En noviembre de 2015, el fundador del holding Grupo Arcano, Alberto Chang-Rajii se jactaba que su fondo de inversión privado tenía oficinas en Miami, Londres, Sydney y Santiago. Contaba con una cuenta bancaria del JP Morgan Chase en Estados Unidos y a sus ejecutivos del Banco de Chile les pedía que hicieran transferencia para financiar los arreglos de su casa en exclusivo balneario de las Islas Vírgenes Británica (BVI en su sigla en inglés).

El ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales (UDP) abandonó Chile dejando atrás un centenar de víctimas que creyeron en su modelo de negocios con la promesa de suculentas ganancias con un mínimo capital de riesgo. A la fecha, el empresario -acusado por el Ministerio Público de orquestar una “estafa piramidal”- reside en Malta y por temor a ser extraditado, no se mueve fuera de las fronteras del archipiélago mediterráneo.

En conversación con Pulso, Verónica Rajii -su madre- explicó que “hace cuatro años que no sé nada de él, me borró de su vida. “No tengo a quién contactar. Me bloqueó de todo. En febrero para su cumpleaños le escribí un correo y no acusó recibo”, acotó. “No tengo la menor idea de dónde está. Al menos no han seguido molestándome, porque ellos (los inversionistas) se dieron cuenta finalmente que nunca estuve metida. A la oficina fui dos a tres veces a saludar a mi hijo y lo único que hice fue poner la firma del 10% para que pudiera ser una sociedad anónima. Ese fue mi gran error y hay gente que se ha disculpado, porque entendieron que fui el jamón del sándwich y el chivo expiatorio”, concluyó.

A siete años de su fuga, los inversionistas de Grupo Arcano insisten en recuperar sus fondos y evalúan trasladar el conflicto a Europa, solicitando declarar la quiebra de Alberto Chang en Malta y pedir la repatriación de dineros que mantiene en bancos de Suiza.

Se trata de un poco más de un millón de dólares que finalmente no cubre ni una centésima parte de los fondos defraudados, que ascienden a US$100 millones. Esto luego que la junta de acreedores solicitara la quiebra de Chang en el territorio británico de ultramar y la representación en Suiza. Al mismo tiempo, en este último país, el empresario creó una fundación que supuestamente ayudaba a niños de escasos recursos. Hoy de dichos fondos quedan casi US$900 mil, que también esperan ser repatriados.

Entre las víctimas que hoy figuran como acreedores están no sólo ex clientes del Grupo Arcano y Onix Capital S.A. -otra de las filiales del holding-, sino que también sus ex ejecutivos de las sociedades de Chang, como David Senerman y Niccole Soumastre, con créditos que suman $124 millones.

En este mismo proceso de la quiebra como persona natural de Alberto Chang, la Tesorería General de la República exige la restitución de $2.689 millones.

Al ser consultado su abogado, sobre la nueva arremetida legal, Alex Carocca sostuvo que “ellos están en su derecho a iniciar las acciones que estimen pertinentes, pero las posibilidades de que les vaya bien son muy remotas”. El defensor recordó que la justicia de Malta determinó que la solicitud de extradición de Chang carecía de fundamentos por el supuesto fraude y su eventual responsabilidad. “Ellos pueden hacerlo, pero me parece que las posibilidades son muy escasas”, concluyó, añadiendo que su cliente permanece en contacto con su madre a través de otros familiares.

Rodrigo Rettig, abogado que representa a 44 víctimas, con un monto defraudado de $10.000 millones, sostuvo que en caso de existir indicios de activos en Malta es partidario de iniciar gestiones legales para su recuperación. “La pregunta que surge es: ¿existen activos o no? Entonces, nos encontramos con el problema de la superintendencia y el liquidador concursal”, acotó. Esto en alusión a los cuestionamientos que enfrenta el liquidador de la quiebra del empresario, Carlos Parada, por su actuación en la liquidación de la Universidad del Pacífico.

“En Suiza están los últimos activos de Alberto Chang y una vez que sea repatriados se podría hacer la sexta repartición de dineros”, añadió el abogado, que en enero de este año presentó dos querellas en contra de Banco de Chile y Banco Santander, acusándolos de no reportar como operaciones sospechosas las transferencias de dineros que efectuó el empresario.

Por medio de una declaración por escrito, Banco Santander explicó que no ha sido notificado de la acción penal y “ha dado estricto cumplimiento a lo señalado en la Ley y así se lo hemos dado a conocer a los demandantes en sede civil y tenemos las pruebas para acreditar que el Banco no es responsable de inversiones que los demandantes y querellantes realizaron”.

Mientras, Banco de Chile declinó efectuar comentarios sobre el contenido de este artículo.

Se trata de la segunda ocasión en que las víctimas lanzan una arremetida legal en contra de los bancos. El 6 de septiembre de 2019, Rettig presentó una demanda de indemnización de perjuicios que actualmente es tramitada en el 25° Juzgado Civil de Santiago.

El 20 de marzo de 2020, Banco Santander contestó en duros términos la acción civil., asegurando que “los demandantes, que sólo pueden atribuir sus desdichas patrimoniales a quien les defraudó y engañó, amén de su propia codicia e imprudencia al pretender rentabilidades de sus dineros que resultaban inverosímiles, merced a confiárselos a entidades ajenas a todo control o supervigilancia estatal, como lo hicieron al entregarle sus dineros a Chang, siendo crédulos de sus promesas de desmesuradas ganancias”.