En un mundo complejo e incierto, donde el pensamiento distópico nos persigue y bombardea con imágenes y mensajes, pensar en la utopía puede ser ingenuo; puede llegar a ser una pérdida de tiempo y energía reflexionar sobre proyectos de ciudades y sociedades más justas, inclusivas y democráticas, o como diría Judith Shklar, insistir en “una felicidad políticamente planificada” es cada día más difícil, sobre todo, imaginar un mejor futuro de manera individual y, por cierto, de manera colectiva.
Pero lo interesante de la propuesta utópica es que nos mueve, nos fija la idea de un horizonte que se va desplazando a medida que avanzamos; un futuro que se expresa a partir de la imaginación de un espacio, de un barrio, de una ciudad, de territorios deseados, donde la comunidad desarrolla en plenitud sus potencialidades; un lugar donde se construyen y actualizan los pactos sociales de convivencia. De ahí la importancia del rescate de la idea de utopía, para que el espacio, el deseo y la imaginación de un mundo mejor se visualice en una imagen de ciudad.
Desde esta perspectiva, la discusión planteada durante el proceso constitucional sobre el derecho a la ciudad fue lo más cercano a la elaboración de una utopía que hemos tenido. Tempranamente, este concepto fue consensuado entre políticos, académicos, profesionales, movimientos sociales y ciudadanía, que con un artículo aprobado por una amplia mayoría en el pleno de la Convención consolidaba la discusión sobre la necesidad de avanzar en materia de construcción, planificación y regulación de ciudades y territorios. Lamentablemente, la propuesta de nueva Constitución no prosperó.
Sin embargo, no debemos perder el horizonte; debemos rescatar la utopía urbana que habíamos consensuado y no retroceder frente a las amenazas de la ciudad del consumo, la segregación social y urbana, la contaminación, la híperdensificación, entre otros problemas, y en su variable más distópica, el deterioro y la ingobernabilidad de los espacios públicos, la inseguridad y el miedo. Vivimos tiempos difíciles en espacios hostiles, pero no hay que olvidar futurizar; pensar en un futuro mejor y situarlo en un espacio, imaginando ese lugar, deseando ese paisaje y anhelando ese territorio.
El derecho a la ciudad nos permite futurizar y espacializar este deseo, este derecho colectivo orientado al bien común; se basa en el ejercicio de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica del suelo; busca que todas las personas puedan habitar, producir, gozar y participar en la construcción de sus hábitats. Este derecho quiere que imaginemos barrios y ciudades integradas, con acceso equitativo a servicios, bienes y espacios públicos; con movilidad segura y sustentable; conectividad y seguridad vial. Ciudades imaginadas que consagren el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, que aseguren una alimentación soberana, adecuada y saludable, respetando el derecho humano al agua y al saneamiento y el acceso a energía asequible y segura.
Hoy, un renovado proceso constituyente en curso nos permite soñar nuevamente con hacer posible esta utopía y consagrar los deberes, las medidas, roles, herramientas y mecanismos de planificación que le corresponden al Estado para no solo visualizar, sino ejercer este derecho que como tal nos corresponde.
Por Isabel Serra, urbanista
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