Los devastadores incendios rurales que está sufriendo el país a la fecha ya han afectado más de 440 mil hectáreas de bosques nativos, plantaciones, pastizales y matorrales; han destruido galpones, industrias y casas; han provocado la muerte de cientos de animales domésticos y silvestres; y, lo peor, han cobrado la vida de 26 personas.
A estas alturas de la catástrofe, ya se escuchan voces que hablan de la necesaria restauración, recuperación y “un nuevo modelo forestal”, propuesta en discusión, que aún debe ser madurada por todos los actores públicos y privados sectoriales. ¿Qué haremos con las superficies quemadas? Hay actores que desearían que los terrenos con plantaciones madereras quemadas no sean reforestados con especies industriales como el pino radiata y los eucaliptus. Comentaremos esta mirada.
Gran parte de los suelos siniestrados fueron degradados por la erosión tras el cultivo no sustentable de cereales en los siglos XVIII y XIX, empeorando las condiciones del suelo a un nivel tal, que dificulta el desarrollo de las especies nativas que había antes o lo hace inviable en un horizonte previsible. Si se quisieran utilizar para fruticultura o agricultura, habría que mejorarlos a costos enormes, y aun así muchos de ellos son de “uso preferentemente forestal”, lo que significa que no son arables y por lo tanto no son utilizables para agricultura. Por lo demás, los frutales y la agricultura son también monocultivos (aunque esto no tiene nada de peyorativo), y su utilización de agua varía desde similar a una plantación industrial, a 40% superior en el caso de los frutales. Los sectores que pudieran recuperarse para especies nativas lo harían a un costo cinco a quince veces superior a la forestación industrial, y no tendrían producción de valor económico privado significativo para sus dueños a lo menos en el doble de plazo, unos 40 años o más. Y lamentablemente las especies nativas también se queman, y mucho: baste recordar los enormes incendios del Amazonas en 2019, que fueron casi totalmente selvas húmedas, y los grandes incendios de bosque nativo provocados en Aysén a principios del S. XX, que afectaron 3 millones de há. para “despejar” áreas para uso ganadero.
Por otra parte, hay 22 mil forestadores medianos y pequeños que viven o reciben ingresos de sus plantaciones. A los que se les quemaron, ¿se verán obligados a forestar con especies nativas a costo propio? Seguramente muy pocos lo harán. ¿El Estado los subsidiará entonces con 6 a 15 mil US$/há para que lo hagan? En ese caso, supongamos que se perdieron 100 mil hectáreas de plantaciones en terrenos recuperables con especies nativas. Considerando que hoy Chile tiene 14,6 millones de hectáreas de bosque nativo (equivalente a la superficie conjunta de Corea del Sur y Taiwán), ¿pagará el Estado en torno a 1000 US$ millones para incrementar la superficie de bosque nativo en 0,7%? Y aunque lo hiciera, ¿de qué vivirían esos forestadores y cómo se abastecerían las Pymes madereras aguas abajo el próximo medio siglo?
El país está en campaña para lograr la carbono-neutralidad el año 2050. Para eso es clave impulsar la construcción en madera, que captura 1 tonelada de CO2 por m3 en el bosque, y evita la emisión de otra ton/m3 al sustituir otros materiales. ¿Tiene lógica disminuir los bosques madereros que producen mucha madera en poca superficie y a bajo costo? Si, como resultado de esto, debemos producir madera más cara o importarla, entonces competirá en desventaja contra otros materiales constructivos y no logrará sustituirlos, lo que es un escenario peor. ¿Habrán calculado ese costo de oportunidad ambiental los promotores de revertir el uso de bosques madereros?
Recordemos que los procesos y políticas forestales que busquen contribuir a la restauración y recuperación deben enmarcarse en el concepto de desarrollo sustentable, el que no sólo tiene su foco en el ámbito medioambiental, sino también en el económico y social. Por otra parte, la década que viene es denominada por la ONU la década de la restauración, y el propósito es restaurar el paisaje (territorios) donde una diversidad de usos del suelo debe convivir para que el paisaje sea más funcional y así mejore el bienestar humano. Esto implica que la discusión de blanco o negro sobre el tema de como forestar, reforestar o restaurar, buscando hacer prevalecer visiones o recetas únicas está obsoleta. Además, cada territorio tiene su realidad particular, y es necesario considerar las necesidades de la gente en cada uno; recordando que muchas de las áreas objeto de intervenciones son privadas y de las cuales muchos dueños requieren de un retorno económico en plazos razonables, además de existir actividades industriales que también dependen de ellas. Entonces deberá ser justamente la gente en el territorio, que vive de lo que crece en sus propiedades, la que debe ser escuchada respecto de lo que necesita en el marco de un programa de restauración.
Enfrentamos la misión de plantar, manejar, regenerar los bosques y recuperar zonas siniestradas en todo el país. Lo anterior requerirá de grandes inversiones, y por ello es muy importante para su viabilidad que exista alguna rentabilidad privada que permita convocar los recursos necesarios, sin cargar todo el costo al Estado, donde dichos recursos deberán competir con otras necesidades sociales críticas como pensiones, salud o educación. Las fuentes más importantes para generar ingresos de los bosques actualmente son la producción de madera y la posibilidad de comercializar certificados de captura de carbono. Necesitamos entonces una mirada realista y sustentable, que no solo seleccione los bosques por sus características físicas o ambientales -aspectos en que se centran la mayoría de los estudios científicos-, sino también considere su factibilidad económica y su contribución social, siendo clave la costo–eficiencia y la ecoeficiencia de las soluciones. Estos aspectos deben ser tomados en cuenta para definir medidas de política efectivas y que no corran la suerte de la Ley 20283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (2008), que no ha mostrado resultados significativos hasta la fecha, básicamente por su esquema irrealmente bajo de incentivos.
Por Fernando Raga, ingeniero Civil Industrial
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