Los acreedores de Enjoy: no sólo le debe a los bancos, también a sus abogados y directores

La compañía de casinos Enjoy, cuyos principales accionistas son los acreedores de su primer proceso de reorganización judicial que tuvo lugar entre 2020 y febrero de 2022, solicitó este lunes ante el 8° Octavo Juzgado Civil de Santiago el inicio de un segundo procedimiento concursal de reorganización judicial, debido a que sus severos problemas de liquidez le han impedido cumplir con sus compromisos financieros.

No te pierdas en Pulso

La jueza Isabel Eyzaguirre Flores es quien deberá resolver la solicitud, aunque rechazó la petición de la empresa de declarar reserva del caso.

La noticia golpeó fuerte a la acción de Enjoy, que abrió con una caída de hasta el 60% este martes en la Bolsa de Santiago, pero después recortó esa baja a cerca del 37%, por lo que a mediodía cotizaba en $0,55 por papel. En agosto del año pasado fue la última fecha en que el precio del título superó $1.

En su presentación al tribunal, la empresa explicó las razones de por qué llegó a esta nueva situación crítica: “Enjoy sufrió profundamente las consecuencias de la postergación del levantamiento de las restricciones sanitarias que afectaban a la industria de casinos y entretenimiento producto de la pandemia del Covid-19, las que se extendieron hasta el tercer trimestre del año 2022 (...) Adicionalmente, se presentó un aumento de los costos debido al inesperado y significativo aumento de la inflación lo que impactó negativamente en la estructura de costos de la sociedad”.

Adjunto al documento, la compañía dio cuenta de sus acreedores, los que son encabezados, como normalmente ocurre, por los bancos. Sin embargo, el listado es más extenso e incluye a proveedores, abogados y hasta miembros de su directorio.

La deuda total que exhibe la empresa alcanza a $321.361 millones o US$345,5 millones (al tipo de cambio de ayer lunes).

Los mayores acreedores públicos con garantía son los tenedores de un bono 144-A emitido en Estados Unidos, representados por el banco UMB Bank, con casa matriz en Kansas City, por el equivalente a $201.450.373.329 (US$216 millones), que tienen prenda sobre varios activos inmobiliarios de Enjoy como los casinos de Coquimbo y de Pucón.

Además, entre las obligaciones con el público sin garantía, cuenta con dos bonos nacionales en pesos representados por el Banco de Chile, por un total de $41.968 millones (US$45 millones). Hasta agosto de 2023, entre los tenedores de este instrumento se encontraban dos de los principales accionistas de Enjoy: Euroamerica Seguro de Vida S.A. y Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., con un 26,7% y 14,6% del total del bono.

El único acreedor por préstamos bancarios como tal es el Banco Internacional, controlado por Inversiones La Construcción, el holding de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, con el que tienen tres créditos por $5.328 millones, $3.025 millones y $7.778 millones, cada uno, o sea, un total de $16.131 millones (US$17 millones).

Pero lo que más llama la atención en el listado es que entre sus acreedores se encuentran firmas que fueron importantes en el proceso de reorganización anterior.

De hecho, quien encabeza las cuentas por pagar a proveedores es el estudio de abogados Claro y Cía., al que le deben $438 millones. Este bufete fue el que llevó adelante el primer proceso de reorganización concursal y que ha asesorado a Enjoy además en los procesos que lleva en su contra la Fiscalía Nacional Económica por eventual colusión con sus competidores Dreams y Marina del Sol, y la investigación del regulador antimonopolios por su fallida fusión con Dreams, una operación que Enjoy consideraba como una tabla de salvación para mantener su funcionamiento, pero que finalmente ambas empresas desecharon en abril del año pasado.

La segunda mayor deuda a proveedores en facturas es a Inversiones Carmel, firma perteneciente a la familia Martínez, ex controladora de Enjoy (*), con $90 millones. También le adeudan el equivalente a $52,6 millones a la clasificadora de riesgo Fitch Ratings y a la clasificadora ICR, $6 millones.

En la actual causa de reorganización judicial, Enjoy es representado por el estudio jurídico Morales y Besa. Y esta firma también es acreedora: le deben $29,8 millones. Y a otro bufete, Carey, le adeudan $17,2 millones.

También son acreedores sus auditores: a KPMG le deben $24 millones y a Deloitte, $10 millones.

Por el lado de las personas relacionadas con la empresa, destacan todos los miembros de su directorio. A su presidente, Henry Comber, la empresa le adeuda honorarios por $13,6 millones. A su vicepresidente, Pier Paolo Zacarelli, le deben la misma cantidad de dinero. Ignacio Pérez es acreedor en $14,6 millones. Al economista Aldo Lema le adeudan $7,6 millones, y al abogado Octavio Bofill, $10,9 millones, lo mismo que a Jorge Lesser y a Ana María Orellana. A Jaime Maluk y Fernando Rioseco, en tanto, le deben $9 millones.

Y entre sus deudas al Estado, su acreencia con la Tesorería General de la República llega a $3.341 millones (US$3,6 millones).

(*) Por equivocación se vinculó la sociedad acreedora de Enjoy Inversiones Carmel a las familias Melnick y Yuselevich, quienes poseen una sociedad del mismo nombre, pero que no tiene relación con el caso.