La semana en que Alan García remeció la política peruana

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Un grupo de manifestantes protesta afuera de la residencia del embajador de Uruguay en Lima.

El expresidente solicitó asilo a la embajada de Uruguay horas después de que se decretara en su contra una prohibición de salir del país por 18 meses.


La noche del sábado pasado, el exmandatario Alan García dio un golpe que remeció a la política peruana. Esto, luego de pedir asilo en la embajada de Uruguay en Lima, algo que tomó por sorpresa no solo al Presidente Martín Vizcarra, sino que también a dirigentes de todos los colores políticos.

El exmandatario tomó la decisión horas después de que un juez le prohibiera salir del país en el marco de la investigación por presuntos sobornos en la construcción de la Línea 1 del Metro de

Lima por parte de Odebrecht y por presuntamente recibir US$ 100.000 de la caja 2 de esa compañía en 2012.

El exmandatario de 69 años, que gobernó el país en dos períodos (1985-1990 y 2006-2011), ha rechazado todas las acusaciones y se ha declarado un "perseguido político". El gobierno peruano ha negado esa afirmación y ha destacado que en el país impera la independencia de los poderes. Además, entregó una nota diplomática a Uruguay junto con los argumentos que buscan que Montevideo rechace la solicitud de asilo.

Según un reporte de la consultora Sequoia con sede en Lima, con su petición de asilo García "abrió una puerta hacia un escenario que puede neutralizar o debilitar al Presidente Vizcarra, más allá del caso Lava Jato". "Abrió un nuevo escenario en el que obliga a tomar partido a Vizcarra con el riesgo de que cometa un error y le entregue el asilo en bandeja de plata", advirtió el informe titulado "El giro de Alan García cambia las reglas del juego".

Para el analista peruano Augusto Álvarez Rodrich, "el gran dilema para el gobierno de Vizcarra se producirá cuando Uruguay tome la decisión. Si es que como podría ser y le da el asilo, el gobierno tiene que tomar la decisión de darle el salvoconducto para que salga de la embajada hasta el aeropuerto. Si le dan el salvoconducto, el gobierno asume que sería como una aceptación de que en Perú hay una persecución política. No darle el salvoconducto implicaría que es un gobierno prepotente que no cumple las reglas".

El informe de Sequoia sostiene que "éste no sería el último golpe contra el gobierno". "El objetivo final es forzar una crisis constitucional que reste legitimidad no solo a las investigaciones de Lava Jato (peruano), sino a la administración de Vizcarra. En el camino no dudarán en vacarlo si es necesario. Para ello cuenta con el potencial apoyo del fujimorismo y sus operadores que sostendrán la supuesta ilegalidad del Presidente Vizcarra", añadió.

El informe dice que esta petición de asilo "es un regalo caído del cielo" para los expresidentes investigados Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo. Mientras que Keiko, asegura, tiene ahora "una nueva alternativa para enfrentar la justicia".

En este sentido Álvarez Rodrich dice que es a Toledo a quien podría beneficiar, debido a que el exmandatario "está fugado en Estados Unidos y se ha pedido la extradición para traerlo por casos de corrupción parecidos a los que está enfrentando García".

"Todos los políticos sin excepción, cuando han tenido problemas con la justicia, dicen que son perseguidos. Todos", señala el analista peruano Fernando Rospigliosi. "La cosa está muy desbalanceada. Yo no creo que esto vaya a afectar de manera definitiva los procesos, pero las cosas están desbalanceadas. Es muy obvio que no están tratando a Keiko Fujimori como a otros, por ejemplo", concluye.

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