajo judicial se realice de forma remota, pese a haber sido priorizados en la inoculación de vacunas.

De aprobarse una nueva Constitución, advierten distintos abogados, el número de acciones judiciales de este tipo podría aumentar ante el incremento de derechos constitucionalmente garantizados en el texto que ofrecerá la Convención. A ello se suma la entrada en vigencia de la acción de tutela, que reemplaza a los recursos de protección y que cambia la forma en que se tramitan.

El ahora exsacerdote, quien fue expulsado el 2019 por el papa Francisco, fue acusado de abuso sexual en contra de cuatro menores de edad, hechos que ocurrieron entre los años 2006 y 2013. A lo que se suma la violación reiterada en contra de una misma persona entre los años 2017 y 2018.

La abogada del cineasta, Paula Vial confirmó que “tal como lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con la condena de cinco años y un día y solicitaremos la nulidad del juicio”.

Los abogados Juan Ignacio Correa y Esteban Ovalle recurrieron ante el 4°Juzgado Civil de Santiago por “evidentes inconstitucionalidades” en la conformación de la Convención Constitucional (CC). Según argumentaron, la ley que dio pie a la existencia de los 17 escaños reservados para pueblos originarios sería completamente irregular y fijaría “vicios de partida” en el proceso.

Una serie de incidentes han escalado la tensión de los conflictos al interior del organismo que debe velar por resguardar la Carta Fundamental actual. “Los relatores han perdido el respeto a la autoridad y desconocen jerarquía de quienes ejercen cargos superiores, lo cual se considera gravísimo”, denunció uno de los ministros.

El tribunal de alzada de Santiago acogió la recusación presentada por el defensor Samuel Donoso, quien acusó al magistrado de no abstenerse de emitir un pronunciamiento de una causa que involucra al ex Mandatario. El magistrado descarta que haya efectuado un dictamen previo, pero no lo logró acreditar ante sus superiores quienes lo marginaron de conocer o adoptar decisiones de una causa caratulada como "torturas".

El Ministerio Público sostenía que los detenidos, dos socios de la cadena de restaurantes “Lai Thai", traían personas desde ese país para trabajar ilegalmente en Chile. Sin embargo, tras un largo proceso la justicia determinó que estos hechos jamás pudieron ser probados, cuestionando incluso los peritajes y pruebas presentadas por el ente persecutor. Ahora el Estado arriesga una demanda y el pago de las costas del juicio.

El litigio judicial comenzó el 2017 cuando la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista se querelló contra el alcalde de Recoleta luego de que la municipalidad rechazara la solicitud de recepción de las obras y emitiera una orden de demolición de la construcción. Luego de años de disputas judiciales, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago volvió a revisar la causa a solicitud de la defensa de Jadue, determinando su sobreseimiento definitivo.

La nueva embestida judicial del excomandante en Jefe es pedirle al Tribunal Constitucional que revise lo antes posible el requerimiento presentado por su defensor, el abogado Juan Carlos Manríquez, que pide paralizar parcialmente el denominado caso Fraude en el Ejército. El oficial retirado está citado para este viernes 1 de abril en calidad de inculpado.