Caso bombas: Tribunal ordena que fiscalía investigue posibles delitos de obstrucción

La magistrada Marcela Sandoval rechazó la petición de dar lectura completa al fallo, ya que la ley sólo exige comunicación. Además se ordenó el pago de costas a los querellantes del caso bombas.




El Tercer Tribunal Oral en lo penal de Santiago solicitó el pago de costas a los querellantes del Caso Bombas y además ordenó a la Fiscalía Centro Norte que se inicie una investigación por los eventuales delitos de obstrucción a la investigación, falso testimonio presentado en juicio y falsificación de documento, debido a la cantidad de pruebas que presentó el Ministerio Público durante el juicio y que fueron desestimadas por su eventual ilegalidad.

Así mismo la Fiscalía ordenó una lectura integra del fallo lo que fue rechazado por el tribunal ya que la ley exige comunicación y no lectura completo. Ante esto, el abogado defensor Morris Farachi manifestó que "el Ministerio Público pretendía tener a todos los asistentes y a los intervinientes más de 20 horas sentados en un fallo de mil hojas, además condenó en costas al Ministerio Público por un notorio desconocimiento del derecho en cuanto a la norma que trató de invocar. La decisión del tribunal fue presentar costas no sólo para el ente persecutor si no también particular, esto es el Consejo de Defensa del Estado y todos los querellantes".

El defensor agregó que "el Estado no debiera hacerse cargo de este pago, si no, efectivamente los responsables de aquello. Aquí hay nombres y apellidos, tenemos al Ministerio del interior, encabezado por Rodrigo Hinzpeter, quien espero que de su peculio se haga cargo de esto".

Por su parte, la abogada del Ministerio del Interior, Ximena Risco, manifestó que "nos habría gustado tener ese conocimiento del texto, pero lamentablemente no pudimos. Es lamentable porque más allá de lo que se había comunicado, no supimos nada más, era importante conocer los razonamientos del tribunal".

Ahora la parte querellante tiene un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad, que en caso de no ser acogido, se ratifica la absolución de los seis acusados en el caso bombas.

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