Las indicaciones del gobierno a la ley corta de Isapres no resuelven la crisis provocada por el fallo de la Corte Suprema (CS) y ponen de manifiesto la verdadera postura de no querer resolverla, a pesar de un discurso sostenido por meses de cumplir el fallo, asegurar estabilidad financiera del sistema, evitar la crisis y proteger a los usuarios.
Desde que la CS emitió su fallo sobre las tablas de riesgo hace casi un año, se han presentado demoras en la elaboración de su aplicación e incumplimiento de los plazos indicados en el mismo fallo, lo que llevó a la necesidad de una extensión y al traslado de la responsabilidad desde el Ejecutivo al Congreso por supuesta falta de atribuciones del superintendente.
En una reunión parlamentaria, se informó la evaluación financiera de la Superintendencia respecto de la deuda que generaba el fallo y la estimó en US$ 1.400 millones. Esto trascendió a la opinión pública provocando dos efectos: expectativas en los usuarios y una crisis sectorial debido a la magnitud impagable del monto y una eventual quiebra del sistema.
La Comisión de Salud del Senado anticipó el problema al comprender la magnitud del riesgo para el sistema, lo que después de escuchar a muchos especialistas y actores del sector, creó una comisión de expertos para lograr una propuesta consensuada que determinara la deuda y prevenir una crisis sistémica que pusiera en riesgo a las personas.
La comisión logró consensuar una metodología para calcular la deuda y la estimó en US$ 450 millones, además de proponer plazos para pagarla y reformas a las Isapres para lograr mayor eficiencia administrativa y en el gasto de prestaciones y licencias médicas.
Por su parte, el gobierno mantuvo el silencio y solicitó un nuevo aplazamiento para el cumplimiento del fallo y envió recientemente indicaciones a la ley corta. Sin embargo, estas no han tenido en cuenta las principales propuestas de la comisión de expertos para el cálculo de la deuda, eliminando el principio técnico de la mutualización de riesgos, un aspecto esencial para un cálculo técnicamente correcto. Como resultado, estas indicaciones elevan el valor de la deuda a US$ 1.000 millones, una cifra impagable incluso en un plazo de 10 años, pues casi duplica las ganancias del sistema en ese período.
Además, se otorgan amplios poderes al superintendente y se nombra un consejo asesor “no vinculante” designado por el Ejecutivo, encargado de definir el futuro del sector privado a través de la fijación de precios. También, se crea un plan de libre elección en Fonasa para recibir a los beneficiarios de las Isapres que quiebren en el proceso. En consecuencia, las indicaciones están lejos de resolver la crisis, en su lugar generan incertidumbre y parecen avanzar hacia la estatización del sistema de salud.
Esta decisión invalida las dos propuestas del Senado, la creación del comité de expertos y la comisión de reforma, y pone en riesgo todo el sistema privado y público de prestación de servicios de salud, afectando a millones de chilenos. El gobierno y una parte de la izquierda han evitado resolver la crisis durante un largo período, y ahora se ha vuelto evidente la razón de fondo de esta inacción “estatizar la salud en Chile”.
Este prolongado proceso ya ha tenido un alto costo en términos de empleo a nivel sectorial y solo ha generado más inseguridad entre la ciudadanía. La salud de nuestro país, sobre todo la tercera edad y enfermos en tratamiento, merecen un análisis más profundo y una solución integral que refleje consensos, en lugar de imposiciones ideológicas.
Por Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública UNAB
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