El 4 de septiembre de 2022, con un 62%, se imponía el Rechazo a la propuesta constitucional emanada por primera vez de un órgano participativo, elegido bajo normas especiales, incluyendo paridad, pueblos originarios y una gran cantidad de independientes. Este resultado demoledor no frenó el ímpetu reformista de la élite política nacional, quienes concurrieron nuevamente a conversar con el Presidente de la República para acordar un nuevo proceso constitucional que fuese fiel al resultado del plebiscito de entrada de 2020, cuya mayoría abrumadora (78%) planteó la opción de un cambio constitucional mediante un mecanismo de Convención Constitucional electa directamente por la ciudadanía.
Fue así como comenzaron las tratativas que dieron forma al actual Consejo Constitucional, pero bajo un proceso más cuidado esta vez, con un Comité de Expertos/as y con un órgano elegido en su totalidad, pero de un tamaño más pequeño, que ocupó como base las reglas electorales del Senado (con una fórmula de paridad muy confusa que termina enredando el proceso).
Sin embargo, al subestimar el rendimiento electoral, tanto el PPD junto a la DC y el Partido Radical, así como Chile Vamos, obtuvieron un desempeño electoral pobre, sobre todo el intento de revival de la Concertación, que no fue capaz de mover absolutamente en nada la aguja; mientras que la derecha convencional observó cómo la ultraderecha le arrebató su espacio, resultado que, además, hoy amenaza con repetir el ejemplo del comportamiento que tanto reclamaron contra el primer proceso, esto es, de elaborar una Constitución partisana, conservadora y llena de identidades, como es, por ejemplo, el intento de constitucionalizar el rodeo y la cueca.
Aun así, la élite política leyó bien el escenario de transformación institucional, que comienza al momento en que se firma un itinerario constitucional a través del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. No obstante, falló en que hubo un camino que debió quedar establecido: acordar una agenda de bienestar y de protección social.
Como bolero falaz se atravesó el Covid-19 y el empobrecimiento generalizado de la población. La precarización de la vida y la salud, y los meses de confinamiento, trajeron como resultado una serie de problemas, que van desde el incremento del desempleo, particularmente de las mujeres, a la tragedia educativa, a la cual, paradójicamente, un gobierno que está dirigido por exlíderes estudiantiles aún no le otorga la urgencia que requiere.
Si a lo anterior se le agrega el incremento de los delitos violentos y la sensación de inseguridad, el ánimo reformista no solo se detuvo, sino que llevó a que la ciudadanía se volcara a buscar opciones de resguardo frente a las incertezas.
Probablemente, si esta agenda de bienestar hubiese caminado de la mano de la necesaria reforma al sistema político, el resultado no habría sido tan catastrófico como aquel 4S; por supuesto, sin obviar los múltiples errores cometidos por independientes, que no fueron capaces de entender la responsabilidad que conllevó ese proceso, y que, al parecer, el Partido Republicano tampoco está tomando en consideración.
El resultado de todo esto es que el 17D podríamos tener otro rechazo al proceso constitucional, y con esto cerrar la ventana de oportunidades de transformaciones que otorgó el estallido.
Las preferencias electorales están gritando con fuerza que se requiere, por sobre todo, una agenda de bienestar, y luego de reemplazo constitucional.
Por Javiera Arce-Riffo, cientista política, Universidad Católica del Norte
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