Nueva postergación de juicio oral contra cuatro imputados por homicidio de empresario de Concón baleado por sicario
El Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar reagendó el inicio del juicio para el 28 de febrero debido a que dos de los cuatro acusados se encuentran en cuarentena preventiva en el Complejo Penitenciario Valparaíso.
La situación sanitaria en el país, ante la pandemia de coronavirus, motivó una nueva postergación del juicio oral en contra de los responsables de la muerte de Alejandro Correa, el empresario de Concón de 60 años, que en un crimen por encargo fue baleado en la cabeza mientras inspeccionaba el cerco de su hogar la mañana del sábado18 de mayo de 2020.
El juicio debía partir el 31 de enero, pero fue postergado para este lunes 14 de febrero a partir de las 9.00 horas en modalidad semi presencial. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar lo reagendó para el 28 de febrero, en el mismo horario, debido a que dos de los cuatro acusados se encuentran en cuarentena preventiva en el Complejo Penitenciario Valparaíso.
“La agonía continúa”, escribió en sus redes sociales Valentina Correa, hija del empresario asesinado, ante una nueva postergación.
La Fiscalía de Viña del Mar pidió 38 años de presidio para Víctor Gutiérrez Londoño, autor del homicidio del empresario y 20 años de cárcel para Renato López Fuentes, quien encargó y pagó por el asesinato.
El sicario, un sujeto de nacionalidad colombiana que ingresó de forma irregular a Chile, apodado “El Parce”, reconoció a la PDI tras su detención el 21 de mayo de 2020 que habría recibido el pago de 5 millones de pesos por el crimen. El 20 de julio de 2020 se detuvo a otras dos personas que también habrían tenido participación en el hecho. Un sujeto que condujo el vehículo donde se movilizó el sicario y la pareja del presunto asesino.
Renato López, dedicado al rubro de los rellenos sanitarios, habría pagado para deshacerse de Correa ante disputas con el empresario dueño de los lotes que complicaban un negocio que mantenía en Quilpué. En septiembre de 2019 el fallecido empresario ingresó una demanda de comodato precario en el 1º Juzgado de Letras de Quilpué y el jueves 14 de mayo de 2020, cuatro días antes de su muerte, denunció a la fiscalía local de Quilpué la ocupación de los terrenos por parte de un grupo de personas.
La investigación de la Fiscalía de Viña del Mar se centró en esa arista del caso. Georreferenciación de teléfonos celulares, la confesión de la pareja del sicario, gestiones del supuesto autor intelectual para ayudar a Gutiérrez tras su detención y una fotografía a un mensaje con la dirección y nombre de la víctima que fue escrito por López según pericias caligráficas y que se encontró en el teléfono de “El Parce”, fueron las pruebas que permitieron apresar y formalizar a López en agosto de 2020.
Las penas que arriesgan los imputados
Los cuatro imputados permanecen en prisión preventiva.
Respecto de Víctor Gutiérrez, autor material del homicidio calificado, se tienen en cuenta las circunstancias calificantes de haber cometido el delito por un pago en dinero y la premeditación, y se solicitó la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. La irreprochable conducta anterior del acusado impide solicitar la pena de presidio perpetuo respecto de este delito. Además, se está solicitando una pena de 10 años por el homicidio frustrado de la segunda víctima, amigo de la víctima fallecida que se encontraba junto a él el día de los hechos. Finalmente, se requiere además la pena de 5 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, y por la receptación del arma, la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio.
Para Renato López Fuentes se solicitó la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado -por la existencia de un acuerdo de pago y por la premeditación-. Debido a que, en la actualidad, no mantiene condenas previas anotadas en sus registros, a López también cabe reconocerle la atenuante de irreprochable conducta anterior, lo que impide solicitar la pena de presidio perpetuo por este delito.
Para Claudio Riveros, conductor del vehículo el día de los hechos, imputado como cómplice de homicidio simple, a su respecto se requiere la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Además, se solicita la pena de 5 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, más 3 años respecto del delito de receptación del arma.
Finalmente, respecto de la cómplice del homicidio calificado, Melissa Palma, se requiere la pena de 15 años de presidio mayor en su grado máximo.
La Audiencia de Preparación de Juicio Oral se fijó primero para el 18 de marzo de 2021, se postergó luego para el 19 de abril porque uno de los imputados se encontraba afectado por Covid-19. Finalmente, se pudo desarrollar el 27 de agosto de 2021 en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde se acogió la mayoría de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público.
El Ministerio Público espera presentar en el juicio a más de 30 testigos, entre ellos funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, más de 60 antecedentes ofrecidos como prueba documental y una importante cantidad de fotografías y videos como otros medios de prueba. Además de una veintena de profesionales de distintas especialidades como prueba pericial.
Se estima que el juicio tendrá una duración de 40 días.
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