Chile es uno de los países líderes en América Latina en el desarrollo del mercado financiero. Esto se visualiza, por una parte, en la fuerte penetración de los productos financieros, así como en la importancia que alcanzan los servicios financieros en el PIB. De acuerdo con cifras reportadas por la autoridad, un 97%-98% de la población adulta cuenta con algún producto financiero y un tercio de ella tiene acceso simultáneo a productos de crédito, ahorro y administración del efectivo. Lo anterior se conoce como “inclusión financiera”. A juzgar por estas cifras, la inclusión financiera en el país es muy alta. En contraste con lo anterior, el nivel de educación financiera es bajo. En los hechos, de acuerdo con una medición realizada en 15 países de la OCDE, en esta materia, Chile se ubicó en la tercera posición con peor rendimiento, solo superando a Perú y Brasil.
Esta dicotomía entre un fácil acceso a los productos financieros y una deficiente educación financiera, lleva a los individuos -sobre todo a los más jóvenes- a correr el riesgo de caer en comportamientos riesgosos, al usar productos que no necesariamente entienden. Por eso, me parece urgente abordar este tema y cerrar la brecha en educación financiera, tal como lo sugiere la OCDE.
Los jóvenes se vuelven usuarios de manera muy temprana de productos financieros. Lamentablemente, su falta de conocimiento puede llevarlos a tomar malas decisiones, con repercusiones en su bienestar presente y con consecuencias significativas que se extienden en el tiempo. Un dato que permite dimensionar de alguna manera lo anterior es que el 18% de los deudores menores de 30 años tiene una carga financiera superior al 50% de su remuneración mensual y su porcentaje de deudas impagas es el mayor entre todos los rangos etarios.
Para tratar de atajar este problema, en 2018 se modificó la Ley General de Educación incluyéndose la obligación de que los colegios implementen al menos un módulo de educación financiera en enseñanza media, lo que pareciera ser un paso necesario, pero no suficiente. Sin una política pública en esta línea y solo con las capacidades instaladas en cada uno de los colegios, esta ley queda sin efecto en muchas instituciones. A eso se suma que se debe dotar de este conocimiento específico a los profesores o docentes, quienes en última instancia tendrán que implementar la educación financiera en las aulas (y que hoy no cuentan con estos conocimientos). La experiencia internacional muestra que, dentro de las medidas para aumentar los niveles de educación financiera en la población, los programas en escuelas han sido una estrategia utilizada por varios países siguiendo las recomendaciones de diversos organismos internacionales. Así, la incorporación de estos conocimientos en el currículum escolar parece ser la manera más eficiente y eficaz de llegar con un contenido clave a una generación completa. En simple, se necesita una política pública para avanzar en esta materia de manera urgente.
Por Gabriela Clivio, economista y académica
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