Columna de Manuel Díaz: Participación ciudadana, esta vez en serio

Luego de más de tres meses de discusión por fin se ha logrado un acuerdo constitucional que, si todo sale bien, nos permitirá tener una nueva Carta Magna a fines del próximo año. Al instante salieron críticas al acuerdo, desde que fue “hecho en la cocina” sin consultar a la ciudadanía (obviando que parte del trabajo del político es, justamente, representar a los ciudadanos y llegar a acuerdos) hasta que excluye a las personas y les da un rol preponderante a los expertos. Ambas objeciones comparten un punto en común: la toma de decisiones políticas sería legítima solo si hay participación ciudadana dentro del proceso. Adicionalmente, es importante destacar que quienes sostienen esta crítica suelen igualar la participación a la votación.

Conviene centrarse en los puntos anteriores, ya que uno de los grandes problemas del proceso anterior fue, justamente, la falta y también ineficaz forma de incluir a la ciudadanía luego de la elección de convencionales constituyentes, es decir, dentro del mismo proceso constitucional. Como muestran las encuestas de Espacio Público y Fundación P!ensa, se generó una distancia entre la Convención y la ciudadanía de tal manera que la primera dejó de representar a las personas, suponiendo que en un comienzo sí fue representativa. Además, los mecanismos incluidos en el proceso anterior fueron ineficaces a la hora de evitar ese distanciamiento. Por ejemplo, en las iniciativas populares de norma y en los cabildos (que en su mayoría fueron autoconvocados, lo que de por sí es problemático) la gente participaba, pero sin posibilidad de influenciar a los tomadores de decisiones ni definir activamente lo que se incluiría en el texto plebiscitado. Por lo mismo, estas alternativas no lograron acercar el proceso a la ciudadanía, sino que más bien la alejaron.

Por lo anterior, es necesario buscar mecanismos que permitan a las personas influenciar la toma de decisiones y participar activamente en lo que sería el procedimiento para construir el borrador final. Para ello, una propuesta interesante es la desarrollada en Estados Unidos por los profesores Michael Neblo, Kevin Sterling y David Lazer llamada Connecting to Congress, en la que la deliberación ocurre entre el representante y representados provenientes de su distrito. La selección de participantes es aleatoria y representativa de la sociedad (punto de vital importancia para evitar replicar estereotipos sociales en la discusión) y a cada uno se le entrega una minuta con información técnica neutral, no partidista y basada en evidencia para generar un punto en común que dé espacio a la deliberación.

Como se puede ver, el mecanismo se acercaría a lo que fueron los cabildos, pero con diferencias fundamentales. En primer lugar, supone deliberación vertical entre representantes y representados, a diferencia de los procesos horizontales entre ciudadanos. Como muestra la evidencia empírica, este solo hecho aumenta la participación de las personas. En segundo lugar, el mecanismo incluye cinco principios que poseen indicadores cuantificables (inclusión, justificación informada, promoción de la buena argumentación, legitimidad y escalabilidad), es decir, es posible medir ex post los efectos del mecanismo en las personas. En tercer lugar, la facilitación es neutral e independiente de los partidos políticos, dado que una entidad técnica se encarga de la selección y moderación de la deliberación. En cuarto lugar, al ser una instancia plural con moderadores neutrales se genera un escenario propicio para cumplir el fin de la deliberación: convencer o, en último término, aclarar conflictos. Todo lo anterior permitiría aumentar la participación de las personas, representar la pluralidad de la sociedad y mantener accountability sobre los consejeros constituyentes.

Finalmente, la idea es utilizar la democracia deliberativa como un complemento a los mecanismos representativos y que permiten palear (no así eliminar, como muestra la evidencia) el distanciamiento entre representantes y representados. Pues, si nos tomamos en serio la participación ciudadana, requerimos tener mecanismos que permitan la inclusión de las personas a lo largo del proceso.

Por Manuel Díaz, investigador Fundación P!ensa