Columna de Gabriel Osorio y Cristóbal Osorio: La República no es una red social

El país está indignado -con justa razón- por el vil asesinato de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, quienes perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones en Cañete, donde fueron emboscados, ultimados y calcinados, en un nuevo episodio de violencia ya endémica que afecta la Provincia de Arauco y parte de la región de La Araucanía.

El crimen no es completamente novedoso, salvo tal vez por su inédito nivel de violencia contra policías. Pero, por desgracia, eventos tan escabrosos comienzan a ser demasiado frecuentes en el país, por lo que parece sano que todavía nos consternemos cuando algo así sucede.

Sin embargo, el legítimo sentir ciudadano tiene que estar acompañado -y hasta cierto punto conducido y aplacado- por la labor política del Estado.

Éste tiene la obligación de impedir la impunidad, desplegando toda su capacidad para encontrar y juzgar a los culpables. Solo así reinará una sensación de justicia y de confianza en la restauración del orden.

Pero, además, el Estado debe atacar las causas inmediatas y mediatas de esta violencia, en los más diversos ámbitos, lo que incluye la seguridad, pero donde ésta no puede ser la única consideración. En especial, dado el conflicto social y cultural de la zona, donde hay una crisis no abordada en la relación entre el Estado, las comunidades mapuche y el surgimiento de un crimen organizado que se viste de la anterior dicotomía.

Por esto quienes personifican el Estado -en todos sus poderes- tienen el deber de actuar con una actitud tan templada como determinada, que permita tomar decisiones frías, analíticas y coherentes con objetivos de política pública, aunque parezcan impopulares, en aras de resolver los problemas de fondo y no crear nuevos.

El asunto es que en demasiadas ocasiones los representantes del Estado se suman al coro de indignación irracional, al que los ciudadanos tienen derecho, pero las autoridades nacionales y locales, no.

De tal modo, aparecen en la agenda, ideas de redes sociales, propio de la logorrea virtual, sin ningún matiz o análisis de mérito y seriedad, sugerencias que van desde la extravagancia hasta las derechamente inconstitucionales, como reponer la pena de muerte, proponer amnistías - olvidando el bochorno de los indultos del año 2022 - o aprobar todos los proyectos de ley pendientes en una semana.

Por desgracia, la proximidad con las elecciones no ayuda a bajar los niveles de histrionismo de nuestras autoridades, las que parecen estar más preocupadas de sintonizar con una ciudadanía indignada, que conducirla y llevarla hacia lo que realmente necesita, que es protección y la justicia.

Esto se ha visto magnificado por hábitos políticos cada vez más arraigados. Así, muchas veces las decisiones se toman solo a partir de encuestas semanales, mirando las redes sociales o examinando los matinales, las que son medidas minuto a minuto.

El efecto es la ausencia de un Estado con relato y una desafección de la ciudadanía con la política y las instituciones, así, las medidas que solo responden a lo contingente denotan un nerviosismo y una alteración al orden, que van mostrando que no hay capacidad para prever los fenómenos que se avizoran al futuro.

Por Gabriel Osorio y Cristóbal Osorio, abogados