La democracia pasó de ser una utopía a una realidad en permanente construcción y disputa, producto de la lucha de siglos por expandir derechos y libertades. Lamentablemente, hoy es evidente que ese recorrido no es lineal ni necesariamente virtuoso. Muy por el contrario, en la actualidad se constata que los regímenes democráticos están en franco retroceso, debilitados, incluso muriendo. El informe 2022 de IDEA Internacional muestra que entre 2016 y 2021, el número de países transitando hacia regímenes autoritarios era casi el doble del de aquellos transitando hacia democracias. En ese período, 27 países experimentaron deterioros en su clasificación democrática, mientras solo 13 mejoraron, incluyendo la involución completa de Myanmar y Túnez, a la par de la erosión en alguno de los atributos democráticos en otros 52 países.
Pero qué está ocurriendo exactamente. Lo cierto es que el debilitamiento democrático ya no es producto de intervenciones violentas, guerras civiles, golpes de Estado militares, tampoco de un evento que ocurra en un día específico. Se trata del deterioro más o menos lento de instituciones, el vaciamiento del contenido de la democracia constitucional, para dejar un simulacro, una cáscara, donde se mantienen elecciones y procedimientos formales desprovistos de su contenido efectivo. Procesos donde se utilizan las reglas del juego para impulsar reformas constitucionales, legislativas, administrativas, o donde se subvierten las normas con decisiones abusivas que no logran ser impedidas.
Si en el pasado la debilidad democrática era un problema en sociedades más pobres, hoy es un fenómeno mundial, que incluye países con altos niveles de ingreso y desarrollo. Se trata de líderes, movimientos o partidos que logran acceder al poder con discursos antipolítica, intentando aniquilar a su oposición. Procesos en Turquía, Polonia, Hungría, varios de los estados en EE.UU., así como en Venezuela y Nicaragua, sirven de ejemplo para entender cómo se materializa el debilitamiento democrático en el siglo XXI. Una vez en el poder, se busca socavar la competencia en igualdad de condiciones, promoviendo cambios a sistemas electorales, rediseñando distritos, atacando la autonomía de órganos electorales, cuestionando los resultados de elecciones. Estos proyectos buscan concentrar el poder en el Ejecutivo, debilitando contrapesos y rendición de cuentas, atacando la independencia judicial, capturando diversas instituciones del Estado. En nombre de la seguridad y la protección de la nación, se restringen derechos y libertades, persiguiendo y denostando a sus opositores. El uso y captura de medios de comunicación y redes sociales, promoviendo campañas de desinformación, han sido un factor esencial para apoyar este camino hacia el autoritarismo enmascarado tras un semblante democrático.
La pregunta que entonces cabe hacerse es: ¿cómo defendernos de esta amenaza autoritaria? En Europa, muchos promueven pactos entre sectores democráticos para aislar a partidos de ultraderecha antiinstitucionales de cualquier alianza electoral o de gobierno. Alemania muestra un camino a seguir: producto de su experiencia con el nazismo cuenta con una cláusula constitucional para controlar grupos políticos que promuevan valores antidemocráticos. Sin embargo, no está claro que ese camino por sí solo pueda servir en otras latitudes cuando un movimiento que busca concentrar el poder logra mayorías electorales aplastantes, o accede al poder con minoría, pero con el suficiente poder para capturar instituciones.
Con todo, es posible pensar en otras medidas que permitan proteger o dilatar el vaciamiento democrático. Ahí la importancia del diseño institucional.
El prestigioso Instituto Brookings de EE.UU. ha elaborado una guía para prevenir y revertir los retrocesos democráticos con recomendaciones para actores internos e internacionales. IDEA Internacional prepara otro centrado en discusiones constitucionales. Se trata de fortalecer el contrapeso de poderes al interior del Estado, en particular respecto del Poder Judicial y órganos electorales, impedir la facilidad del Ejecutivo para modificar reglas electorales, derechos, o el diseño institucional, entre otras áreas democráticas esenciales. Existe evidencia que muestra que mientras más concentrado el poder en un solo nivel de gobierno, una autoridad, una institución, más vulnerable será el sistema a la amenaza autoritaria.
Si bien este tipo de normas constitucionales y diseño institucional pueden servir como diques de contención, por sí solos no resuelven las razones de fondo que han llevado a distintas sociedades a apoyar electoralmente proyectos que amenazan la sobrevivencia de la democracia. Si los partidos tradicionales, los gobiernos y los Estados no logran atender las necesidades concretas de sus sociedades y no construyen un frente común entre demócratas de todo el espectro político para enfrentar el autoritarismo, el llamado antipolítica seguirá creciendo. Para sobrevivir, la democracia debe ser eficaz, pero, además, necesita con urgencia ser protegida.
Por Marcela Ríos, académica visitante Universidad de Oxford
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