Columna de Héctor Sánchez: Crisis de las Isapres: Es tiempo de asumir los costos políticos

Es indiscutible que uno de los principales responsables de la crisis del sistema privado de salud son las propias Isapres, seguidas por los gobiernos y el Congreso que, desde 2010, no han logrado consensos para implementar reformas y solucionar y/o eliminar las tablas de riesgo.

De hecho, el reciente fallo pretende resolver la discriminación por edad y sexo cuestionada por el TC y, poner fin a la judicialización de las Isapres. El gobierno y la Superintendencia de Salud (SIS) intentan aplicar el fallo sin considerar que hacerlo tal cual lo entienden, genera un problema mayor que el que pretende resolver debido a su inviabilidad financiera.

Esta crisis no solo afectaría a afiliados del sistema privado, sino también a los de Fonasa, en conjunto más de 8 millones de personas que se atiende en el sector privado. Adicionalmente, se afectaría a los proveedores privados, cortando parcial o totalmente la cadena de pago, perjudicando así a las instituciones y profesionales del sector.

La defensa de esta posición que esgrime la SIS solo se basa en que “el fallo se debe cumplir”. Y aunque esto es correcto, lo erróneo es no tomar en cuenta que su aplicación tal cual lo entienden es inviable cualquiera sea el plazo para pagar.

Es tiempo que reconozcamos que la deuda estimada por la SIS en US$ 1.450 millones no es pagable por el sistema ni en un plazo de 10 ni 20 años, ya que triplica su patrimonio, judicializaría el sistema y generaría incertezas jurídicas, lo que llevará de seguro a una quiebra masiva.

Entonces, ¿cómo cumplir con el fallo y evitar la quiebra? La respuesta no solo es jurídica, es también política, especialmente ahora que está en manos del Senado; hay fórmulas que se han planteado en la comisión de salud del Senado, pero todas tienen costos políticos que nadie quiere asumir.

Sin embargo, como parte de la solución el Congreso podría levantar una reforma acotada a las Isapres en que junto con “eliminar el uso de tablas de riesgo que discriminan por edad y sexo”, aborde los temas que realmente preocupan a la población y sobre los cuales, según estudios que hemos realizado, hay consensos técnico- políticos: garantizar un plan de salud para las Isapres eliminar la selección al ingreso, permitir la libre movilidad entre Isapres, y establecer modelos de atención y compra eficientes.

¿Qué es mejor, exigir un pago hipotético e impagable que nunca llegará a las personas o diseñar una solución viable con pagos razonables y reformas acotadas que beneficie a las personas por muchos años y cumpla los objetivos últimos del fallo, terminar con la discriminación de las tablas de riesgo y con la judicialización que provocan?

El poder político y el gobierno acompañados por una comisión técnica recién nombrada deben tomar esta decisión. No sabemos hasta qué punto el Ejecutivo está disponible para llegar a una solución definitiva y acotada que evite consecuencias sociales y políticas graves. A veces, el realismo obliga a tomar decisiones difíciles, pero no hacerlo conlleva consecuencias aún más costosas de resolver.

Por Héctor Sánchez, director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB