Columna de Gabriel Salvia: ¿Debe Chile señalar las violaciones a los derechos humanos en China?

National People's Congress opening session in Beijing
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La manera más coherente de recordar en Chile los 50 años del golpe militar y de ejercer la Memoria en derechos humanos es denunciando la situación en todos los países del mundo que actualmente viven en dictadura, donde las personas no pueden expresarse y asociarse libremente ni protestar ni participar en la vida política. Y hacerlo sin doble estándar ni autocensura, y porque quienes fueron víctimas deben ayudar a las actuales víctimas de los gobiernos no democráticos que criminalizan el ejercicio de los derechos humanos.

Por eso llaman la atención las críticas recibidas por el presidente Gabriel Boric luego de haber respondido en una entrevista, con el diario The Washington Post, que en su próxima visita oficial a China planteará el tema de los derechos humanos en el gigante asiático: “Lo que podemos exigir a todos es el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Esto se aplica a todos los países del mundo, incluida China”.

Habiendo vivido Chile una dictadura caracterizada por el autoritarismo político y la apertura económica, y recibido en esos años de plomo importantes muestras de solidaridad internacional, lo realmente llamativo es que por primera vez un presidente progresista chileno se pronuncie sobre la situación de derechos humanos en la mayor dictadura del mundo, a la cual varios académicos califican como fascista.

Que China es una dictadura y sus víctimas se cuentan en millones está más que documentado, y con su narrativa contra la democracia y su influencia económica global el régimen del Partido Comunista chino es la mayor amenaza al ideal universal de los derechos humanos.

Por lo tanto, quienes en Chile cuestionan a Boric con argumentos de pragmatismo político deberían leer, para empezar, los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y preguntarse por qué los mismos pueden aplicarse a su propio país, pero no a las personas que nacieron y viven en China. ¿Cómo pueden sectores progresistas de Chile adoptar esta actitud tan poco solidaria y ciertamente discriminatoria?

Por otra parte, Chile puede exportar a todo el mundo y recibir inversiones transparentes de distintos orígenes, pero temer a represalias de China por poner a los derechos humanos por encima del interés económico, y pretender que sea al revés, es ignorar los motivos posteriores a la segunda guerra mundial que llevaron a la adopción de la Declaración de 1948.

El interés nacional de un país que se considere democrático es la defensa de la dignidad humana, pues de lo contrario no se ha aprendido nada de la historia y representa una afrenta a millones de víctimas de los totalitarismos.

Lo anterior, ciertamente, debería ser una política exterior común en derechos humanos por parte de los países del Conor Sur. Argentina, Chile y Uruguay tienen un pasado en común y podrían liderar desde América Latina el compromiso internacional en la defensa de los derechos humanos, que no se limite a la intervención regional, sino que tenga un alcance global e incluso una coordinación en organismos intergubernamentales.

En el caso de China, cuantos más países denuncien su situación de derechos humanos más se amortiguarán las represalias del gigante asiático, más cambios de apertura política favorecerá y más autoridad moral otorgará para señalar a otras dictaduras.

La dictadura china y quienes la defienden, argumentan en favor del relativismo cultural y político más el pragmatismo económico, negando el carácter universal de los derechos humanos. Sin embargo, fueron el chileno Hernán Santa Cruz, el chino Pen-Chung Chang, el cubano Guy Pérez de Cisneros, el libanés Charles Malik, el canadiense John Humphrey, el francés René Cassin y la norteamericana Eleanor Roosvelt algunos de los casos de redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que, con sus aportes, consagraron las fuentes universales del preámbulo y sus 30 artículos y cuyo 75 aniversario de la adopción en París se cumplirá el próximo 10 de diciembre.

Si el respeto universal por los derechos humanos importa, entonces hay que aplaudir la declaración de Boric de señalar la grave situación en China, invitar a que otros gobernantes democráticos lo sigan, no caer en ese lugar común de la prevalencia de los intereses económicos sobre los principios y debatir propuestas innovadoras para promover un efectivo compromiso internacional en defensa de la dignidad humana.

Gabriel C. Salvia es Director General de CADAL (www.cadal.org), fundación privada y a-partidaria que promueve los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.