Gabriel Zaliasnik: Legítima defensa

Faltaban pocos minutos para las cuatro de la tarde del lunes cuando el exjefe de Carabineros Mario Rozas comenzó a declarar ante la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, por su eventual responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Aunque hace 10 días ya lo habían sacado de la dirección general de la institución, era un momento difícil para Rozas. Pero dos metros más atrás, para apoyarlo, estaba uno de los penalistas que más aparecen en esa esquina donde el mundo del poder intersecta con las calles del Ministerio Público.

Gabriel Zaliasnik Schilkrut, 53 años, habla rápido y con muchas ideas al mismo tiempo. Siempre fue así, en todo caso. Cuando defendía a la UDI en el caso Spiniak en 2003, el cual lo hizo públicamente conocido, costaba entender lo que el penalista quería decir. De ahí en adelante no ha parado; su firma está en los casos Cascadas, Penta, en las defensas de acusaciones constitucionales de los exministros Jaime Mañalich y Víctor Pérez, en varias querellas en que el mismísimo Sebastián Piñera ha sido apuntado, sobre todo después del estallido de octubre del año pasado.

Pero paradójicamente no es esa esquina donde el penalista quería estar el 2020. Todo lo contrario. Tras pasar seis meses en el segundo juicio oral contra el exejecutivo de SQM Aldo Motta -entre junio y diciembre de 2019-, planeaba tomarse un año sabático. “El juicio y lo extenso que se hace es en sí una condena”, bromea. Pero el estallido le truncó sus planes y no salió más del mundo laboral. Asumió de inmediato como abogado externo del gobierno en las querellas contra quienes cometieran desórdenes, y dio una fuerte pelea para que se persiguiera penalmente a quienes hacían “el que baila pasa”, un acto en que manifestantes bloqueaban a los autos cuyos conductores no querían bajarse a bailar al ritmo de la protesta. A Zaliasnik -expresidente y activo miembro de la comunidad judía- le recordaba las imágenes de la Alemania nazi. “Era una amenaza inaceptable a la libertad individual”, cuenta hoy, a más de un año de haber presentado una querella por estos hechos a nombre del Ejecutivo.

Además de que se trate de poderosos, la mayoría de las causas que toma el penalista tiene otro denominador común: su impopularidad. Él lo tiene claro y no solo desestima ese factor, sino que al decidir si tomar o no una defensa tiende a sopesar, dicen quienes lo conocen, la importancia democrática de asumir ciertas causas. Así lo hace ver en las clases que dicta en la Universidad de Chile. “El proceso penal no consiste en buscar justicia de cara a la opinión pública, pues si fuera así, sólo podría haber un veredicto posible: culpable”, afirma. “No creo que la ley exista para llegar a la verdad, pues si así fuera no tendríamos reglas de exclusión de pruebas, presunción de inocencia, ni exigiríamos a los jueces condenar solo cuando se supera toda duda razonable. El derecho penal no es sólo un extenso catálogo de delitos, sino que su principal función es delimitar el ejercicio del enorme poder punitivo que detenta el Estado. Tiene una función de límite y control de la persecución. Por eso la importancia de las defensas. Sin ellas se derrumba el estado de derecho”, plantea.

Sin embargo, hay otras causas -además de la de Israel, que ha defendido toda su vida- que Gabriel Zaliasnik ha tomado con convicción. Poco conocida, por ejemplo, es su antigua defensa a la “mujer metralleta” en el caso del Mapu Lautaro a comienzos de los 90, o el caso de Francisca Díaz -más conocido como #Franyotecreo-, acusada de injurias y calumnias por denunciar abusos sexuales de un exasistente de fiscal en Valdivia, en la que logró que la Corte Suprema anulara la sentencia y la joven fuese absuelta. Esa es, cuentan en su bufete, una de sus mayores satisfacciones profesionales.

Sus amigos aseguran que no es piñerista, pero que resiente que nunca lo haya llamado para asumir un ministerio. “Eso no es así”, desmiente de inmediato. “Yo creo que he aportado más a mi país como penalista que si hubiera tenido un cargo en el gobierno, me siento realmente una persona que ha defendido la democracia desde mi profesión”, dice, aun cuando ha tomado defensas de varias figuras del gabinete, partiendo por el exministro de Salud Jaime Mañalich, contra quien se querelló el alcalde de Recoleta, el PC Daniel Jadue, por su presunta responsabilidad en las muertes por el Covid-19. Zaliasnik -que viene protagonizando polémicas con Jadue desde la época universitaria- no dudó en tomar el caso: “Sentí que la acusación era muy injusta, nadie en el mundo sabía cómo tratar la pandemia y el exministro Mañalich hizo todo lo que estaba en sus manos para resguardar la vida y salud de los chilenos. El filósofo Slavok Zisek se pregunta: ¿Dónde terminan los datos y comienza la ideología? Y algo de eso hay en este caso. El Ministerio Público tiene un inmenso poder y pocos contrapesos. Puede destruir la vida, reputación y carrera de una persona con solo formalizarla, por eso a mí no me importa ser popular, como abogado respetuoso del estado de derecho me importa que la fiscalía no se salte el torniquete, que cumpla la ley”, dice.

Es justamente su férrea crítica al actuar de los fiscales lo que lo ha transformado en un personaje impopular para mundos como las redes sociales. Durante los últimos años, en las mismas redes, es el abogado que más críticas ha lanzado públicamente al Ministerio Público. De hecho, se ha enfrentado duramente con el exfiscal Carlos Gajardo, quien lideró la investigación de los casos de financiamiento ilegal de la política, y no sólo a través de las redes. De hecho, la primera vez que la Corte Suprema entró al fondo sobre si existían o no delitos tributarios asociados a las conductas de los políticos que facilitaban boletas falsas a empresas que les habían hecho aportes de campaña, fue debido a la defensa que hizo Zaliasnik ante el máximo tribunal del senador UDI Iván Moreira. Esa vez perdió estrechamente, 9-8, ya que la mayoría de los jueces estuvo por desaforar al parlamentario investigado por el caso Penta, pero, a la vez, su postura fue vista como un triunfo. Con su hipótesis, allanó el camino de las primeras voces judiciales que criticaron la postura de la fiscalía y ocho supremos -siguiendo la tesis levantada por Zaliasnik- dijeron que no había dolo directo en la conducta como exige el delito tributario, ya que los políticos buscaban financiar sus campañas y no rebajar impuestos de las empresas que les daban apoyo económico. La misma idea de Zaliasnik luego fue replicada por el exsenador Fulvio Rossi y esta semana acogida por el Tercer Tribunal Oral en el caso Orpis/Corpesca. Si bien condenó al exsenador UDI Jaime Orpis por cohecho y fraude al Fisco, lo absolvió de los delitos tributarios basándose en la lógica de los ocho supremos. “Aquí se inventó un delito para hacer desfilar y cuestionar a toda la clase política. Es verdad que era irregular la forma de financiamiento, pero no era delito. Esta idea de las boletas ideológicamente falsas se derrumbó estrepitosamente, pero quienes la inventaron prefirieron arrancar del Ministerio Público antes que enfrentar una derrota. Supieron leer el fallo de la Corte Suprema y vieron que las causas penales no tenían destino”, critica el abogado.

A la defensa pública de Mañalich se suman sus huellas en la estrategia que ha adoptado el Minsal para afrontar la arremetida del Ministerio Público en el caso por contagios y muertes por el Covid. Aunque no quieren referirse al respecto, en el gobierno dicen que él y el abogado Samuel Donoso -con quien trabaja en varios casos de la misma índole- fueron los ideólogos tras la negativa del ministro Enrique Paris a que la fiscalía incautara los correos desde Salud en la causa contra Mañalich y otros personeros de esa repartición. Nunca antes se había invocado el Artículo 209 para impedir un allanamiento en sede de gobierno. Pero cuando se invocó, muchos recordaron que Zaliasnik fue también quien en su momento recomendó al directorio de SQM oponerse a la entrega de antecedentes y contabilidad al entonces fiscal Carlos Gajardo. La estrategia funcionó y ahora para el Ministerio Público no fue fácil hacerse de esa documentación, al punto que la Corte Suprema restringió aquello que podía ser parte de la diligencia. “Yo creo que llegó el momento como país de que les exijamos más a nuestros fiscales y, por cierto, también a nuestros jueces, porque estamos viendo que el estándar es bien bajo para situaciones tan complejas como son las comunicaciones privadas. A lo largo de los años se ha abusado de las medidas intrusivas”, dice el penalista.

“No van a encontrar nada relevante en esos correos, pero te aseguro que lo que va a pasar es que los querellantes van a filtrar parte de ellos en forma descontextualizada para intentar provocar daño político. Ellos han pretendido instrumentalizar a la fiscalía”, dice el abogado.

Sus pares reconocen que las actuaciones y estrategias de defensa de Zaliasnik han complicado al Ministerio Público. Además de ser uno de los autores de la interpretación que desmontó la tesis de los delitos tributarios en el financiamiento de la política, a Zaliasnik se le reconoce como el responsable de la rebaja de multas en el caso Cascadas: él fue quien planteó ante el Tribunal Constitucional que las multas impuestas por la SVS a los ejecutivos de esas empresas y de Larraín Vial eran inconstitucionales. Fue la tesis y el precedente ideado por Zaliasnik el que hace unas semanas llevó a la Corte Suprema a rebajar la multa al excontrolador de SQM Julio Ponce Lerou, quien fue sancionado en 2014 por US$ 62 millones, pero que se redujo a casi US$ 3 millones. “La SVS en el caso Cascadas no respetó la Constitución. A mí no me importa si a quien le atropellan los derechos sea Julio Ponce o sea cualquier ciudadano. En esto no existen débiles o poderosos. A mí me importa que el Estado, en todos sus ámbitos, respete la Constitución y la ley. En la defensa descansa la democracia, y limitarla solo conduce a sociedades totalitarias. Yo no quiero eso para mis hijos ni mi país”, dice Zaliasnik.

Una derivación del mismo caso cascadas está en el origen de la tesis de las supuestas triangulaciones entre AFP Habitat y Moneda Asset, una acusación que descarta la Superintendencia de Pensiones (ver Pulso) y a la que el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, sumó al presidente Sebastián Piñera. Un fondo de Moneda en el que invierte Habitat es accionista minoritario de ILC, la sociedad que controla la misma AFP, una relación cruzada que fue tratada en los interrogatorios que Zaliasnik dirigió hace dos años en el juicio oral del caso Cascadas. Sin ahondar en la controversial tesis, Zaliasnik dice ahora: “durante el juicio del caso Cascadas y en los interrogatorios a ejecutivos de AFP Habitat y de Moneda me formé la idea de que podría existir triangulación. Hubo demasiadas cosas que no fueron capaz de explicar o en las que incluso faltaron a la verdad”.

Luego de tres jornadas de interrogatorios en Valparaíso junto al exgeneral director de Carabineros, Zaliasnik hace una pausa y habla de lo complejo que será defender al policía en un ambiente crispado por el estallido social. “Me parece indispensable defender a quienes desde octubre de 2019 debieron enfrentar la inédita violencia desatada en Chile. Hay un peligroso esfuerzo por deslegitimar a las policías. En una sociedad es esencial que el Estado detente el monopolio de la fuerza y vele por la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos”, sostiene.

¿No tuvo un rol inactivo el general Rozas para detener los casos de violaciones a los derechos humanos que hoy investiga la fiscalía?

El general Rozas en todo momento buscó conciliar esos deberes: seguridad y derechos de ciudadanos, con el estricto respeto a los derechos humanos, por lo que me parecen infames estas querellas. Acá no existió ningún plan por parte de agentes del Estado, por lo que no se puede hablar de delitos de lesa humanidad. El Presidente Piñera, sus ministros de Interior y el general Rozas son objeto de una acusación que daña a Chile, responde Zaliasnik, y revisa en su celular la cascada de mensajes por las múltiples causas en las que está.