Giro en La Moneda: gobierno sondea asistencia de Crispi al Congreso pese a resistencia del jefe del Segundo Piso

De manera soterrada, durante esta jornada ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric se han acercado a parlamentarios de Chile Vamos para sondear una alternativa: ver si existe margen para que citen por tercera vez al jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, a la comisión investigadora que indaga el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

El militante de RD se excusó en dos ocasiones anteriores e, incluso, en la segunda oportunidad, envió un documento de seis páginas explicando la validación de unos traspasos de dinero a la fundación ProCultura, en tiempos en que estaba a la cabeza de la Subdere.

De hecho, en la oposición principalmente lo citaron para que explique esos movimientos en su época de su subsecretario, pero también para que aborde cuándo se enteró La Moneda de los cuestionados convenios, en momentos en que ya estaba a cargo del Segundo Piso. Esto, luego de la declaración ante el Ministerio Público del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien nuevamente sembró dudas sobre la fecha en que el Ejecutivo se enteró e hizo alusión a Crispi.

La movida del gobierno significa un giro en lo que han venido diciendo públicamente, el que ha argumentado, entre otras razones, que Crispi al no tener la categoría de funcionario público -debido a estar contratado a honorarios-, no tiene obligación de asistir a la sesión. Una postura que han defendido el titular de Justicia, Luis Cordero (con mayor fuerza, ya que él fue parte del diseño de esa excusa legal), y también las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Segegob, Camila Vallejo.

El ajuste de la estrategia del Ejecutivo no ocurre en cualquier escenario, sino que luego de que el contralor Jorge Bermúdez desacreditara ayer, en el marco de una sesión en la Cámara, el argumento de La Moneda, lo que les abrió un duro flanco, haciendo fracasar el diseño original.

“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar, es decir dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones; eso, independiente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”, señaló Bermúdez.

Además, agregó que a Crispi se le pidió que “diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión y por qué no estaría sometido a este control propio de un Estado democrático”. Para eso, el organismo fiscalizador le dio a La Moneda un plazo de cinco días para que responda sus argumentos en un documento.

El ministro Cordero, por su parte, lleva dos días dando explicaciones al respecto. Ayer y hoy nuevamente salió a manifestar la postura del gobierno.

“Es una discusión que excede al Miguel Crispi, sino que tiene que ver con el estatuto de la Presidencia de la República y las asesorías que tiene. El caso del 2015, más allá de los hechos, la circunstancia en similar. En ese caso había CEI, se formuló una citación y también se formularon preguntas por escrito. Miguel Crispi ejerció labores como subdere y respecto de ellas también podría testificar en concreto para declarar sobre esas labores. La discusión sobre este punto lo excede a Miguel Crispi y tiene que ver con que el precedente que se fije acá tiene consecuencias futuras en la Presidencia de la República, para esta o para cualquier otra”, dijo el secretario de Estado.

Y agregó: “Nosotros creemos que tenemos que distinguir si hay obligación de comparecencia o no, y si hay obligación de comparecencia, respecto de qué asuntos en el caso de asesor de una Presidencia está obligado por ley a prestar testimonios, y en qué casos por razones de lo que se discute en la Presidencia no está obligado a prestar declaraciones”.

En el gobierno, en privado, dicen que ahora están evaluando que Crispi asista para que responda solo en lo relativo a cuando fue subsecretario de la Subdere (una idea que no había estado sobre la mesa en las declaraciones iniciales), ya que argumentan que eso sería lo razonable, de lo contrario se instalaría un precedente que dejaría en una situación vulnerable a la Presidencia debido a que ahí trabajan los asesores más cercanos al mandatario de turno. “Dejar un precedente equivocado en este caso compromete la asesoría presidencial directa”, recalcan en el Ejecutivo.

En ese sentido, agregan las mismas fuentes, la idea es que con la concurrencia de Crispi a comisión se pueda descomprimir en algo el asunto y evitar un dictamen de la Contraloría respecto de ese tipo de asesores, con el cual se podría abrir un flanco en el presente y en el futuro durante cualquier otra administración.

Esa opción, de hecho, la dejó entrever ayer el propio Cordero en su declaración a la prensa. “El Ejecutivo considera que esa citación es la correcta (sobre su rol en Subdere). Sobre esas actividades le corresponde a Miguel Crispi declarar. Efectivamente porque desempeñó un cargo de administración pública que estaba asociada a una posición de jefe de servicio. Por eso hago la distinción respecto de aquellas situaciones o declaraciones en la que le corresponde, no solo a él, sino que a cualquier persona que tiene la investidura de asesoría directa en la Presidencia de declarar, o que tipo de situaciones puede declarar en una comisión investigadora”.

En el gobierno hay algunos que transmiten que ha sido complejo hacer cuajar una estrategia, en parte porque el propio jefe del Segundo Piso se ha resistido a la idea de acudir al Congreso. Esto, debido a que, de acuerdo a las mismas fuentes, no quiere exponerse él ni tampoco al Presidente Gabriel Boric.

En el Ejecutivo agregan que hay varios ministros del gabinete que están alineados con que tiene que asistir, para evitar más flancos y poner, dicen, a la institucionalidad primero.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), desde China también abordó el tema. “Más allá de la presencialidad, el deber de rendición se ha cumplido de alguna manera al responder formalmente y por escrito varios de los elementos, inquietudes, que ha presentado el Congreso Nacional. Entonces, respecto a si hay un deber de asistencia presencial o no, es algo que se le responderá formalmente a la Contraloría”, sostuvo.

La idea de La Moneda, en todo caso, no convence a la derecha y algunos quieren esperar a lo que diga el dictamen del contralor. El presidente de la comisión investigadora, el diputado José Miguel Castro (RN), dijo a La Tercera que “hay algunas gestiones (del gobierno), pero este presidente no se deja presionar por nadie. Vemos a un gobierno reaccionando al verse atrapados por las declaraciones del contralor. Pero antes (de citar a Crispi) quiero escuchar a los diputados de la comisión. Yo prefiero saber primero cuál es la sanción que adoptará la Contraloría y después traer a una persona que nunca ha querido colaborar. Es como traer a un niño chico a rastras tomado de la oreja”.

En el oficialismo, en todo caso, algunos transmiten que el gobierno se abrió un flanco innecesario al entrar en disputa con la Contraloría. Esto, en un escenario en que Crispi es cercano al Jefe de Estado, por lo que -dicen- el caso también repercute en la figura presidencial.

Cordero -quien ha salido en varias oportunidades en defensa del gobierno y del propio Presidente Boric en asuntos jurídicos- quedó, según reconocen entre los partidos de gobierno, en una compleja situación. Esto, debido a que el abogado diseñó parte de la excusa legal para la ausencia de Crispi y terminó enfrentado con el contralor.

De hecho, durante esta jornada en la derecha recrudecieron las críticas hacia Crispi (a quien algunos piden su salida) y en contra del titular de Justicia, mientras que Cordero también perdió apoyos en el propio oficialismo.

“Espero que el gobierno permita que rectifique su error y comparezca en la próxima citación sin esperar un dictamen de Contraloría”, dijo el diputado socialista Leonardo Soto.

El diputado Jaime Araya (indep.- PPD), por su parte, indicó que “yo creo que la cosa es bastante más sencilla de lo que plantea el ministro Cordero, que es un tesis bastante alambicada. Puede abrir un debate jurídicamente interesante, pero políticamente inviable”. Y agregó: “Espero que Crispi dé un paso al costado a la brevedad”.

“Me parece increíble que Cordero sea profesor de Derecho Administrativo. Se sienta en uno de los preceptos más importantes de la Constitución, que es la igualdad ante la ley. Se contradice en menos de 24 horas, se enreda. Tiene un verdadero plato de tallarines en la cabeza”, dijo la diputada Pamela Jiles, integrante de la Comisión de Constitución.

El diputado socialista Marcos Ilabaca señaló que “no estoy de acuerdo con las defensas corporativas y menos con la teoría que el ministro Cordero, a quien respeto, ha planteado. Creo es una obligación del señor Crispi venir a la comisión investigadora”.

Alberto Undurraga, diputado y presidente DC expresó que el jefe de asesores con su actitud contradice al propio Presidente cuando planteó “absoluta transparencia y toda la colaboración con la investigación”. “Todo esto sustentado increiblemente con una tesis jurídica, que el contralor ya echó por tierra. ¡Miren el lío que se ha generado! El gobierno completo se equivoca al dar un marco jurídico a una actitud no transparente”.

Consultado el contralor Bermúdez por el estatuto especial que tendrían los asesores de la Presidencia de República, según la tesis del ministro Cordero, dijo que “no” existe, “pero vamos a esperar la respuesta de la asesoría” de La Moneda.

Si bien fue escueto en su respuesta, Bermúdez precisó que efectivamente las autoridades elegidas en votación popular, como el Presidente de la República, “podrían tener una deferencia mayor que personas como yo que no tenemos legitimación democrática”.

Además, detalló que los ciudadanos que comparecen ante el Congreso tienen algunas alternativas de resguardo. “Por ejemplo, una persona que está declarando (ante una comisión de la Cámara) puede señalar que hay una materia reservada o secreta, o puede pedir que en determinado momento, esa sesión pase a ser confidencial o reservada. También expresar los derechos que le da el Código Procesal Penal como el derecho a no autoincriminarse”.

Ante la posibilidad de que el jefe de asesores del “Segundo Piso comparezca a la instancia investigadora, el contralor indicó que “evidentemente que si se produce el hecho que busca la Cámara y que es la cuestión que se está preguntando, pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría, por lo tanto ya no tendría sentido una respuesta”.