El caso cero: Fiscalía acredita que Karina Oliva usó “fundación de papel” para defraudar al Estado en su campaña a Gore en 2021

“Quiero indicar, primero que todo, que mi origen es de Puente Alto, mi familia es de clase media, estudié en colegio subvencionado. Mi primer acercamiento a la política fue el año 2001, cuando ocurre el mochilazo, previo a la revolución pingüina, fue un momento político en Chile bien importante”.

Eso fue lo primero que dijo Karina Oliva Pérez (38) cuando “dio la cara”, como señalaba su eslogan, frente al Ministerio Público. Lo hacía en calidad de imputada de fraude de subvenciones y junto a su abogado Juan Carlos Manríquez. En un interrogatorio que duró más de seis horas, el 19 de mayo de 2022, la excandidata al gobierno regional de la RM en 2021 intentó deslindar toda la responsabilidad de las rendiciones de gastos de campaña y solicitud de reembolsos al Servel en la figura de Martín Miranda Sepúlveda (quien cobró en primera vuelta honorarios por $ 15 millones), otrora compañero de filas en el Partido Comunes del cual ambos fueron expulsados tras un reportaje de Ciper que develaba irregularidades en altas sumas de dinero pagadas al círculo de hierro de la frustrada aspirante a Gore.

A casi dos años de iniciada esta indagatoria a cargo del OS-7 de Carabineros, informes policiales enviados a la Fiscalía Sur concluyen que una de las principales figuras del Frente Amplio en las elecciones de 2021 usó la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros que supuestamente gastó en campaña.

Los análisis y pericias dan cuenta de que la ONG realizó informes idénticos de un estudio que ella y el Partido Comunes, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria. Es decir, el Estado -a través del Servel- reembolsó $ 120 millones por servicios ideológicamente falsos, dinero que fue girado desde la cuenta usada para la campaña en “dinero en efectivo” y cuyo destino aún es desconocido. A eso se suma un listado de boleteros vinculados a Oliva y al movimiento que -según una decena de voluntarios y profesionales que participaron en la campaña a Gore-, nunca realizaron las actividades declaradas ante el Servel. Incluso, como han logrado acreditar los investigadores, se usó como respaldo documentos falsificados del SII.

A poco andar, el equipo investigativo descubrió, además, la “doble militancia” de Martín Miranda. Junto con su rol como administrador electoral de Comunes y Oliva, obraba en paralelo como jefe de finanzas de Chile Movilizado.

Justo cuando han estallado una veintena de causas en el país en que se indagan millonarios recursos a fundaciones por parte de entidades estatales y que hoy remecen al gobierno, el caso de Oliva, por su parecido en el método que se habría usado para defraudar al Fisco -con el uso de una ONG y dineros gastados en servicios no realizados-, avanza silenciosamente en lo que ya comenzó a denominarse en el Ministerio Público “el caso cero” que afecta al bloque hoy gobernante.

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La conversación fue aportada por una testigo reservada en el caso. Se trata de una mujer que trabajó codo a codo con Oliva y desmiente la versión de la otrora candidata de que ella no se involucró administrativamente con los recurso de campaña. Tanto así que era ella quien pagaba los honorarios, como da cuenta el intercambio de WhatsApps que entregó la testigo a la Fiscalía.

Quienes conocen de esta indagatoria aseguran que la declarante llamó a Karina Oliva cuando vio en la televisión que un candidato a constituyente de Valparaíso, Matías Gazmuri, había emitido una boleta por $ 5 millones. “No corresponde eso, es falso”, le habría dicho, sin embargo, la ex Comunes le explicó que él había hecho un informe de redes sociales, lo que según la testigo era mentira, pues ella había integrado el equipo de comunicaciones y nunca lo vio.

El total de dinero que Oliva pidió reembolsar en primera vuelta fue de $ 486 millones. Se quedaron cortos, declaró la candidata, pues señaló que con la cantidad de votos que obtuvo, a su juicio, “podríamos haber accedido a $ 680 millones”.

Otro de los testimonios que sustentan el control que tenía la candidata de los gastos de campaña lo entregó la coordinadora nacional de la “Plataforma de Feminismo Popular Poderosas”, Estefanía Campos. Explica que en un momento empezó a haber roces con la candidata y su pareja -padre de su hija- y entonces presidente de Comunes, Jorge Ramírez. “Todo el mundo tenía muchos problemas de relaciones con Karina y con Jorge, por ejemplo, controlaban la imagen si uno podía cortarse el pelo o no, usar tatuajes o no, y era para todas las personas que iban a algún tipo de tareas dentro del partido”, recuerda.

Consultada por cómo se enteró de las irregularidades de los rendimientos de campaña ante el Servel, sostuvo que fue por la prensa. “Pero cuando escuchaba que todos decían que era culpa de Martín y no de Karina, de inmediato supe que era falso esto, porque Karina tenía un control de todo, ella sabía todo lo que pasaba, esperaba hasta la coma de los documentos, se preocupaba hasta de aspectos de nuestras vidas personales. Ellos manejaban todo, las cuentas corrientes, las decisiones y todo”, apuntó.

Quienes han accedido al expediente aseguran que el análisis realizado por Chile Movilizado y por el cual se pagaron $ 120 millones en tres facturas es idéntico al de Criteria. Tanto así que hasta se mantuvo el color de los gráficos de “mapas de calor” en que se analizaba el perfil de los votantes de Oliva en medio de pegajosos jingles que decían: “Karina da la cara”. El único cambio en las láminas era un sello de agua de la ONG. Dichos documentos están siendo periciados por el equipo especial del OS-7 que indaga el caso para establecer el plagio y la inexistencia del servicio.

Otra de las diligencias pendientes de los investigadores es el presupuesto encargado a varias banqueterías respecto del costo de desayunos, esto para establecer el abultamiento del cobro de $ 50 millones en el “desayuno feminista” por el que incluso ha tenido que declarar en el caso la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien participó de la mencionada actividad. “No recuerdo en detalle qué era el desayuno, consumí un café”, respondió la autoridad municipal.

Estefanía Campos fue uno de los testimonios que fue convenciendo a los investigadores de que Chile Movilizado fue usado para triangular dineros de la campaña a Gore y que en los últimos años no ha desarrollado trabajo alguno. La mujer explicó que en octubre del 2020 fue parte del directorio. “Me pusieron como secretaría general de la fundación, aunque era de papel, pues no leí ni siquiera los estatutos, nunca hubo una reunión de directorio”, explicó. De hecho, develó que “al director de la fundación, David Castillo, nunca lo vi trabajar, era un estafeta, transportaba pedidos dentro del partido Comunes”. A juicio de varios testigos, la ONG era usada por Oliva y su expareja.

El abogado Andrés Hidalgo -Fundador de Poder- declaró ante la Fiscalía que en su origen Chile Movilizado tuvo la pretensión de convertirse en un think tank. “Esa fundación siempre estuvo inactiva, teniendo un par de publicaciones, y sus jefes eran Jorge (Ramírez), Juan Pablo Sanhueza y Karina. La fundación es previa a Comunes, y era una cáscara vacía, porque no tenía funcionarios, publicaciones, página web, sede y durante mucho tiempo no se utilizó para nada, nunca la vi con una actividad de ningún tipo. Si es que hacían algo nunca lo supe, porque era una fundación ligada a Jorge más que a Comunes”, detalló.

Junto con esto, apuntó a que la ONG le servía como plataforma para viajar por Latinoamérica dictando charlas y diciendo que eran investigadores de esa fundación de papel. “Jorge, Karina y Juan Pablo Sanhueza eran buenos para viajar y generar redes para su servicio”, sostuvo Hidalgo.

La Fiscalía Sur está a la espera de los últimos informes para levantar una formalización por fraude de subvenciones.