No los abandonemos

Esta columna fue escrita junto a James Hamilton

La visita papal marcó un comienzo de 2018 desde las voces de una sociedad civil que expresó su indignación ante abusos sexuales masivos de niños y jóvenes perpetrados y encubiertos por la iglesia católica. La demanda por verdad, justicia y reparación ya no provenía sólo de víctimas y sobrevivientes, sino también de miles de familias, ciudadanos de distintas edades, y también de sacerdotes y religiosas no agresores. El abuso sexual infantil es transversal y del mismo modo necesita ser enfrentado por todos, juntos.

Finalizando el año, la invocación colectiva fue nuevamente categórica: el Estado de Chile debía concretar oportunamente la expulsión del sacerdote legionario y agresor sexual John Reilly. El cumplimiento de esa medida durante diciembre, lo leemos como un respaldo a las víctimas de abuso sexual infantil y como un acto de autocuidado social que debe sostenerse firme en el tiempo.

¿Cuántas generaciones de víctimas han llegado a adultas sin acceso a justicia ni reparación de los estragos psicológicos y fisiológicos del trauma?

Si como sociedad hasta aquí no hemos podido erradicar este flagelo, entonces nadie debería sufrir, además, la crueldad e impunidad de un tiempo cancelado. Esto es lo que está cambiando, de forma radical e irreversible en Chile, y dos hitos históricos del 2018 lo demuestran: el primero, la decisión del Presidente de la República de conferir suma urgencia al proyecto de ley por la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, y luego la votación unánime del Senado para aprobar la ley en lo general. Como en otros países, la resonancia reparatoria que tienen estos actos republicanos -y su respaldo político transversal-, se dejó sentir en muchos sobrevivientes que valoramos estos pasos, aun cuando la espera por pleno derecho a justicia todavía sea larga. Tan larga.

La sola trayectoria de la ley #derechoaltiempo ha consumido una década durante la cual los abusos sexuales -50 niños, niñas y adolescentes cada día- han continuado. Diez años en los cuales distintos gobiernos pudieron valerse de evidencias científicas disponibles hace mucho, para evitar más sufrimientos, y para legislar no sólo la imprescriptibilidad, sino muchas otras iniciativas urgentes relacionadas con el bienestar, salud, educación y cuidado de la niñez que crece en Chile.

Desde fines de los noventa sabemos de los estudios de la reputada CDC sobre infancias adversas (adverse childhood experiences, ACE) y estrés tóxico; sobre el impacto del trauma en el desarrollo cerebral temprano y en deterioros de salud a lo largo de la vida, junto a otros daños de las víctimas que son potencialmente transmisibles hasta una tercera generación. Sabemos también del impacto social del abuso sexual infantil en tasas de violencia, adicciones, enfermedades crónicas, conductas autolesivas, embarazo adolescente, suicidalidad infantojuvenil, junto a la carga sobrehumana y los costos materiales (millones de dólares) que el abuso significa para víctimas y el estado, transformándolo en una prioridad de salud pública –se trata de una pandemia- en muchos países desarrollados.

Hemos compartido muchísima información durante el trámite de Derecho al Tiempo que, junto a Entrevistas Videograbadas y otras leyes, ha demostrado que, al legislar, un enfoque moderno y multidisciplinario es indispensable, y el único razonable y apegado a la dignidad humana. Recientemente, el tratamiento de los delitos sexuales en el anteproyecto de código penal –rebajar penas, consentimiento a los 12 años, factor de "resistencia" de víctimas frente a agresiones sexuales- ha sido una prueba del fracaso y retroceso que arriesgamos cuando se ignora el conocimiento científico y la evidencia.

El año legislativo 2018 ya termina, y Derecho al Tiempo pronto se votará en sus indicaciones que aspiran a dar respuesta a víctimas que se vieron impedidas de denunciar debido a la prescripción, vulnerando su derecho a un proceso cuyo principal fin es el de reparación. Es por este derecho constitucional de acceso a salud y justicia, que apelamos a al Presidente de la república y nuestros parlamentarios, para concluir el trámite de la ley con determinación y desde una mirada que se identifique de manera solidaria con la de aquellas víctimas a quienes, desde la niñez, se les suspendió el tiempo en el dolor y el estupor.

En Australia, el informe de la comisión que recibió relatos de miles de sobrevivientes –más de 40 mil llamadas, 25 mil mails y cartas, 8 mil sesiones individuales, en 5 años- permitió comprender mejor las secuelas devastadoras del abuso, así como el imperativo de reparación multidisciplinario (psicología, psiquiatría, ginecología, odontología, terapia ocupacional, etc.) y de respeto al tiempo del trauma. Las edades de develación bordeaban los cincuenta años. En Chile, hemos conocido a adultos inclusive mayores –hombres y mujeres de sesenta, ochenta años- que recién están siendo capaces de verbalizar. ¿Vamos a escucharlos?

A veces, sin palabras, niños y niñas piden auxilio desde la voz del cuerpo que se vuelve grito. En Sename, los intentos de suicidio son una realidad que como en todo Chile, va en aumento (en 2020 será un suicidio infantojuvenil cada día). En la mayor soledad, una niña se cuelga con los cordones de sus zapatos. En la mayor desesperación, niños han tragado vidrio molido como en Coronel. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo?

Los abusos están cargados de muerte y muchos niños y niñas no llegarán a vivir para contarlo. Pero a las víctimas que siguen con nosotros, a costa de esfuerzos y resiliencias enormes, no podemos abandonarlas. Necesitamos estar de su lado, y nuestra democracia debe ser inequívoca en esta toma de posición, esta evolución. Que frente al muro que ha existido hasta aquí, se abra la oportunidad de que los sobreviviemtes puedan al menos establecer la verdad a través de nuestro sistema de justicia.

Las leyes modernas necesitan ser muy precisas en su orientación al cuidado, versus la indiferencia y la impunidad. Hace diez años, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y niñas, se veía lejana. Pero al 2018, vemos una ley en trámite que ha contado con el mayor apoyo. En días recientes, la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad internacional de Chile por violación al acceso a la justicia, bajo la figura de la prescripción. Un fallo inapelable e histórico que duele y a la vez nos esperanza: hay transformaciones totalmente posibles.

Los seres humanos vivimos circunstancias o experiencias frente a las cuales no tenemos control alguno. Pero sabemos bien que el abuso sexual infantil no es una tragedia ni un crimen "inevitable". No tenemos que resignarnos ni someternos a su huella negra. Podemos interceder, responder, podemos elegir cambiar nuestra mentalidad, nuestra relación ética con la infancia, nuestra conducta y nuestra historia como sociedad. Con todo este potencial avizoramos la promulgación de Derecho al tiempo. No demoremos más, por favor. No abandonemos más.