Empresas preocupadas por llamado de Minsal a revisar concesiones

Una escalada de reacciones desataron ayer los dichos de la ministra de Salud, Helia Molina, ante la Cámara de Diputados el pasado martes, referidos al futuro de los proyectos de concesión hospitalaria impulsados por la anterior administración. En la oportunidad, la secretaria de Estado expuso que las iniciativas se encuentran en una profunda revisión y que se pediría al contralor general, Ramiro Mendoza, que los proyectos que están a la espera de toma de razón no culminaran el proceso. "Lo mejor es retirarlos", expuso.

Estas declaraciones aluden a los recintos que enfrentan el último trámite legal requerido y que visa la legalidad del proyecto. Se trata del Salvador-Geriátrico, entregado el 31 de enero pasado al Consorcio de Salud Santiago Oriente; el Sótero del Río, cedido el 28 de febrero pasado al Consorcio Hospitales Salud; y Santiago Occidente o Félix Bulnes, donde la mejor propuesta fue entregada por el licitante Astaldi Concessioni S.R.L., y cuya acta de adjudicación es del 17 de febrero.

Sin embargo, el análisis de las iniciativas, realizado por una comisión de encargados técnicos y jurídicos de los ministerios de Salud y Obras Públicas, mantiene en incertidumbre la concesión de los hospitales de la V Región, Biprovincial Quillota-Petorca y Marga Marga -ambos entregados a Obrascón Huarte Laín cuatro días antes del cambio de mando y que no llegaron a toma de razón-, y los recintos de la Red Sur -Curicó, Linares y Chillán-, que quedaron en preparación de licitación.

"Estamos inquietos respecto de la concreción de los hospitales de la Red Sur (Chillán, Curicó y Linares), los cuales estaban bajo el mismo proceso de licitación, y ahora, al parecer, hay intenciones de no reconocer el proceso de licitación pública dentro del cual fueron concebidos", dijo el presidente de Copsa, Rodrigo Alvarez.

Añadió que los procesos de licitación pública "son instancias objetivas y altamente competitivas, en que los interesados -empresas licitantes- comprometen importantes recursos para el estudio de las bases de licitación, fundados en la confianza que el Estado de derecho les otorga", poniendo sobre el tapete los efectos que para los concursantes traería el cambio en las reglas del juego.

REVISION DE PROYECTOS

Ayer, la ministra de Salud, Helia Molina, se reunió con el contralor general, Ramiro Mendoza, para conocer el estado de los proyectos, oportunidad en la que moderó sus dichos respecto del día anterior. 

"Está revisándolos el contralor y nosotros, a la vez, estamos haciendo un análisis de todo lo que son las bases de licitación y los proyectos arquitectónicos y técnicos junto con una comisión del Ministerio de Obras Públicas, que es quien podría hacer objeciones a los proyectos y, a lo mejor, cambiar el destino de ellos", explicó Molina.

La secretaria de Estado añadió que ha llamado la atención de la nueva cartera la agilidad de los procesos. "Me surgen algunas dudas. Las bases de licitación se revisaron en cinco días y son bases que requieren un análisis bien complejo. Por eso estamos haciendo este análisis", dijo.

Consultada respecto de la factibilidad económica de que el Estado asuma los costos de desarrollar estas obras, fuera del modelo de concesiones, Molina sostuvo que hay disponibles US$ 5 mil millones para la ejecución de 20 nuevos hospitales en el programa de gobierno, pero que finalmente el destino y la forma en que se ejecutará cada uno dependerán de la revisión en curso. La idea es detectar, en ese plazo, si existe alguna observación técnica que dé espacio a cambios en alguno de los diseños o contratos.

"Yo tengo una mirada más bien política y técnica y, por lo que he visto, preferiría que los construyera el Estado, pero no voy a hacer cosas ilegales para satisfacer la impresión que tengo. Vamos a hacer lo que corresponde, que es revisar los proyectos a fondo, pero nada que vaya contra la legalidad vigente", explicó la ministra.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, afirmó que el análisis de la pertinencia de los proyectos llevó a retirar las bases de licitación de los recintos de Linares, Curicó y Chillán.

"Los retiramos porque habían sido levantados poco antes de que se acabara el gobierno anterior. Eso no significa que no se hagan, significa que se van a hacer con un modelo de financiamiento distinto", sostuvo, añadiendo que "este es un Estado serio, y aquellas cosas que se han hecho bien siguen su camino, aun cuando puedan no gustarnos. Por lo tanto, la Contraloría nos dejará esa revisión".