El estallido de las protestas sociales, hace ya un año, desató una gran cantidad de denuncias de violencia policial hacia mujeres. Quizás el caso más emblemático es el de Fabiola Campillai, quien en noviembre quedó ciega luego de que le llegara una bomba lacrimógena directamente a su rostro cuando iba camino al trabajo. Por este hecho, dos carabineros fueron dados de baja en agosto, mientras la Fiscalía formalizó y dejó en prisión preventiva al exoficial Patricio Maturana.

Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género impulsó en estos meses una serie de medidas con el objetivo de asistir a las mujeres víctimas de violencia policial, entre ellas, un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que les permite saber que, en este año, ya van 64 denuncias de este tipo.

La última medida aplicada fue la firma, la semana pasada, de un acuerdo con la Corporación de Asistencia Judicial, para que las víctimas cuenten con apoyo psicosocial, lo que se suma a las charlas realizadas a 200 oficiales y 200 aspirantes de la Escuela de Carabineros, la confección de protocolos de detención de mujeres y capacitaciones a mil funcionarios sobre prevención de tortura y violencia sexual.

La ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, cuenta que también han trabajado con ONU Mujeres y están apoyando la implementación de unidades de género en Carabineros y la PDI, para que “los derechos de las mujeres sean resguardados y respetados en cualquier contexto”.

“Tenemos que asegurarnos de que se construyan los protocolos, es parte de nuestro mandato y lo hacemos con todas las instituciones. Consideramos que es fundamental que el enfoque de género se incorpore dentro de todos los organismos del Estado y en todo el país”, plantea.

Pero primero hay que lograr que las mujeres vuelvan a confiar en las instituciones: el año pasado, el ministerio se contactó con 25 víctimas de violencia policial y ninguna quiso recibir asesoría. “El gran desafío que tiene el Estado es recuperar las confianzas por parte de la ciudadanía, y estamos apuntando hacia allá. Y eso se recupera con un trabajo coordinado con otras instituciones, con un trabajo multidisciplinario”, dice la ministra

“Reconozcamos que se viene realizando un trabajo, pero todavía somos muy jóvenes en esta materia. Es muy importante ir impulsando este cambio que garantice que vamos a resguardar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos del país”, agrega.

En lo que va del año, el Ministerio de la Mujer contabiliza 30 femicidios consumados, el último de ellos en Copiapó, donde una mujer colombiana de 33 años murió luego de ser atacada por su conviviente.

Ella está entre las 620 mujeres que fueron asesinadas entre 2007 y 2020, sin considerar la eventual cifra oscura de muertes que no quedan catalogadas como femicidios. Ello se suma a los femicidios frustrados y casos de violencia intrafamiliar.

La ministra Zalaquett dice que la eventual aprobación de la Ley de Violencia Integral, que busca reconocer las diferentes formas de agresión que sufren las mujeres –física, psicológica, sexual y económica, entre otras- será un avance en la erradicación de los femicidios. El proyecto está en su segundo trámite en el Senado.

Sin embargo, y a la luz de la pronta discusión constitucional, plantea que la nueva Carta Magna debe avanzar en un enfoque de garantías. “La Constitución chilena, cualquiera sea la forma en que se modifique, debe garantizar los derechos de las mujeres, porque hoy eso solo es una declaración en la Constitución, pero no hay garantías de que se ejecute esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, afirma.

¿Cómo se logra eso? “Impulsando políticas con enfoque de género y avanzando en materia legislativa”, agrega. “La Constitución debe garantizar esa igualdad y eso abarca muchos ámbitos, como la violencia y la brecha salarial. Hay que dar mayores garantías”, dice.

En todo caso, hay un tema que cree que no es necesario rediscutir: el aborto libre. “Hoy existe una Ley de Aborto en tres causales, y los chilenos tenemos que estar abiertos a todos los debates que se generen y habrá instancias para definir el camino de esos debates, pero hoy Chile avanzó de manera importante en esta materia y es un tema que está zanjado, por ahora al menos”, dice la ministra.

“El gran desafío que tiene el Estado es recuperar las confianzas por parte de la ciudadanía, y estamos apuntando hacia allá”.

Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer