Catrillanca

En abril del 2001, Tim Thomas, un joven negro de 19 años murió tras ser impactado por una bala de un policía blanco después de una persecución. Estaba desaRmado. El hecho motivó violentas protestas en Cincinnati durante una semana. En agosto del 2014, una bala policial mató a Michael Brown causando violentas protestas por 10 días en Ferguson y volvieron a recrudecer cuando la justicia dictaminó la inocencia del policía que actuó en el hecho.

Es un dato de la causa, pues, que los procedimientos policiales defectuosos o dudosos generan o pueden generar reacciones violentas en el grupo de personas al que pertenece la víctima, quienes de legítima manera pueden entender que el Estado tiene con ellos una actitud que los discrimina también en el trato policial. Por ello, es que correctamente los Estados han tendido a profesionalizar y capacitar a sus policías y a evitar la tentación de efectuar montajes en sus procedimientos mediante la formación de ellas con estándares elevados de ética y con conciencia del trabajo  que realizan. También, mediante la proporción de medios adecuados para que lleven adelante su tarea y dejen registro de ella, y mediante la sanción administrativa y penal en su caso, cuando se descubre que se han incumplido las reglas básicas de procedimiento o derechamente se han falsificado partes policiales o evidencias probatorias. En ese sentido, el intento de formar una policía profesional, el llamado Comando Jungla, con capacitaciones en Chile y en el extranjero y proveerlas de materiales adecuados para efectuar su labor como vehículos blindados, cámaras térmicas, visores nocturnos y cámaras de alta definición son medidas que van en la dirección correcta y debiera ser el estándar al que aspire todo el cuerpo policial y no sólo las unidades de élite. Pero junto con ese deber de proveer medios, debe ir aparejada la responsabilidad del buen uso de los recursos.

En ese sentido, la muerte del comunero Camilo Catrillanca abre una serie de interrogantes que debieran ser respondidas a la brevedad para evitar que como muestra la experiencia internacional se generen nuevos hechos de violencia a partir de esta muerte. Por lo mismo, el procedimiento policial llevado a cabo debió haber sido filmado por las cámaras de alta definición con que se ha dotado a las policías y no hay una buena razón para que ese video no haya sido exhibido en la audiencia en que se declaró ilegal la detención del menor que acompañaba a Catrillanca, justamente para validar el correcto actuar de la policía.  Si, por el contrario, el video demuestra un accionar abusivo de la policía, no hay razón para que no se tomen las medidas administrativas sancionatorias en contra del personal policial. Los procedimientos policiales exigen constantemente a las policías tomar decisiones en segundos y por lo mismo pueden incurrir en errores y generar irreparables consecuencias. El costo de esos errores el estado de Derecho puede asumirlos. Lo que es intolerable en un estado de derecho es la falsificación de documentos, el ocultamiento de evidencias y el amaño de pruebas. Esa experiencia la vivimos traumáticamente en la denominada "Operación Huracán" y no hay espacio para un deja vú de esas conductas. Las autoridades políticas de lado y lado debieran ser prudentes en sus opiniones y esperar el trabajo profesional de la Fiscalía, quien con celeridad pero con rigor deberá determinar en cuál de esos escenarios nos encontramos. No es ni más ni menos que el respeto al Estado de derecho lo que está en juego.