Columna de Consuelo Contreras: Debido proceso: un derecho humano en riesgo

Javier Salvo/Aton Chile


El debido proceso es un derecho humano consagrado en diversas convenciones internacionales. Fue incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Es un concepto que se ha desarrollado desde la jurisprudencia nacional e internacional y desde la academia de manera extensa.

¿Por qué es tan importante el debido proceso? Porque es uno de los cimientos de nuestro Estado de Derecho, es un mínimo civilizatorio fundante de la democracia, la igualdad y la paz social. Nos asegura que nadie sufrirá por parte del Estado una pena sin una ley previa que establezca las conductas que merecen castigo, y que eso será determinado por un juez o jueza imparcial, que no tiene intereses en al asunto, quien deberá conocer y determinar si los hechos realmente ocurrieron.

Aquí es donde quisiera detenerme. El juez imparcial además de un elemento fundante del derecho al debido proceso es una garantía procesal y, por tanto, si no existe juez imparcial, entonces no puede haber juicio justo.

Los hechos que hemos conocido en las últimas semanas sobre el posible tráfico de influencias en el nombramiento de ministros y ministras de la Corte Suprema afectan, precisamente, este elemento. ¿Cómo podemos asegurar un juez imparcial cuando los candidatos han activado una red de contactos para llegar al puesto que ostentan? ¿Cómo aseguramos un juez imparcial cuando los jueces saben a quién le deben las gestiones para estar en su cargo? Esta no es una preocupación nueva en el país: la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile desde 1990 está abogando por una modificación al sistema de nombramientos del Poder Judicial.

El debido proceso es un derecho humano, y son sus ocho siglos de historia lo que motiva la querella que recientemente fue interpuesta por el INDH y declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Por tratarse de un derecho humano directamente vinculado con la seguridad y la libertad de las personas es que estamos legitimados para hacerlo.

En estos días, al INDH se le ha acusado de ser parte de una operación política contra determinadas personas. Nada más alejado de la realidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos acciona siempre donde se ponen en peligro las garantías fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas: ese es nuestro mandato legal y, por tanto, nuestro deber. Si el debido proceso está amenazado, es nuestra responsabilidad actuar. Lo seguiremos haciendo cada vez que sea necesario, le incomode a quien le incomode.

Por Consuelo Contreras, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos

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