¿Por qué votan los chilenos hoy? Una frondosa fraseología ha venido llenando el ambiente público para ilustrar lo que es una nueva Constitución: “Un nuevo pacto social”, “una refundación”, “una nueva convivencia”, “la casa de todos”. Todas estas son metáforas, por supuesto. Las metáforas son un tropo, esto es, una palabra o una expresión que se usa en lugar de otra. El griego tropo significaba “vuelta”, lo que es muy apropiado para describir el hecho: la metáfora “da una vuelta” para que una cosa signifique algo distinto de sí misma. No es una mentira, sino una figura. A veces enriquece un significado.
Y a veces no. El lenguaje público y político se viene poblando de metáforas desde hace ya tiempo, y más desde hace un año: “estallido”, “primera línea”, “narrativa de protesta”, “zona cero” y, con especial brillo, el metaforón de la “violencia estructural”. La sociología se alimenta a menudo de metáforas, pero para recoger la complejidad de las cosas, no para oscurecerlas. Ahora último, sin embargo, se ha visto invadida por una metáfora que una y otra vez se abstiene de definir: la “élite”, que parece coincidir con lo que el lenguaje algo más crudo del siglo pasado llamaba “clase dominante”, aunque también parece que es más amplia que aquella. La única metáfora todavía más amplia es su contraria, la de “pueblo”, y es curioso que estas dos figuras hayan hecho retroceder el viejo pudor de la investigación social por las simplificaciones. En otras latitudes, la dicotomía élite-pueblo ha sido el fundamento de los populismos, de izquierda y derecha, cuya operación básica consiste en reducir al mínimo la inteligencia de los fenómenos sociales.
Y entonces, ¿por qué se vota hoy? Cualquiera sea la metáfora que se prefiera, no hay que olvidar que una Constitución es, en lo esencial, un acuerdo jurídico, un marco para generar, cumplir y hacer cumplir la ley, entendiendo que la ley es lo que evita que las gentes se maten o se agredan unas con otras. Una Constitución no obliga a querer a los demás: sólo a que se respeten.
Dicho sin metáforas, el plebiscito de hoy es el resultado de un acuerdo político para salir de una situación de violencia que al mismo tiempo era una situación de quebrantamiento generalizado de la ley. La violencia es lo contrario de la ley. Incluso, los que creen que la violencia es el paso necesario para una ley nueva saben que una vez que cese, esa ley habrá de proscribirla.
La violencia irrumpió en forma desconcertante el 18 de octubre del año pasado y algunos desempolvaron su personal idea de que esto significaba que había que cambiar la Constitución. No existe una correlación demostrada entre ambas cosas. Pero es verdad que la magnitud de la concesión -sobre todo, de la derecha, para la cual la Constitución fue por muchos años la línea roja- representó un indicio respecto de la gravedad que los políticos estaban asignando a la situación. Un sacrificio vestal para conservar el fuego sagrado.
El asunto tiene importancia porque, si alguna parte de los que se sumaron a la protesta de esos días se siente satisfecha o aliviada con el abordaje constitucional, hay otra parte para la cual significará entre cero y nada. Este último segmento simplemente ha dejado de creer en la ley, en cualquier ley, porque nunca creyó o porque ha constatado que cualquier orden termina perjudicándolo.
En este grupo hay una vocación de delito quizás irreparable, y es cierto que suena un poco espurio hacer sicología social con los barristas, los narcos, los pirómanos, los saqueadores y los desquiciados que movilizan la hora de la turbamulta. Pero también es verdad que ninguna sociedad puede renunciar a analizar, lo más fríamente posible, qué ha hecho para generar esos sentimientos cancroides entre su juventud.
Sobre todo, en qué punto del funcionamiento social se ha llegado a producir esa sensación de no importarle a nadie, esa ruptura total de las expectativas que hace unos 13 años el sociólogo Manuel Canales identificaba entre los deciles de ingresos 3 y 6, aquellos que salieron de la pobreza pero no pueden pasar de ahí, que son no-pobres, pero no llegan a ser nada más. Y lo que quizás es peor: que perciben que ni siquiera la educación representa alguna diferencia y que al final lo único que enseña esa educación es a comparar con lo que no se tiene.
Nada de esto lo resuelve una Constitución. Lo que puede mejorar es la expectativa de acceder al poder político para aquellos que creen que pueden hacerse cargo de estas cosas. Y como tampoco esto se puede dar por cierto, el debate constitucional entraña un importante riesgo de decepción y de nuevas esperanzas incumplidas. Por lo menos, es sano advertirlo de antemano.
Y, de nuevo sin metáforas, una Constitución es sobre todo un debate de especialistas, de juristas (¿califican los abogados dentro de la “élite”?) que calculan y programan normas para que el Estado y los ciudadanos las cumplan. Si eso tampoco ocurre, y de nuevo la ley es arrasada en las calles, el debate constitucional pasará a ser una frustración para los que lo han visto como un escape hacia la paz. Es igual de sano saberlo.
De estas y otras cosas más vagas trata el plebiscito de hoy.
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