El doctor Andrés Chahín presentó el pasado viernes una querella en contra de su socio Rodrigo Mardones, director médico de Clínica Las Condes (CLC), por el presunto delito de administración desleal en el marco del fallido proyecto inmobiliario Marina Golf Rapel.

Se trata de una nueva arista penal que enfrenta el médico, quien es reconocido como uno de los hombres de confianza de Alejandro Gil, presidente del directorio de la compañía y pareja de Cecilia Karlezi, quien controla CLC a través de Lucec Tres S.A.

De acuerdo al reportaje publicado por Pulso Domingo, Marina Golf Rapel tuvo días felices. Extrabajadores del complejo recuerdan varias temporadas, especialmente entre 2014 y 2016, en que el restaurante pasaba lleno, la marina repleta, se jugaba el abierto de golf de Rapel y las avionetas iban y venían los fines de semana. De ese tiempo datan casi todas las postales del recinto, que hasta tenía un programa de TV en UCV, conducido primero por Vasco Moulian, quien durante unos meses fue gerente de marketing del resort, y después por Pamela Díaz y Giancarlo Petaccia.

A la fecha, la fiscalía investiga a Mardones por los préstamos que habría conseguido de los empresarios Luis Bilbao, Gladys González, “la Cuca”, y de los jugadores Mauricio Pinilla y Pablo Contreras -entre otros-, para intentar salvar su proyecto inmobiliario.

En la acción penal, a la que tuvo acceso Pulso y que se tramita en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el doctor Andrés Chahín denunció que Mardones lo mantenía con una permanente expectativa de que el proyecto sería comprado en su totalidad por algún grupo económico o algún inversionista.

“Tras las dificultades económicas que produjo el estallido social y la pandemia, y las consecuencias que ello implicaba para los flujos del proyecto, el querellado manifestaba que la situación sería íntegramente resuelta mediante la venta del proyecto total (ya no a través de cada una de sus unidades) a interesados con los que manifestaba estar negociando. Tal fue el caso de las negociaciones que manifestó tener con don Jacob Ergas, el grupo LarrainVial, un grupo de inversionistas chinos o SICAL”, detalló Chahín, traumatólogo especialista en columna, en la querella que patrocina el abogado Jorge Gálvez, socio de Gálvez & Gana.

“Ello nos disuadía de escalar el conflicto y generar publicidad negativa para el proyecto, ya que nos parecían plausibles las advertencias de que el ruido que podría hacer un declarado conflicto entre socios podría terminar de matar la viabilidad económica de este centro de vacaciones y turismo”, acotó.

Para llevar adelante el proyecto, el querellante junto a Mardones y Mauricio Wainer, otro médico, formaron tres sociedades: Sociedad Inmobiliaria Marina Rapel S.A; Inversiones Hoyo 19 Limitada, e Inmobiliaria Galenos S.A., y otras menores para fines específicos, como Náutica Rapel. La administración de estas empresas estaba a cargo de Rodrigo Mardones Petermann, quien formalmente ejercía como gerente general, y de facto tomaba todas las decisiones.

Chahín conoció a Rodrigo Mardones cuando él entró a trabajar en la Clínica Las Condes, ejerciendo la especialidad de traumatología. A partir de entonces y hasta poco tiempo atrás, forjaron una fuerte amistad que implicó acompañarse y asistirse en distintos momentos de sus vidas personal, profesional y familiar.

“Fue por ello que, al igual que otros familiares de Rodrigo Mardones y otros colegas médicos (especialmente el Dr. Mauricio Wainer Elizalde), accedí a participar en numerosos emprendimientos que el querellado permanentemente ideaba y ofrecía gestionar”, explicó Chahín.

El médico describió a Mardones como “una persona muy activa en la exploración de posibles negocios que, a cambio de un aporte de capital, ofrecía hacerse cargo de la gestión de emprendimientos de diversa índole”.

Cuenta también que accedió a participar en un negocio de desarrollo de aplicaciones tecnológicas, otro de lavado de autos, una productora de televisión, y uno relacionado a la minería (para la adquisición de pertenencias mineras). “Precisamente en este último se verificaron situaciones que estimé altamente perjudiciales para mi patrimonio y mis intereses, y que generaron un importante distanciamiento con el querellado en el plano personal”, relató.

El pasado domingo 16 de julio, Pulso publicó un reportaje sobre el fraude que afectó a la empresa financiera Primus Capital. De acuerdo con lo señalado en el reportaje, los antiguos administradores de Primus Capital habrían puesto en marcha un sofisticado esquema delictivo orientado a defraudar a dicha empresa.

El esquema fraudulento involucraría la utilización de múltiples instrumentos privados mercantiles falsos (entre ellos cheques) en operaciones de financiamiento meramente ficticias, algunos de los cuales se atribuyen al propio Rodrigo Mardones.

“Pues bien, fue a partir de este reportaje que tomé conocimiento de la posible participación, por medio del suministro de cheques sin fondos o incluso materialmente falsos, del querellado Mardones en este esquema delictivo, siendo altamente presumible que el querellado Mardones haya suministrado cheques de algunas de las empresas del negocio Marina Rapel en el esquema fraudulento, exponiendo gravemente el patrimonio y reputación de los socios”, sostuvo Chahín.

Según dijo, esta información de prensa es coincidente con la negativa de entrega de información financiera y contable de las sociedades administradas por Mardones relacionadas con el proyecto Marina Rapel, “siendo presumible que tal negativa buscase evitar que los socios y nuestros abogados pudieran descubrir que los cheques de una o más de nuestras sociedades eran suministrados a un factoring para efectuar operaciones fraudulentas”.

“Hemos tomado conocimiento de una serie de gastos incurridos por Rodrigo Mardones en la contratación de familiares y personas cercanas, con cargo a las sociedades del proyecto Marina Rapel, para labores cuya efectiva realización desconocemos, lo mismo que los criterios de selección y determinación del valor de los productos y servicios adquiridos. Ello, nos hace presumir que, a espaldas de sus socios, el querellado ha privilegiado sus intereses personales por sobre el interés societario en la administración de nuestro patrimonio”, concluyó la acción penal.