En los últimos meses se han dado a conocer diversos informes que apuntan a un alza en las denuncias respecto a actos de connotación sexual. Entre ellos, un reporte de Fundación Amparo y Justicia que destaca un hecho preocupante: durante el año 2022 se registró el mayor número histórico de ingresos de estos delitos al Ministerio Público, alcanzando cerca de 55.000, de los cuales casi 40.000 afectaron a niñas, niños o adolescentes.
La tendencia al alza no es nueva. Las cifras nacionales de la Fiscalía de Chile han mostrado un aumento sostenido en el tiempo de nuevos casos de violencia sexual, el que solo se vio detenido el año 2020, muy probablemente debido a la pandemia del COVID-19. A este respecto, diversos estudios nacionales e internacionales sobre victimización sexual han indicado que la gran mayoría de los delitos sexuales no son develados por parte de las víctimas y menos aún conocidos por el sistema de justicia penal. Lo anterior constituye un grave problema, dado que la falta de denuncia permite que estas graves vulneraciones permanezcan circunscritas a la esfera del secreto y lo privado, permitiendo la reiteración de las conductas abusivas y poniendo en riesgo a otras niñas, niños o adolescentes.
Teniendo en consideración lo anterior, el aumento reportado en los ingresos no debe ser entendido, necesariamente, como un alza en la comisión de delitos, sino que podría explicarse por una mayor disposición a la denuncia. Casos de conmoción pública, manifestaciones sociales y cambios normativos, entre otros factores, pueden ser variables contextuales que han traído aparejada una mayor visibilización de la violencia sexual y un mayor reporte a la justicia.
De esta forma, el aumento en los ingresos constituye una oportunidad para que el Estado conozca estos hechos, adopte oportunamente las medidas de protección necesarias para las víctimas, y logre una adecuada resolución de estas causas. Para esto, es necesario que todas las instituciones del sistema penal cuenten con las condiciones necesarias para responder a este tipo de criminalidad.
En este sentido, es necesario hacer presente que todas las leyes que han sido publicadas en los últimos años en esta materia, entre otras, imprescriptibilidad, acoso sexual, explotación sexual y la denominada Ley Antonia, no consideraron recursos financieros o humanos adicionales para las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial o los servicios de representación de víctimas. De esta forma, el sistema de justicia penal debe hacer frente a más del doble de los ingresos que se tuvieron considerados en su diseño institucional original.
Un punto crítico en esta materia es la implementación de la Ley n° 21.057 sobre entrevistas videograbadas para niñas, niños o adolescentes víctimas de delitos graves. La normativa creó diversos roles nuevos (entre ellos, personas evaluadoras de las condiciones de las víctimas, entrevistadoras/es e intermediarias/os judiciales), entregados a las mismas personas operadoras del sistema. Muy preocupante es que el número de personas y salas necesarias para su operatividad tuvo a la vista los datos de 2019, que correspondían a solo 26.000 ingresos anuales.
Se espera que, en las próximas discusiones legislativas sobre un fortalecimiento a la dotación del Ministerio Público, se tenga presente la necesidad de dar una respuesta eficiente y adecuada a todas las víctimas de violencia sexual, en especial, aquellas que han sufrido estos delitos en su infancia o adolescencia.
Por Maurizio Sovino, Director de la unidad especializada en delitos sexuales y de explotación sexual de la Fiscalía Nacional.
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