Para haber sido elegidos como consejeros constitucionales, los candidatos y los partidos que los promovían hicieron uso de sus habilidades políticas. Como era de esperar, los resultados replicaron prácticamente las mismas votaciones generales de la opción “Rechazo” en el plebiscito anterior a esta elección. Por lo tanto, las banderas de lucha de los ganadores, más que nada, consistieron en abundar en las razones que reafirmaban dicha decisión ciudadana. Fuera de eslóganes o generalidades, no se ofreció un proyecto bien ideado. Probablemente, no era el momento. Pero cuando éste llegó, luego de la instalación del Consejo el 7 de junio pasado, casi la mitad del tiempo fijado para elaborar un proyecto constitucional se ha desperdiciado. El que había elaborado la Comisión Experta quedó en un cajón y no se ha tomado en cuenta el trabajo que realizó, la profundidad de las materias tratadas y el acuerdo que logró alcanzarse por un grupo representativo, no solo en lo político, sino en su versación jurídica y capacidad intelectual. La rara combinación de conocimientos e inteligencia, sentido social con convicciones políticas, aspiración a la unidad antes que imposición de mayorías, fue lo que permitió ese resultado.
Lo que estamos viendo en el trabajo del Consejo actual es notoriamente distinto. En efecto, resalta sin lugar a duda la falta de comprensión de lo que el país aspira como Carta Fundamental, la imposición de una mayoría y la falta de una predisposición a generar un proyecto sólido y unitario. Si se destinan los conocimientos y la inteligencia a servir convicciones políticas, podemos tener por seguro que de allí saldrá una mala Constitución. En el otro extremo, si sucede que la representación minoritaria defiende los mismos postulados que ya fueron rechazados, la participación de estos consejeros será en parte responsable del resultado partisano. Dado que esto es lo que se está viendo hasta ahora, no es difícil predecir que el proyecto final será rechazado. Peor, aunque se continúe con la actual Constitución -que es buena a pesar de todo- la historia recogerá los años que debieron emplearse para cumplir el encargo ciudadano del plebiscito original como el fracaso más profundo de una generación política. Y ahí figurarán los nombres de convencionales y consejeros como agitadores y líderes de lo que no debía hacerse.
Adicionalmente, los consejeros de lado y lado han omitido compartir con los ciudadanos el contenido de sus discusiones de principios e incluso aquellas que aunque jurídicas son relevantes. Al parecer, el aporte que se pueda realizar desde ámbitos organizados o individuales con tanta o incluso mayor capacidad para participar en las grandes materias de interés general, no es considerado o, en el mejor de los casos, el que pudiera haberse hecho es mantenido en reserva. No se trata, a fin de cuentas, de que un sector se imponga sobre otro. Allá ellos. Lo desgraciado es que el país puede no tener la Constitución de los próximos 50 años.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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