El sociólogo chileno Jorge Larraín es uno de los investigadores que más se ha dedicado a estudiar la identidad chilena. Entre los elementos más llamativos que sostiene nos caracteriza como país, desde la Colonia, es que “no se puede actuar sin vestirse de aparente legalidad”.
Chile demuestra una creencia fuerte en las leyes y en la legalidad (Fernando Atria) como los mecanismos apropiados para conducir los comportamientos sociales y resolver posibles conflictos internos. El mejor ej. de ello lo vivimos poco después del estallido social, en aquel 15 de noviembre 2019, cuando representantes de diversos partidos políticos firmaron el famoso “Acuerdo por la paz y nueva Constitución”. Pese a que los dos procesos constituyentes resultantes fallaron dramáticamente, no puede dejar de ser valorado que gracias a dicho acuerdo la revuelta popular se contuvo. Es decir, los chilenos lo legitimaron como algo legal. No era mero papel.
Pero este mismo respeto idiosincrático por la legalidad ha permitido normalizar mentiras y hasta delitos. Un ejemplo emblemático: en Chile se estafa con boletas. En el caso Penta, la fiscalía incautó 1.000 boletas falsas; en el caso Factop (Sauer & Co.) se imputaron 9.970 facturas falsas y en la llamada Operación Tributaria, que involucra a 55 empresarios del país, cuentan 100 mil facturas falsas -240 mil millones de pesos defraudados al Fisco.
Pero esto no es solo un actuar que compete al mundo empresarial. La mentira legalista la vivimos cotidianamente, incluso, cada uno de nosotros. Por ej., cada vez que ante un procedimiento médico (sea un examen de laboratorio, imágenes o una intervención quirúrgica) firmamos mentiras. Cuando se nos entrega el Consentimiento Informado, poco antes del procedimiento, y firmamos que un/a doctor/a nos ha informado detalladamente sobre el procedimiento, diagnóstico, pronóstico y los riesgos asociados a este -sin que esto haya sucedido.
La mentira legalista está tristemente naturalizada en Chile. Y lo ha estado por décadas. Recordemos: recién en el 2004 dejamos de ser la última nación latinoamericana en legalizar el divorcio -hasta ahí el mecanismo era la nulidad del vínculo, es decir, firmar otra mentira-. Quizás la mentira legalista más flagrante -no sin astucia, hay que reconocer- consiste en la instauración de una figura insólita en nuestro país: la “objeción de consciencia institucional” para rechazar abortos en las tres causales mandatadas por Ley. ¿Cómo es posible todo esto?
Nuestro país históricamente tiene un fuerte sentido del orden y de la ley como su garante. Y esto, sin duda, es un enorme valor nacional para que impere el Estado de Derecho y el orden democrático. No obstante, cada vez que la legalidad es solo aparente -como tantas leyes aprobadas, pero sin presupuestos asociados-, o deviene en mentiras o incluso en delitos, la legalidad pierde no solo legitimidad, sino que corroe peligrosamente la confianza en el ordenamiento social -y la ley se deshace entre rumbas y rumbas de un Chile de papel.
Por Diana Aurenque, filósofa Universidad de Santiago de Chile
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