“Libertad de enseñanza” y “autonomía universitaria”: la iniciativa popular de norma ingresada por los planteles del G9

PUC

La moción, ingresada esta semana, plantea elevar a rango constitucional la pluralidad de proyectos universitarios tradicionales privados y el rol del Estado como asegurador de los mismos. Hasta ahora, la idea concita 1.713 apoyos de la ciudadanía. El vicepresidente del G9, el rector de la UC Ignacio Sánchez, plantea que "ha quedado de manifiesto en esta pandemia la importancia de nuestras instituciones a través del aporte que se ha hecho, por ejemplo, en vacunas".




Esta jornada finaliza el plazo para presentar iniciativas populares de norma en la plataforma online dispuesta por la Convención Constitucional. Hasta el momento, han ingresado 5.158 iniciativas en la plataforma y 1.853 están publicadas. Por ahora, 15 mociones han alcanzado las 15 mil firmas requeridas para poder ser discutidas en la instancia. Sin embargo, la plataforma seguirá recepcionando los respaldos ciudadanos hasta el 1 de febrero.

Así, y en el ámbito educativo, a inicios de esta semana la Red de Universidades Públicas no Estatales -o G9- presentó la iniciativa por una “educación superior inclusiva y diversa, con compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia”. La idea se desprende del documento “Aportes para la Convención Constitucional”, elaborado en octubre por la entidad.

En la descripción de la iniciativa apuntan a que “la aspiración de una educación superior como derecho social, con acceso igualitario y de calidad, resulta imposible de garantizar sin la esencial autonomía institucional y libertad de enseñanza (...); la autonomía universitaria permite que tales instituciones formen personas y generen investigación y conocimiento de calidad, independiente, libre de riesgos o amenazas, y dando primacía al interés general y el bien público por sobre los intereses particulares de cada proyecto universitario”.

Debate del rol público

Según el articulado propuesto para la norma, se menciona la libertad de enseñanza, el derecho a la educación y el financiamiento equitativo tanto a universidades públicas estatales y no estatales. El primer punto, de hecho, ya tiene más de 19 mil respaldos ciudadanos en otra iniciativa que busca asegurar el “derecho a la educación, deber preferente de los padres y libertad de enseñanza”. Y el tema, de hecho, ya ha marcado debates previos en la Convención Constitucional.

Asimismo, en la argumentación, los planteles agrupados en el G9 exponen que “las universidades públicas no sólo son estatales, sino que son todas aquellas que por tradición histórica han desarrollado la función pública de la educación superior en Chile (...); las universidades de la red han sido protagonistas de las grandes discusiones científicas, y también de los debates y cambios culturales, políticos y morales en sus territorios locales y a escala nacional y global”.

Hasta ahora, la iniciativa concita 1.713 apoyos en la plataforma.

El rector de la Universidad Católica y vicepresidente del G9, Ignacio Sánchez, añade que “lo que busca (la iniciativa) es destacar el rol de las universidades que son públicas y que no pertenecen al Estado, pero que cumplen un rol en la formación de estudiantes del país, algunos de ellos vulnerables, que requieren apoyo socioeconómico. En el aporte a la generación de nuevo conocimiento al país, nuestras instituciones representan el 50%, ya sea en patentes, licencias, innovación y en aporte público a la comunidad regional como nacional. Aquello ha quedado de manifiesto en esta pandemia: la importancia de nuestras instituciones a través del aporte que se ha hecho en vacunas y en cohesión social”.

Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco y presidente de la red, señala que la iniciativa busca consolidar lo que ya existe, pero en la nueva Carta Fundamental. “Buscamos relevar la importancia de mantener provisión mixta en educación superior, que garantice libertad de enseñanza y autonomía de distintos proyectos universitarios, que exista una oferta pluralista, tal cual se ha hecho históricamente en el país siempre. Lo que estamos poniendo a la discusión es eso: que se conserve lo que está y es rol del Estado garantizar esa provisión”.

A ello, el rector de la Universidad de Concepción y parte del directorio del G9, Carlos Saavedra, añade que “esperamos que en la nueva Constitución las universidades públicas estatales y privadas que pertenecen al consejo de rectores alcancen reconocimiento constitucional equivalente a lo que se establecía en la reforma de 1971. Es decir, trato igualitario que garantice fondos basales para el cumplimiento de las tres dimensiones que se establecen en el sistema nacional de aseguramiento de la calidad: formación, generación de conocimiento y vinculación con el medio”.

La red de Universidades Públicas no Estatales, G9, reúne a nueve casas de estudio del norte, centro y sur de Chile. A la UC, la UC de Temuco y la de Concepción se suman la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

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