Con una larga exposición del ministro de Justicia, Hernán Larraín, partió la revisión del proyecto que moderniza el sistema notarial en la Comisión de Constitución del Senado, tras la polémica que se levantó la semana pasada, porque el articulado estuvo congelado por 21 meses en esta instancia.

A propósito de la denuncia del Servel contra la candidatura de Diego Ancalao, quien presentó 23 mil firmas ante un notario fallecido, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reactivó públicamente su interés por avanzar en este tema y apuntó contra la comisión del Senado por mantener durmiendo el proyecto de notarios que llegó a su seno en enero de 2020. “Esta situación es completamente inexplicable, por qué no avanza este proyecto para mí es un misterio”, indicaba la autoridad.

Sus declaraciones no cayeron bien, tanto que el presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya, comentó tras la sesión de hoy: “El ministro aparece hablando de los notarios como si fuera el gran problema del Ministerio de Justicia. Lo que está haciendo es armar una falsa polémica con la Comisión de Constitución del Senado con el objeto de tapar la pésima gestión que tiene en los distintos servicios a su cargo”.

También fue lo primero que le dijo al ministro señalando las denuncias de vulneración de garantías de niños y adolescentes en el Sename de Antofagasta y Pudahuel, y de maltratos por parte de Gendarmería contra presos de la revuelta en la cárcel de Santiago, e irregularidades en el Registro Civil. Pero el ministro le respondió que estaba disponible para abordar esos temas después: “Estamos trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, para que se cumplan en esas instituciones con el mayor cuidado posible a las personas. Pero esto no tiene nada que ver con avanzar en el debate legislativo. Si hay un interés particular con Gendarmería y el Sename estamos disponibles para una sesión especial, no quisiera perder la oportunidad de concretar esta reunión que ha costado 21 meses tenerla”.

Antes de iniciar la comisión, el secretario informó que el senador Francisco Huenchumilla (DC) se inhabilitaría en la tramitación del proyecto de notarios “con arreglo en el Artículo 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, y el Artículo 8° del reglamento del Senado”.

Estos artículos señalan que los congresales “no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges”. Cabe recordar que la esposa del senador Huenchumilla, María Antonieta Suárez, ejerce como notaria en Lautaro.

Y aunque ambas normativas permiten que el parlamentario en cuestión participe del debate “advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”, Huenchumilla prefirió dar un paso al costado y prefirió que otra persona asuma su lugar durante la tramitación. Así, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), participó de la Comisión de Constitución.

En esta primera reunión, el ministro presentó el proyecto. No hubo tiempo para preguntas, así que los senadores quedaron en colocarlo en tabla una vez a la semana y que la próxima sesión se destine al intercambio de ideas para luego escuchar a los expertos o los interesados en dar su opinión sobre la iniciativa.

Después de varios días de acusaciones cruzadas con el gobierno por el congelamiento del proyecto, el senador Araya asegura que una de las razones ha obstaculizado el avance de notarios es el proyecto de firma electrónica avanzada. ¿Por qué están ligados? Porque el proyecto de notarios crea una plataforma tecnológica para agilizar los trámites, pero esta sólo podría funcionar si en el país hay certificación de firma electrónica para mantener la certeza jurídica de los actos.

Este proyecto fue enviado durante el primer período de Piñera en 2012 y el gobierno de Michelle Bachelet paralizó su trámite en 2014. Y el 11 de abril de 2018 con la llegada del Presidente se volvió a reactivar avanzando hasta quedar listo para su tercer trámite en el Senado y desde el 2 de enero de 2019 está en la misma Comisión de Constitución que por un tiempo lo mantuvo en tabla.

En la versión de Araya, el trámite se detuvo luego de que él mismo cuestionara -a través del envío de un oficio a la Contraloría- que un abogado vinculado a las empresas de certificación electrónica participara en las audiencias para revisar el proyecto en calidad de asesor del gobierno.

Se trata del abogado Raúl Arrieta, quien fuera colaborador del exsenador Felipe Harboe y que apareció ligado al caso Corpesca por la recepción de pagos. Arrieta aparece en la plataforma infolobby como lobbista representando a empresas como Intersysyems Chile Ltda. y gestor para Servicios Equifax Chile Limitada y Entidad de Certificación Electrónica con más de 6.700 audiencias.

Araya asegura que primero, a solicitud de parlamentarios de la UDI, se invitó al abogado en calidad de experto, sin que se señalara que era el representante de una de las empresas que se vería beneficiada si se aprobaba el proyecto.

“Pero más grave aún es que durante la discusión del proyecto esta persona estaba sentada en la oficina del Ministerio de Economía con el subsecretario Julio Pertuzé y no sabemos en calidad de qué, ¿era un asesor cuando representaba a una compañía?”, recalca Araya refiriéndose a la sesión del 13 de enero de 2020.

Por ello, el senador de Antofagasta envió un oficio reservado al contralor Jorge Bermúdez para “solicitar se sirva iniciar un procedimiento de fiscalización respecto del Ministerio de Economía, y de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, por eventuales incumplimientos a la Ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y por posibles infracciones al principio de probidad y transparencia”.

“Según información que ha llegado a mi conocimiento, este abogado se desempeña como fiscal de una de las entidades acreditadas (E-Certchile de propiedad de la Cámara de Comercio de Santiago), es decir, una de las eventuales beneficiadas con la aprobación de esta ley. Con todo, dicha audiencia no se ha registrado hasta la fecha en el portal de la Ley del Lobby y la concurrencia de esa persona no fue informada por parte del ministerio a la comisión”, dice el oficio enviado por el senador a la Contraloría.

En el escrito se indica que las autoridades del ministerio a cargo de Lucas Palacios afirmaron desconocer la relación de este abogado con la empresa, “pese a que en el portal de infolobby aparece al menos una reunión telemática el 9 de noviembre de 2020 con el subsecretario Sr. Pertuzé en dicha calidad”.

Lo grave de esta situación, manifiesta Araya, es que en Chile hay muy pocas empresas tecnológicas que pudiesen ofrecer el servicio de firma electrónica avanzada: “Esta persona aparece como gestor de intereses particulares de dos compañías que serían beneficiadas de aprobarse el proyecto”.

Hasta ahora, la Contraloría no ha emitido un informe, y mientras ello no ocurra la iniciativa tampoco será puesta en tabla.

“Mientras el gobierno no explique esta situación el proyecto no será votado en la comisión y esto lo saben tanto el ministro Larraín como el ministro Lucas Palacios. Yo no estoy disponible para que el día de mañana digan que la Comisión de Constitución legisló un traje a la medida de cierta empresa y terminar como Corpesca segunda parte”.