Amenaza a la libertad de expresión desde el Senado

En el marco de la reforma constitucional que busca aplazar la fecha de las elecciones de gobernadores, constituyentes, alcaldes y concejales para mayo, durante la discusión en la Comisión de Constitución del Senado se introdujeron una serie de indicaciones respecto de lo que ya había aprobado la Cámara de Diputadas y Diputados, entre ellas una muy polémica -que ya se había rechazado en la Cámara- según la cual se buscaba impedir la participación de candidatos en radioemisoras y en televisión, con excepción de los candidatos o candidatas que presenten servicios en algunos de estos medios.

La indicación fue calificada como “totalitaria” por algunos legisladores, y finalmente fue desestimada por no alcanzar el quorum requerido en sala. Sin embargo, resulta especialmente preocupante que la disposición haya logrado 20 votos a favor -con igual número de votos en contra-, indicando que un alto número de senadores no ha dimensionado el peligro que una normativa como esa representa para la democracia, al vulnerar garantías expresas consagradas en la Constitución.

Si bien esta disposición debe ser situada en el marco de aquellas normas de la reforma que buscan suspender la campaña electoral -para lo cual se busca impedir el avisaje en todo tipo de soportes, como también el despliegue de propaganda en la vía pública-, una prohibición como la que se pretendía introducir resulta un despropósito, sobrepasando por completo el alcance de lo que se busca conseguir con la reforma. Desde luego, una indicación de esta naturaleza habría transgredido expresamente la garantía constitucional que asegura la libertad de expresión, que para el caso de los medios de comunicación se habría traducido en una intervención directa del Estado en sus líneas editoriales, impidiéndoles recabar las opiniones que estimen pertinentes o pudiendo condicionar las temáticas que se pueden abordar, tal como lo advirtió la Federación de Medios de Comunicación.

En distintos países de la región ha sido posible comprobar cómo distintos gobiernos han ido extendiendo su influencia y cooptación sobre los medios de comunicación, para lo cual se han valido de distintos artilugios. La norma que se pretendía aprobar, aunque puede aparentar ser menos gravosa que lo visto en otros países, habría sentado un grave precedente para justificar futuras intervenciones sobre los medios, siempre bajo el pretexto de un supuesto interés público. Lamentablemente, el solo hecho que se haya propuesto una indicación de esta naturaleza ya supone haber dado un paso en una dirección muy dañina.

De acuerdo con lo señalado por algunos senadores, uno de los aspectos que se buscaba impedir con esta norma era la posibilidad de que algunos canales de televisión -controlados por grupos económicos- pudieran hacer una suerte de propaganda electoral encubierta, invitando a sus programas solo a un grupo de candidatos que les resulten afines. Ha de ser la propia opinión pública la llamada a evaluar si los lineamientos editoriales de un determinado medio son los apropiados o no -lo que se verá reflejado en sus niveles de audiencia-, rol que de ninguna manera puede quedar entregado discrecionalmente al Estado o al criterio de los parlamentarios.

Aun cuando la sensatez logró prevalecer esta vez, cabe lamentar que una indicación como ésta haya logrado encontrar tanto eco en el Senado, que tradicionalmente se ha considerado como una cámara más ponderada. Las amenazas a la libertad de expresión por medio de “leyes mordaza” o amedrentamientos proliferan alrededor del mundo, lo que obliga a una actitud de permanente vigilancia.